Una ley que significa el fusilamiento del teletrabajo

Por Cr. Daniel Darrieux (*)

La posibilidad de aumentar la inclusión laboral, disminuir el desempleo y generar trabajo en blanco ha sufrido un nuevo retroceso en nuestro querido país. El 14 de agosto el gobierno promulgó la Ley 27.555 de Teletrabajo. Fue aprobada tanto con los votos de legisladores oficialistas como también de diputados de Juntos por el Cambio, 29 abstenciones y un voto en contra (también en Diputados).
La convocatoria para escuchar la opinión empresarial, especialmente de las Pymes, fue escasa o nula.
Los efectos de esta ley serán aún más graves en el contexto actual: según datos del Ministerio de Trabajo, de marzo a mayo se perdieron 302.200 empleos privados formales (en relación de dependencia, monotributistas y autónomos).
Consultoras privadas como FIEL y Analytica estiman que este año se perderán entre 800.000 y 1 millón de puestos de trabajo. De allí la necesidad de un esquema que incentive la contratación de personal. La ley de Teletrabajo va en sentido contrario, por los obstáculos que genera.
Algunos de sus puntos más controvertidos:
-El trabajador puede exigir en cualquier momento el regreso al trabajo en el establecimiento del empleador, sin causa. En caso de rechazo, se puede considerar despedido, o bien exigir judicialmente el regreso a la sede presencial (mayor litigiosidad potencial). Un gran desincentivo para que empresas de Buenos Aires contraten personal que viven en las provincias, entre otros problemas.
Un empresario regional me comentaba: “…es un error pretender regular horarios laborales en la modalidad home office… ¿Y si el trabajador recibe un e-mail fuera de horario, va a cobrar horas extras…?“. Y agregó: “…hacen responsable al empleador del cumplimiento de pautas de seguridad e higiene; pero ¿cómo lo controlás en la práctica? Dice la ley que el sindicato lo debe controlar…”

En el inventario de despropósitos hay que sumar lo referido a compensaciones por mayores gastos y la inflexibilidad.
Otro testimonio: uno de los socios de una empresa de tecnología de Buenos Aires que exporta sus servicios y con filial en el exterior, me dijo: “tenemos planeado contratar a 100 personas; con esta ley, a la mitad la contrataremos en el exterior, para disminuir los riesgos de conflictos…”. Para muestra basta un botón, un reflejo del impacto de este engendro legal en quienes generan fuentes de trabajo.
Según una encuesta realizada por la consultora Price Waterhouse & Co de Argentina, el 57% de las empresas relevadas expresó un bajo nivel de satisfacción con la Ley de Teletrabajo.
Julián de Diego, especialista en derecho laboral, escribió en El Cronista: “…solo pensaron en forma paranoica y hasta conspirativa en cuanto a que el home office que generó la cuarentena beneficiaba a las empresas y perjudicaba a los trabajadores”.
Cómo si esto fuera poco, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, declaró que: “hay que encarecer los despidos para proteger el empleo”. Cuando se ponen barreras de salida, se levantan las barreras de entrada al mercado laboral. ¿Es tan difícil de entender?
Las regulaciones que obstruyen la contratación de personal y los acuerdos libres y voluntarios están basadas –en gran medida – en la creencia de la “desigualdad en el poder de contratación”. Según esta concepción, el empleado está en desventaja frente a su empleador, quien cuenta con mayores recursos. La realidad indica que empleadores y empleados se necesitan mutuamente. Quienes conocemos la vida de las empresas sabemos que lo difícil es encontrar personas capacitadas y con ganas de trabajar. La escasez de perfiles adecuados es una restricción para el crecimiento de las organizaciones. De allí, las políticas de retención del capital humano.
Resulta altamente preocupante la incapacidad de la mayor parte de la clase política para aprender de la experiencia. No entienden – o no les interesa entender – que la rigidez laboral, la conflictividad y los altos impuestos al trabajo son la causa del problema. Quienes están sentados en sus cómodas bancas y cobran suculentos sueldos, lo menos que podrían hacer es no complicarles la vida a las personas productivas que arriesgan, crean empleos y generan riqueza. Hicieron todo lo contrario, complicaron lo que había comenzado a funcionar bien. Las Pymes, principales generadores de empleo, son las más perjudicadas.
En estos días, el ex ministro Roberto Lavagna ha planteado la necesidad de modificar el sistema laboral para generar empleo privado. La propuesta es que el actual esquema conviva con uno nuevo que estimule la creación de empleo. Puede ser un primer paso a evaluar en la dirección correcta.
A esto hay que sumarle la imperiosa necesidad de incrementar la inversión privada, el otro motor para aumentar la contratación de personal.
El desempleo, la pobreza y el trabajo en negro aumentarán aún más como consecuencia del creciente deterioro macroeconómico y la cuarentena. El desafío es: qué haremos de distinto para revertir esta gravísima realidad.

(*) Director de IMPACTO ECONÓMICO.