Una ley impide el retiro de fondos del corralito

BUENOS AIRES- Con el apoyo mayoritario del bloque justicialista y el rechazo de la bancada radical, el Senado dio media sanción esta noche a la denominada «ley tapón» que limita el retiro de depósitos de los bancos hasta que haya una sentencia firme en los recursos de amparo presentados por los ahorristas. La norma, que tiene el respaldo de la Corte Suprema de Justicia, era debatida anoche en Diputados.

La iniciativa, que reemplazó al fallido plan de bonos de Jorge Remes Lenicov, es una medida provisoria para permitir la reapertura de los bancos sin que se produzca una sangría de depósitos que termine en la quiebra total del sistema financiero.

Una vez aprobado el proyecto fue girado inmediatamente a la Cámara de Diputados, donde sería convertido en ley en la sesión que se desarrollaba anoche.

La votación marcó 31 votos por la afirmativa (todo el bloque PJ con excepción de los dos puntanos y los dos santacruceños) y 26 en contra (todos los radicales, los provinciales y el Frepaso).

El texto que llegó finalmente al recinto estuvo basado en una iniciativa que habían consensuado el gobierno y los senadores justicialistas, con modificaciones de último momento en algunos aspectos técnicos.

El radicalismo contribuyó al tratamiento del tema sobre tablas aportando senadores para alcanzar los dos tercios de la conformación de la cámara alta, pero no apoyó el proyecto del oficialismo sino que avaló un proyecto propio, que sólo difería en aspec-tos de procedimientos con la versión del PJ.

Según reconocieron varios legisladores de la UCR, la presentación de un proyecto alternativo «es un primer paso para marcar una diferenciación estratégica del oficialismo, sin dejar de hacer un acompañamiento institucional».

También los provinciales presentaron una propuesta propia, lo cual sumado a la constante actualización de la versión del justicialismo generó una total confusión respecto del texto que estaba siendo sometido a debate.

En el recinto hubo muchos discursos en contra de la norma, tanto desde el justicialismo, como del radicalismo y los partidos provinciales, en general por considerarla una norma «inconstitucional» o por entender que no correspondía limitar los recursos de amparo sino iniciar acciones legales contra los jueces que «se excedieron en sus facultades».

Entre ellos estuvieron las justicialistas puntana Liliana Negre de Alonso y santacruceña Cristina Fernández de Kirchner, los radicales Horacio Usandizaga, Rodolfo Terragno, José Zavalía y Carlos Prades, la frepasista Vilma Ibarra, el liberal correntino Lázaro Chiappe, el renovador salteño Ricardo Gómez Diez, la renovadora sanjuanina Nancy Avelín y la representante del Frente Cívico catamarqueño María Colombo.

La defensa de la iniciativa corrió por cuenta de los justicialistas Guillermo Jenefes, Oscar Lamberto y Sonia Escudero, así como por el jefe del bloque radical, Carlos Maestro.

Jenefes reconoció que la ley «no constituye una solución definitiva al problema de fondo, sino que busca obtener un respiro y ordenar procesalmente los 200.000 recursos de amparo reclamados por los ahorristas».

Lamberto, en su primera intervención como senador desde que abandonó la Secretaría de Hacienda, justificó la medida en «la profunda crisis, ya que si fuéramos un país estable no sería necesaria esta medida».

Después acusó a «sectores de la justicia que están esperando la boda de los bancos, porque hay un estudio jurídico que en nombre de los derechos constitucionales le incautan los fondos a la gente».

Un argumento similar utilizó Maestro, quien recordó que hay «1.900.000 ahorristas comprometidos con este problema y no se puede afectar a todos por 200.000 que tienen posibilidad de presentar un recurso de amparo». (DyN)

La ley que regula el movimiento de dinero

BUENOS AIRES- Tal como quedó el proyecto final de la ley «antigoteo» que regula la extracción de fondos atrapados en el corralito financiero, aprobada anoche en el Senado, tiene los siguientes puntos principales:

– En los procesos judiciales en los que se demanda al Estado, a empresas del sistema financiero o mutuales de ayuda, en razón de la ley 25.561 de emergencia pública fue que votada en enero pasado por el Congreso, sólo será admisible la medida cautelar reglada por el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial.

