Un mundo ideal

Tiene razón -¿qué duda cabe?- la Corte Suprema cuando afirma que el corralito «aniquila el derecho a la propiedad privada garantizado en la Constitución», pero el que según la lógica jurídica tanto los bancos como el gobierno deberían eliminar en seguida la medida más odiada de los tiempos últimos, no serviría de consuelo si el resultado fuera el colapso inmediato de algunas instituciones y el abandono del país por parte de las más fuertes, lo cual reduciría sustancialmente la posibilidad de que un día los depositantes puedan reencontrarse con su dinero. Aunque sería de suponer que algunas instituciones estarían en condiciones de permitirles a los ahorristas retirar todos los dólares y pesos cautivos, otras, sobre todo las locales, no podrán hacerlo por haber cometido el error garrafal de prestar sumas excesivas al gobierno nacional y a las provinciales. Así las cosas, si lo que quiere la Corte es asegurar que el derecho a la propiedad privada sea no meramente reivindicado en teoría sino que también sea respetado en la práctica, lo cual a juicio de la mayoría dista de ser un detalle menor, tendría que ordenar al Estado a olvidarse de los default que viene anunciando para honrar sus obligaciones con los bancos.

Desafortunadamente para los ministros de la Corte, a esta altura pocos tomarán su fallo contra el corralito por evidencia de su voluntad inquebrantable de defender el derecho básico del ciudadano de disponer de lo que, con la excepción de ciertos ideólogos populistas que insisten en que la convertibilidad era «una ficción» y que por lo tanto los dólares depositados son ficticios también, nadie negaría es su propiedad. Desde hace dos meses la Corte es blanco de cacerolazos y otras protestas destinadas a intimidarla, de suerte que muchos atribuirán su decisión ya al miedo personal, ya al deseo un tanto tardío de congraciarse con «la gente» firmando una resolución popular sin preocuparse en absoluto por las eventuales consecuencias concretas. Además, nadie ignora que ha demorado su aporte a la solución de la gravísima crisis nacional hasta un momento en el que el gobierno daba a entender que ya estaba en vías de flexibilizar el corralito. En otras palabras, esta intervención imprevista parece demasiado oportunista como para convencer a los muchos que piensan que la Corte Suprema actual es tan indigna que sus miembros merecen enfrentar un juicio político.

A pesar de que a partir de fines de noviembre las manifestaciones contrarias a la Corte Suprema se han visto impulsadas por el corralito, el desprestigio del organismo se debe menos a su resistencia a emitir una opinión sobre aquella medida desesperada, que a su forma de actuar desde su formación por el ex presidente Carlos Menem. Conforme a sus muchos críticos, siempre se ha comportado como la rama judicial del oficialismo, aprovechando su poder para defender los intereses de sus padrinos políticos y de este modo perjudicando a los demás. También han podido señalar los críticos que en las escasas ocasiones en que la Corte Suprema ha hecho gala de su independencia, lo ha hecho por estar en juego sus propios intereses materiales, no porque haya estado dispuesta a subordinar todo a la Justicia.

El fallo que declara inconstitucional el «corralito» merecería aplauso si fuera evidente que se inspiraba en la voluntad de proteger al ciudadano común contra los atropellos de políticos y banqueros poderosos, pero puesto que pocos creerían que los ministros de la Corte serían capaces de pensar de aquel modo, se parece más que nada a un manotón de ahogado ensayado por personas que no se han dado el trabajo de preocuparse por lo que podría suceder en el caso de que surtiera efecto. Claro, no serían los únicos que frente a un dilema muy difícil hayan procurado soslayarlo proclamando que nada los haría anteponer la realidad vulgar a un principio elevado: por el contrario el derrumbe de la economía nacional es el fruto de los errores cometidos por generaciones de políticos que, lo mismo que los integrantes de la Corte Suprema, se las han ingeniado para justificar las torpezas más tremendas, atribuyéndolas a su negativa heroica a permitir que «el pueblo» resulte perjudicado por algo tan abstracto como un déficit fiscal o la necesidad urgente de reformar una repartición estatal.