Una buena señal

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Fue esta semana una buena noticia.

La Cámara del Crimen de Viedma confirmó los procesamientos que pesan sobre el ex presidente de Lotería de Río Negro, Miguel Irigoyen; contra el empresario que capitalizó durante años las ganancias del juego estatal en la provincia –Carlos «Cacho» Ferrari– y contra el basquetbolista Andrés Santamaría, considerado testaferro y partícipe necesario del cobro de coimas de empresas por parte de funcionarios públicos.

Buena noticia, en principio, porque evidenció que todavía hay expectativas de que las –pocas– causas en las que se investigan casos de corrupción en Río Negro lleguen a condenas.

Es que el daño al Estado ya está hecho: inmensas cantidades de dinero del juego fueron a bolsillos de empresarios incumplidores, que sólo pudieron mantener su exclusividad en la concesión pagando coimas a quienes debían controlarlos y sancionarlos.

Pero sería una pésima señal que semejantes maniobras fueran premiadas con la impunidad. Quienes, aprovechándose del voto popular o de la confianza pública en las instituciones, usaron al Estado en provecho propio y en perjuicio de toda la población, no merecen disfrutar su riqueza mal habida sin más reproche que alguna u otra nota periodística molesta. Pésima señal para los casos de funcionarios actuales cuya conducta sea puesta en cuestión.

Buena noticia, también, porque –en su resolución– la Cámara puso en evidencia que la causa no fue bien trabajada por ninguno de los dos jueces que hasta el momento han tenido a su cargo la instrucción. Y, por ello, ordenó seguir la investigación invocando datos que ya están en el expediente y que, incluso, fueron consignados desde el primer momento por la fiscal Daniela Zágari en el requerimiento de instrucción, formulado hace tres años a partir de la investigación periodística realizada y publicada por «Río Negro». La funcionaria judicial había consignado en su presentación original que, a partir de las evidencias, estimaba posible que los funcionarios que habrían cobrado las coimas eran Irigoyen y Verani.

Tanto el primer juez, Jorge Bustamante –que actualmente ocupa el cargo de camarista penal–, como el segundo, Carlos Reussi, focalizaron la investigación en Irigoyen y en Ferrari, e incluso la derivaron hacia otras personas. Pero nunca citaron a Pablo Verani ni a su hijo Emilio.

Bustamante no sólo había dejado afuera a Verani sino también a Santamaría. Mientras que Reussi tomó la relación entre Irigoyen y Santamaría puesta en evidencia en la compra de Albany Trade como nexo causal para establecer la ruta de la coima, obvió que, si Santamaría era persona de confianza de alguien, lo era de Pablo Verani –a partir de la amistad con su hijo Emilio– y que sólo se vinculó con Irigoyen a partir de la confianza y relación directa que éste mismo tenía con el ex gobernador.

Ahora, la Cámara devolvió la causa al Juzgado pero con instrucciones precisas, que no incorporan nada nuevo sino que «leen» cuestiones que ya estaban en el expediente y que ambos magistrados habían preferido no ver.

La resolución de la Cámara hace mención expresa al ex gobernador, en principio, aludiendo a los planteos del defensor de Irigoyen –César Gutiérrez Elcaras–, que no descartó los pagos ilícitos pero, como parte de la tarea destinada a exculpar a su cliente, sugirió ampliar la investigación a otros funcionarios por encima de él. La Cámara asume que se refiere al entonces gobernador Verani.

Conviene consignar aquí una cuestión accesoria: Miguel Irigoyen, propietario de campos y copropietario de un canal de televisión y de una radio en San Antonio Oeste, está representado en esta causa por un defensor oficial. Es decir, utiliza tiempo y esfuerzos de un servicio gratuito que el Estado solventa y que está destinado a personas sin recursos económicos suficientes como para pagar un abogado defensor particular.

Volviendo al punto, la Cámara consideró probada la participación de Irigoyen en el cobro de coimas por cerca de un millón de pesos, pero no descartó la de otros funcionarios, por lo cual propuso el rastreo de llamadas telefónicas y la investigación del nombre que obra anotado en la carpeta de Albany Trade en el Banco Río y que coincide con el referido por la testigo Farías sobre «un tal Emilio», como quien acudió a la escribanía por papeles de Albany Trade. En el Banco Río consta el nombre del hijo del ex gobernador en la carpeta de Albany Trade, escrito a mano, como un contacto a llamar por cualquier cuestión vinculada con la cuenta en la que Ferrari derivaba el dinero de la coima, invocando un asesoramiento técnico inexistente.

Es un hecho, entonces, que la resolución de la Cámara –más allá de lo que se refiere al caso puntual– debería poner en movimiento los mecanismos destinados a evaluar la conducta de los magistrados que intervinieron en el expediente.

Pero hay una lectura: desde que Pablo Verani asumió como presidente de la Unión Cívica Radical rionegrina, hace algo más de un año y medio, designó a Miguel Irigoyen como tesorero del partido de gobierno. Todo un gesto de protección y respaldo al ex funcionario, que para entonces ya estaba siendo investigado por una presunta coima en ejercicio de su cargo. Y un gesto contra el cual ningún radical de la provincia se ha alzado para objetarlo ni para pedir transparencia ni respeto a la causa judicial en curso.

Y hay una lectura más: en Lotería de Río Negro no está ya Irigoyen, pero sí está en la línea de conducción el yerno de Pablo Verani, lo que replantea el tema de los «cotos» de poder dentro del Estado, que el actual mandatario no ha mostrado deseos de alterar. Y si bien «Cacho» Ferrari no es ya concesionario del juego, se mantienen los contratos con Tecno Acción, la firma presidida por César Luis Ramírez Rojas, de la cual también existen evidencias sobre el pago de coimas y, si no es motivo de reproche penal, es porque los magistrados encargados de la causa no formularon a tiempo actos de persecución legal.