Una inédita norma les facilita estudiar a jóvenes especiales

Elimina la evaluación numérica en materias con dificultades. La resolución del CPE fue calificada como un "hito".





SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM).- A raíz de un conflictivo caso surgido aquí, el Consejo Provincial de Educación impuso un régimen de promoción para personas con necesidades educativas especiales, que facilitará la integración en el nivel medio al no exigir calificación numérica hasta en el 40% de las asignaturas.

Los jóvenes especiales tendrán así la posibilidad de continuar su avance en el sistema educativo, con otras expectativas respecto de las currículas pero con la certeza de que se respetará su derecho a la educación.

La disposición normatiza criterios, y reduce la posibilidad de que la permanencia en el sistema de personas con necesidades especiales, esté librada -como sucede en oportunidades- a la buena voluntad de cada una de las instituciones.

Se trata de una resolución sin antecedentes en Neuquén, considerada como un «hito» por las propias autoridades, que puso fin al dilatado reclamo de los padres de una joven sanmartinense cuya continuidad en el colegio secundario se vio amenazada.

La resolución es del 26 de marzo último, pero trascendió ayer merced a la decisión de una de las personas involucradas. María Cáceres de Domínguez hizo pública la determinación del CPE para «multiplicar el acceso a la información para los padres, y evitar que vivan momentos de angustia como los que hemos vivido en nuestra familia (ver recuadro)».

En verdad no se trata de un sólo caso sino de decenas en la provincia. Sólo en San Martín y Junín de los Andes hay diez jóvenes con necesidades educativas especiales que se beneficiarán con la nueva norma de aplicación en el nivel medio, dijo a este diario el director provincial del área, Hugo Herrera.

El funcionario sostuvo que «para nosotros es muy importante este avance, que se enmarca en otras resoluciones del Consejo de Educación y del Nivel Medio», pensadas para facilitar el acceso a la educación o la continuidad de estudios.

En su parte sustancial, la resolución 386/01 votada en forma unánime, establece textualmente: «en los distintos establecimientos educativos del Nivel Medio de la Provincia del Neuquén, a los alumnos con necesidades educativas especiales debidamente certificadas por autoridad profesional competente y en concurrencia con el organismo oficial de atención a las necesidades educativas especiales dependiente de este Consejo Provincial de Educación, no se les exigirá calificación numérica hasta en un máximo del 40 por ciento de las asignaturas del programa en las cuales presenten dificultades de adquisición de aprendizajes; debiendo concurrir a las mismas como alumnos regulares».

Asimismo, dispone que los alumnos con ese régimen de promoción podrán avanzar al curso siguiente y recibirán una certificación del nivel académico alcanzado, mientras que en los certificados analíticos se detallarán las materias en las que no han sido evaluados.

La certificación en tal caso sólo servirá como constancia del paso por la escuela media. Se permitirá a los alumnos en esas condiciones, cursar y/o rendir las asignaturas que no promocionaron para obtener así el título correspondiente.

En sus fundamentos, la resolución 386 se basa en la necesidad de normatizar criterios frente a los requerimientos de padres e instituciones vinculados con la problemática de alumnos con necesidades educativas especiales en el nivel medio.

Señala que en la legislación vigente hasta entonces no estaban previstas alternativas para alumnos que, si bien no logran la aprobación de asignaturas con el nivel de aprendizaje previsto, pueden tener la posibilidad de seguir avanzando en el sistema con otras expectativas. Asimismo, recuerda que la educación «es un derecho de todos y las políticas educativas deben disponer y garantizar su cumplimiento», prodigando oportunidades para que «cada joven encuentre (en la escuela) un lugar de socialización y aprendizaje sistemático…».

Un caso testigo de San Martín aceleró decisiones

SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM).- El 24 de marzo del 2001, María Cáceres de Domínguez envió una carta documento al Consejo Provincial de Educación. Estaba cansada y se lo hacía saber a las autoridades.

Así rezaba el escrito en su encabezado: «Intimo al inmediato cumplimiento de la obligación asumida mediante acta del 5 de diciembre del 2000, por medio de la cual se comprometiera ese Consejo a garantizar la prosecución de los estudios secundarios de mi hija María José Domínguez, mediante un proyecto que sería preparado por la Dirección de Educación Media juntamente con la Dirección General del Atención a las Necesidades Educativas Especiales, que favorecería la integración de mi hija…».

La nota recordaba que «habiendo comenzado las clases, nada de ello se ha cumplido, con el agravante que se le han interrumpido los estudios a mi hija, impidiéndole continuar con el cursado de cuarto año en el CPEM 13» de San Martín de los Andes.

«Todo ello ha derivado en un grave perjuicio moral que afecta a mi hija, caracterizado por un estado de impotencia y de profunda tristeza, del cual les hago desde ya enteramente responsables, tanto en el orden civil como institucional», continuaba la nota.

Según dijo Cáceres, la dirección del colegio exigía el cumplimiento burocrático de aquella acta del 5 de diciembre para permitir la continuidad de los estudios de María José, quien padece un trastorno del aprendizaje conocido como «disfasia». (Ver aparte)

«Mi hija quería estudiar… así de simple», dijo Cáceres, quien se mostró satisfecha de que el CPE haya finalmente asumido una resolución que trascienda un caso en particular.

En efecto, dos días después de recibir la carta documento, el CPE en pleno votó la resolución 386/01, que facilita la integración de personas con necesidades educativas especiales al nivel medio (ver nota central).

Otras 48 horas más tarde (el 28 de marzo), la entonces supervisora de Enseñanza Media Zona Sur, Susana Cayuela de Uez, envió una nota a la dirección del CPEM 13 comunicando que la alumna María José Domínguez, de 19 años, debía ingresar como regular al 4 año, en el marco de la nueva normativa.

Destacable

Algunos párrafos merecen destacarse del documento firmado por Cayuela de Uez:

* (…) la resolución constituye un hito y un avance en nuestra educación provincial, al incorporar a jóvenes con necesidades especiales en un marco legal que les permita avanzar en el sistema educativo, con la contención, comprensión y acompañamiento de sus pares -jóvenes compañeros- y de sus profesores y docentes del establecimiento».

* «Desde el punto de vista humano y pedagógico, esta resolución ya no deja librada a la buena voluntad de las escuelas de nuestra provincia las acciones a desarrollar con alumnos con estas características, y da un paso para que establezcamos en nuestro proyecto educativo de la institución, una de las más preciadas metas: la atención a la diversidad…».

La integración a la escuela común

Sólo el 20 por ciento de los niños que sufren algún tipo de discapacidad en la Argentina están integrados a una escuela común y son atendidos por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud.

A propósito del trastorno de María José, la disfasia es una anomalía en el lenguaje causada por una lesión cerebral.

«Hace diez años la lucha era convencer a los padres de niños con alguna discapacidad que los mandaran a una escuela especial y no los tengan encerrados en una pieza, ahora buscamos que esos mismos niños puedan integrarse a una escuela común», sostiene Manuel Mazza, titular de la Comisión de Discapacidad de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

La inclusión de niños discapacitados a una escuela común «en la Argentina recién comienza y se ubica aproximadamente en un 20 por ciento, pero en países mas avanzados como Canadá el 80 por ciento de los chicos que van a una escuela especial también lo hace a una escuela común», subrayó Mazza.

El médico ubicó a esta problemática como resultado «de la sociedad en que vivimos, que tiende a excluir a las personas que no son «normales», pero el contrasentido se da en que ahora nadie está en contra de la integración del discapacitado aunque hagan acciones que demuestren los contrario». (AR)


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