Una ofensiva sin fin
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dice que el fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial, según el cual dos artículos de la ley de Medios son inconstitucionales, “la dejó sin habla”, inconveniente que no le impidió atribuirlo a la influencia a su juicio nefasta del Grupo Clarín, pero los tres magistrados responsables, Susana Najurieta, Ricardo Guarignoni y Francisco de las Carreras, basaron su decisión precisamente en la voluntad evidente del gobierno de dejar sin habla a quienes no comparten sus puntos de vista. Para que no quedaran dudas al respecto, subrayaron la importancia de fallos de la Corte Internacional de Derechos Humanos que defienden la libertad de expresión, vinculándola con la sustentabilidad de las empresas periodísticas que, claro está, se ve amenazada por restricciones arbitrarias y por medidas destinadas a privarlas de los recursos que necesitan para conservar su independencia. Asimismo, la Cámara distinguió entre las frecuencias de radiodifusión, que por su naturaleza son limitadas y por lo tanto tienen que ser reguladas, y las de sistemas de cables que pueden multiplicarse indefinidamente, razón por la que no se justifican los intentos de regularlas. Pues bien, como la presidenta se ha encargado de recordarnos en muchas ocasiones, el objetivo principal, para no decir el único, de la ley de Medios siempre ha sido perjudicar lo más posible al Grupo Clarín. Lejos de querer posibilitar un mayor grado de pluralismo, quiere ver desmembrado un conglomerado determinado por motivos que son netamente políticos. La campaña en tal sentido comenzó luego de cometer Clarín el crimen imperdonable de permitir que opinaran en sus páginas representantes de partidos opositores y entidades rurales cuando el conflicto con el campo, rompiendo de tal manera el pacto tácito mutuamente provechoso de quien era ya expresidente Néstor Kirchner con el CEO de Clarín, Héctor Magnetto. Como no pudo ser de otra manera, los kirchneristas reaccionaron con el rencor que los caracteriza con el propósito de desquitarse, sin preocuparse en absoluto por las consecuencias que tendría para el resto del país la vendetta furibunda a la que se entregaban. Tan resueltos han estado a castigar al Grupo mediático más poderoso que, para herirlo, no han vacilado en pisotear principios básicos de la convivencia democrática como el supuesto por la libertad de expresión, de ahí el fallo que enmudeció a Cristina, una mandataria que, huelga decirlo, no está acostumbrada a ser desobedecida por los jueces. Lo que empezó como un intento por parte del matrimonio Kirchner y sus partidarios incondicionales de aplastar una organización periodística que los había apoyado, pronto adquiriría las dimensiones de una ofensiva contra el periodismo independiente como tal en nombre de “la democracia”, cuando no de “la militancia” que, conforme a ciertos teóricos kirchneristas, es una modalidad muy superior a la de los periodistas profesionales. Asimismo, al surgir ciertas dificultades legales en el camino, los ideólogos oficiales decidieron que les sería necesario ampliar la ofensiva sometiendo a su voluntad el Poder Judicial también. Desde su punto de vista, se trata de un paso lógico. Para debilitar económicamente a los medios críticos con la esperanza de persuadirlos de que les convendría comprometerse con “el proyecto” de los Kirchner, el gobierno se ha sentido obligado a conculcar derechos fundamentales que por lo menos algunos jueces reivindicarían, de suerte que andando el tiempo entendió que le sería forzoso encontrar la forma de neutralizarlos. Tal y como sucedió en la fase inicial de la campaña contra Clarín y otros medios, a Cristina y los ideólogos orgánicos del oficialismo se les ocurrió enarbolar la bandera de “la democratización”, por lo que quieren decir la subordinación tanto del periodismo como de la Justicia a los resultados de las elecciones de octubre del 2011. Como han descubierto muchos regímenes en el transcurso de la historia, una vez puesto en marcha un proceso autoritario, la voluntad de consolidar lo ya logrado suele ser tan fuerte que parecen necesarias otras medidas aún más contundentes hasta que un gobierno que se cree democrático se haya transformado en una dictadura cabal, destino éste que le aguarda al encabezado por Cristina si no logra rectificarse a tiempo.
