Una deuda de la democracia

Estela Díaz (*)

Los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico

En el servicio doméstico hay más de 1.200.000 mujeres que trabajan, con un altísimo porcentaje de jefas de hogar, que no tienen derecho a vacaciones pagas, al aguinaldo, a enfermarse, a tener hijos, a jubilarse. Casi el 22% de las mujeres ocupadas trabaja en el sector que se ubica entre los de mayores niveles de informalidad y precariedad que el mercado de trabajo ofrece en la actualidad, en un contexto donde la mayoría de estos indicadores han tenido mejoras sustanciales. Según el informe elaborado por el Cemyt sobre la situación del trabajo en casas particulares, los datos permiten reafirmar la estrecha relación entre pobreza, nivel de instrucción y tipo de inserción laboral; el 48% de quienes se desempeñan en el trabajo doméstico tiene la primaria completa, mientras que el 28% no concluyó la secundaria. A su vez, mientras el 38% son jefas de hogar, que se erigen como principal sostén, en otras ocupaciones sólo alcanzan el 29%. El trabajo doméstico es una ocupación frecuente entre las mujeres de bajos recursos que se incorporan como nuevas trabajadoras al mercado laboral. La forma predominante de inserción entre las asalariadas domésticas es a través del no registro, que alcanza la escalofriante cifra del 85%. Una situación contrapuesta se evidencia entre los restantes empleos ocupados por las mujeres en los que la informalidad llega a un 28,4%. Si bien el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso el año pasado constituye un avance en todos los aspectos: licencias, seguridad social, remuneraciones, indemnizaciones, entre otros, consideramos que deberían aún incorporarse algunas propuestas que formulamos en el informe. Es fundamental generar un sistema de inscripción, como podría ser la libreta de trabajo, que facilite la regularización de las trabajadoras, teniendo en cuenta la elevada informalidad; prever una cuota de vacantes en los espacios de cuidado infantil; avanzar en iniciativas de formación y capacitación que contribuyan a generar nuevas formas de prestación de este tipo de servicios; la formación de cooperativas de trabajo o diferentes tipos de asociatividad, para que la prestación deje de ser individual y condicionada incluso por vínculos afectivos; la promoción de la terminalidad educativa como una acción central a ser promovida, así como la formación profesional incluyendo saberes que contribuyan a revisar estereotipos de género, entre otras modificaciones. La necesidad de sancionar una nueva ley que reemplace al decreto 326, promulgado durante la dictadura en 1956, es una de las grandes deudas de la democracia. El combate contra la informalidad y precariedad laboral debe incluir en particular las condiciones de acceso al empleo para las mujeres. La utopía de la igualdad entre varones y mujeres en el mundo laboral sólo es imaginable si se van dando pasos concretos para derribar las barreras no sólo materiales sino también culturales que son base de las condiciones de desigualdad. Este documento de trabajo intenta hacer un aporte en ese sentido, respecto de un sector muy significativo y numeroso en el colectivo más amplio de las mujeres trabajadoras. (*) Coordinadora del Centro de Estudio Mujeres y Trabajo (Cemyt)