Una denuncia pone en duda la habilitación de una clínica barilochense

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La confrontación empresarial entre el Hospital Privado Regional y el Sanatorio Del Sol llegó hasta el Consejo Provincial de Salud Pública con una denuncia que pone en duda la habilitación del segundo y la seriedad de sus prestaciones médicas.

En un escrito elevado a la IV Zona Sanitaria del CPS el presidente del Hospital Privado, Pedro Mazzoleni, sostuvo que su socio en conflicto comparte el edificio del nosocomio -en 20 de Febrero 598- «sin habilitación de Salud Pública y sin director médico».

Mazzoleni aseguró que «esto pone en serio riesgo a los pacientes que se hacen atender por ese sanatorio y sus profesionales» e hizo responsable a las autoridades sanitarias de «las consecuencias» que pueda generar la situación denunciada.

El titular de Del Sol SA, Miguel González Robinson salió al cruce de su colega acusándolo de intentar «instalar el conflicto entre ambas sociedades en un marco ajeno al legal» y aclaró que el sanatorio opera con la habilitación sanitaria otorgada al edificio.

Robinson contraatacó atribuyendo el origen de la «agrupación» de ambas entidades a «una maniobra urdida por infieles asesores» que le aconsejaron asociarse con el HPR atento a «la crítica situación financiera y económica en que encontraba» esa empresa.

También rechazó la demanda promovida por el HPR para disolver la «agrupación», los acusó de «presionarnos» y enfatizó su intención de continuar antendiendo a sus pacientes, «en forma independiente» en el edificio que » ocupamos con el HPR SA».

Las entidades se asociaron a mediados de 2002 y un año después comenzaron los roces, tanto a nivel empresario como entre el personal, que desembocaron en el pedido de resolución de contrato e intervención judicial formalizado por el HPR.

En esta etapa de la confrontación el Hospital Privado acusa a su socio dejar sin efecto el acuerdo de funcionamiento conjunto y de haber «dividido la atención de los pacientes». En esta situación «ni el director del establecimiento ni el de la sociedad tienen ninguna facultad con relación a los pacientes ni a los médicos», indicó.

En el escrito donde pide «celeridad y diligencia» al CPS, el directivo señaló que la irregularidad denunciada «causa un serio perjuicio a mi empresa» que «es objeto de todos los reclamos por mala praxis de los pacientes que se crean con derecho de hacerlo» independientemente de quien los atienda.