– En ningún caso las medidas cautelares podrán consistir en la entrega, bajo ningún título, al peticionario de los bienes objeto de la cautela. Esta disposición se aplicará a todas las causas en trámite y alcanzará también a todas las medidas cautelares que se encuentren pendientes de ejecución.

– Quedan exceptuados de esta disposición los casos en los que se comprueben riesgo de vida o de la salud, o cuando se trate de una persona de 75 años o mayor.

– Las medidas cautelares no podrán nunca ser ejecutadas sobre fondos del Banco Central de la República Argentina.

– A los fines del cumplimiento de las medidas cautelares deberá oficiarse al Banco Central, para que informe sobre la existencia y legitimidad de la imposición efectuada ante la entidad financiera, los saldos existentes, el monto y la moneda de depósito pactada originalmente.

– Las medidas cautelares serán apelables con efecto suspensivo ante la Cámara Federal de Apelaciones que sea tribunal de alzada. Este recurso deberá ser presentado dentro de un plazo de cinco días.

– Una vez que se apela el recurso de amparo, el juez de primera instancia debe limitarse a remitir el expediente a la Cámara sin más trámite, con lo cual lo inhabilita a ordenar el retiro de los fondos del banco.

– La ley regirá mientras dure la emergencia pública dispuesta por la ley 25.561 «por encontrarse comprometido el desenvolvimiento de una actividad esencial del Estado». (DyN)

Mañana habría actividad parcial en los bancos

BUENOS AIRES- El feriado bancario dispuesto por el Banco Central sería levantado parcialmente mañana viernes, aseveró anoche una fuente de la entidad monetaria que no precisó qué sucedería con el mercado libre de cambios. «Hasta ahora todo sigue igual, es decir que el feriado bancario será levantado el viernes, pero los bancos operarán parcialmente, sin realizar actividades que impliquen la apertura del tesoro», explicó la fuente.

Podrían realizarse transacciones electrónicas por cajeros automáticos e Internet, pagos de servicios y otras cuentas y depósitos por ventanilla.

De todos modos, aclaró la fuente, «la modalidad de apertura y funcionamiento de las entidades financieras recién será definida mañana (por hoy)».

«La actividad se verá restringida por el accionar de los jueces que hacen lugar a los amparos de los ahorristas, ya que hoy la acción de algunos oficiales de justicia dificultó el pago a jubilados». Ejemplificó señalando que «hoy la Anses tuvo que derivar el pago de beneficiarios del barrio de Congreso a Flores, dado el acecho judicial. Por el mismo motivo -dijo el vocero del Banco Central- el Banco de la Nación se vio imposibilitado de movilizar toda su flota de transporte de caudales».

«Hay unos quince jueces que concentran toda la actividad «amparista» y están creando todas estas dificultades al normal funcionamiento bancario», enfatizó la fuente.

Ayer, en la city porteña los mercados permanecieron inactivos a la espera de definiciones políticas y económicas que, según los operadores, «deberían conocerse de manera urgente». En un contexto complejo e inestable, como lo definen los hombres de negocios, la falta de efectivo mantuvo paralizado los negocios en todos los rincones de la «city».

El dólar en el mercado informal no tuvo precio y los arbolitos prefirieron mantenerse al margen ante la expectativa de una nueva convertibilidad o tipo de cambio fijo. En algunas operaciones aisladas y por montos escasos el billete estadounidense se cotizó hasta 3,50 pesos el tipo vendedor y para la compra 3,30. (Télam/DyN)

Demanda en España

BUENOS AIRES (DyN)- Cien ahorristas argentinos con su dinero cautivo en el «corralito» bancario denunciaron en la Justicia de España al banco Santander Central Hispano (SCH), dueño del banco Río, por la supuesta apropiación de esos ahorros, pudo saber DyN. Esta es la primera demanda judicial que ciudadanos argentinos radican en los tribunales del extranjero por el «corralito» financiero, que fue definido por el diario estadounidense The Washington Post como «el robo del siglo».

La presentación del centenar de ahorristas con sus depósitos en el banco argentino Río de la Plata está dirigida contra el banquero Emilio Botín y los miembros del directorio y consejeros del SCH, dueño de la totalidad de aquella entidad.

El banco Río pertenecía al grupo Perez Companc y fue vendido al SCH durante el gobierno de Carlos Menem. El abogado español Iván Hernández, en representación de los ahorristas argentinos, pudo saber DyN, radicó la demanda el martes en el Decanato de Juzgados de Primera Instancia de Madrid.