Un revés para Moreno
Si bien el gobierno kirchnerista no censura directamente al periodismo, ya que prefiere aplicarle presiones económicas con el propósito de domesticarlo, esto no quiere decir que sea reacio a impedir la difusión de información económica que por motivos políticos le parece inconveniente. Para silenciar a las consultoras privadas que procuraban medir la tasa de inflación real, puesto que el Indec se había visto convertido en una mera usina propagandística que inventaba índices claramente fraudulentos, al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se le ocurrió castigarlas con multas draconianas, de medio millón de pesos. Aunque a Moreno le hubiera gustado tratar del mismo modo a los legisladores que se encargaron de difundir los índices no oficiales que, a juicio hasta de los sindicalistas más “leales” a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, eran decididamente más verosímiles que los del Indec, no pudo hacerlo por razones constitucionales evidentes. De todos modos, por fin la Justicia ha optado por intervenir en este asunto tan aberrante al fallar cuatro salas de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, un tribunal que según sus críticos había sido propenso a convalidar las iniciativas kirchneristas, en contra de la censura previa de la que las consultoras han sido las víctimas principales. Para justificar las medidas destinadas a arruinar a una docena de consultoras, Moreno había recurrido a la ley de Lealtad Comercial, acusándolas de difundir información inexacta puesto que era distinta de la única verdad oficial, pero en opinión de los camaristas tratar de medir la evolución del costo de vida no tiene nada que ver con los temas relacionados con dicha ley. Por lo demás, de tomarse en serio la interpretación hecha por Moreno, él mismo y los funcionarios actualmente a cargo del Indec podrían verse procesados por haber difundido “inexactitudes” Aunque la maniobra de Moreno ocasionó muchos problemas a consultoras presuntamente disidentes y, en algunos casos, hasta “ortodoxas”, característica ésta que los kirchneristas consideran antipopular, su incidencia en la vida real fue nula. Además de los legisladores de la oposición, ciertos gobiernos provinciales continuaban confeccionando sus propios índices inflacionarios que, es innecesario decirlo, divergieron tanto del producido por el Indec como lo ha hecho el dólar blue del verde gubernamental. Por lo demás, los consumidores, que siempre prestan más atención a los precios que tienen que pagar que a las estadísticas, oficiales o no, entendían muy bien que los números fabricados por el Indec no guardaban relación alguna con lo que sucedía en los supermercados y almacenes. Tampoco se dejaron engañar los gobiernos extranjeros, entidades como el Fondo Monetario Internacional y la revista especializada más prestigiosa del mundo, “The Economist”, que no tardaron en manifestar su perplejidad ante la excentricidad de los kirchneristas que según parece no se habían dado cuenta de que la Argentina no es un país totalitario como fue la Unión Soviética y sigue siendo Corea del Norte sino uno relativamente libre. La manipulación rutinaria de las estadísticas por parte del gobierno a fin de adecuarlas al “relato” de Cristina ha tenido consecuencias muy negativas. Entre otras cosas, ha dificultado el manejo de la economía porque, según informan los enterados de tales detalles, la presidenta, que siempre tiene la palabra final, suele subordinar la realidad a sus propias ilusiones y sus colaboradores se creen obligados a decirle lo que le gustaría oír; antes de alcanzar su eminencia actual, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, era un crítico severo de la intervención del Indec, pero parecería que, por motivos acaso comprensibles, ha cambiado de opinión. Es que, privados de información confiable o constreñidos a fingir creer en lo que saben es falso, los personajes a cargo de la economía nacional sólo pueden mantener cruzados los dedos y rezar para que los ingresos proporcionados por la soja resulten suficientes como para permitirles seguir improvisando por algunos meses más. No sorprende, pues, que el país parezca estar por experimentar una crisis económica comparable con tantas otras que estallaron cuando un ciclo político se acercaba inexorablemente a su fin.
Si bien el gobierno kirchnerista no censura directamente al periodismo, ya que prefiere aplicarle presiones económicas con el propósito de domesticarlo, esto no quiere decir que sea reacio a impedir la difusión de información económica que por motivos políticos le parece inconveniente. Para silenciar a las consultoras privadas que procuraban medir la tasa de inflación real, puesto que el Indec se había visto convertido en una mera usina propagandística que inventaba índices claramente fraudulentos, al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se le ocurrió castigarlas con multas draconianas, de medio millón de pesos. Aunque a Moreno le hubiera gustado tratar del mismo modo a los legisladores que se encargaron de difundir los índices no oficiales que, a juicio hasta de los sindicalistas más “leales” a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, eran decididamente más verosímiles que los del Indec, no pudo hacerlo por razones constitucionales evidentes. De todos modos, por fin la Justicia ha optado por intervenir en este asunto tan aberrante al fallar cuatro salas de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, un tribunal que según sus críticos había sido propenso a convalidar las iniciativas kirchneristas, en contra de la censura previa de la que las consultoras han sido las víctimas principales. Para justificar las medidas destinadas a arruinar a una docena de consultoras, Moreno había recurrido a la ley de Lealtad Comercial, acusándolas de difundir información inexacta puesto que era distinta de la única verdad oficial, pero en opinión de los camaristas tratar de medir la evolución del costo de vida no tiene nada que ver con los temas relacionados con dicha ley. Por lo demás, de tomarse en serio la interpretación hecha por Moreno, él mismo y los funcionarios actualmente a cargo del Indec podrían verse procesados por haber difundido “inexactitudes” Aunque la maniobra de Moreno ocasionó muchos problemas a consultoras presuntamente disidentes y, en algunos casos, hasta “ortodoxas”, característica ésta que los kirchneristas consideran antipopular, su incidencia en la vida real fue nula. Además de los legisladores de la oposición, ciertos gobiernos provinciales continuaban confeccionando sus propios índices inflacionarios que, es innecesario decirlo, divergieron tanto del producido por el Indec como lo ha hecho el dólar blue del verde gubernamental. Por lo demás, los consumidores, que siempre prestan más atención a los precios que tienen que pagar que a las estadísticas, oficiales o no, entendían muy bien que los números fabricados por el Indec no guardaban relación alguna con lo que sucedía en los supermercados y almacenes. Tampoco se dejaron engañar los gobiernos extranjeros, entidades como el Fondo Monetario Internacional y la revista especializada más prestigiosa del mundo, “The Economist”, que no tardaron en manifestar su perplejidad ante la excentricidad de los kirchneristas que según parece no se habían dado cuenta de que la Argentina no es un país totalitario como fue la Unión Soviética y sigue siendo Corea del Norte sino uno relativamente libre. La manipulación rutinaria de las estadísticas por parte del gobierno a fin de adecuarlas al “relato” de Cristina ha tenido consecuencias muy negativas. Entre otras cosas, ha dificultado el manejo de la economía porque, según informan los enterados de tales detalles, la presidenta, que siempre tiene la palabra final, suele subordinar la realidad a sus propias ilusiones y sus colaboradores se creen obligados a decirle lo que le gustaría oír; antes de alcanzar su eminencia actual, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, era un crítico severo de la intervención del Indec, pero parecería que, por motivos acaso comprensibles, ha cambiado de opinión. Es que, privados de información confiable o constreñidos a fingir creer en lo que saben es falso, los personajes a cargo de la economía nacional sólo pueden mantener cruzados los dedos y rezar para que los ingresos proporcionados por la soja resulten suficientes como para permitirles seguir improvisando por algunos meses más. No sorprende, pues, que el país parezca estar por experimentar una crisis económica comparable con tantas otras que estallaron cuando un ciclo político se acercaba inexorablemente a su fin.
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