Uruguay comienza a preocupar

América Latina sigue estando claramente dividida. Los principales países del área del Pacífico, Chile, Colombia y Perú; democráticos, reafirman su vocación de acoplarse al mundo. Prueba de ello es que los tres han sido parte del recientemente acordado Acuerdo del Transpacífico. Esto es, de la zona de libre comercio que representa al 40% del PBI mundial al 30% de las exportaciones del mundo, y a un mercado de unos 800 millones de personas, dos veces más que la Unión Europea. Más allá de ese grupo aparecen los países llamados “bolivarianos”, o sea, los autoritarios, ahora en muy mal estado, tanto económico como social, muy particularmente la ya demolida Venezuela y el desconcertado Ecuador, cada vez más comprometidos en su crecimiento. A los que deben sumarse obviamente los “compañeros de ruta” de los “bolivarianos”: Argentina, con su economía al borde del abismo; Brasil, dividido, detenido y cada vez más repleto de fragilidad; y desgraciadamente hasta Uruguay, que está entrando en un peligroso cono de sombra, económico y, mucho peor, también institucional. Hablemos un poco, esta vez, del Uruguay. La nueva gestión del presidente Tabaré Vázquez tiene un nivel de aprobación popular claramente en baja, con una coalición política de izquierda que luce visiblemente agrietada, en torno a la cual aparecen algunas oscuras sombras políticas y hasta feos ruidos puntuales de corrupción. Apenas un 30% de los uruguayos encuestados dice estar satisfecho con lo hecho y con lo que hace su presidente, ahora asediado y hostilizado por el poder sindical que parece dictarle qué hacer y qué no. Como acaba de suceder con el veto a la participación uruguaya en el Trade in Services Agreement, que el canciller Rodolfo Nin Novoa estaba negociando con éxito. Vázquez está además sordamente torpedeado por el expresidente José “Pepe” Mujica, cuya reciente “gestión” de gobierno –está claro– ha sido lamentable. Si las cosas no cambian, la oposición tendrá seguramente una oportunidad de reconquistar el poder dentro de cuatro años. Porque el Frente Amplio está quebrado en varios pedazos. Con enfrentamientos intestinos. En problemas, como nunca hasta ahora. Mientras tanto, los ingresos uruguayos por exportaciones caen como consecuencia de la baja de los precios internacionales de las materias primas y de la desaceleración de la economía china. Y la inflación está pegada a los dos dígitos, en el 9,2%. La bonanza económica de los últimos años está quedando rápidamente atrás. En materia de política internacional, Uruguay, como también ocurre con Venezuela, Ecuador y Bolivia, está dejando totalmente de lado nada menos que al tradicional principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados inmiscuyéndose –sin rubor, ni disimulo alguno– en la campaña electoral argentina, apoyando descaradamente al oficialismo. Otro cambio que no es precisamente para aplaudir. Pero dejo para el final mi principal preocupación, la institucional. Porque es la señal más grave de que evidentemente algo anda mal en la Banda Oriental. El gobierno de Tabaré Vázquez está asediando a su Poder Judicial, tratando de asfixiarlo, de someterlo, para que no sea independiente ni imparcial, sino sumiso. Una reciente denuncia de Javier García, desde las columnas de “El País” de Montevideo, parece llamar a las cosas por su nombre. Habla de “golpe a la República” porque el Presupuesto Nacional no tiene en cuenta al Poder Judicial. Lo congela entonces. Y como dice García, esa “no es una distracción, es una decisión”, lo que es bien distinto. La Suprema Corte de Justicia del Uruguay es todavía independiente. Pero el Frente Amplio está trabajando en un nuevo sistema de designaciones que las dejaría en manos de las organizaciones sociales afines al gobierno. Las financiadas por él, que –a control remoto– actúan como cortinas de humo cuando se procura disimular una realidad grave. Como el kirchnerismo en la Argentina, se trata de evitar que desde la Justicia se limite la impunidad que los gobernantes pretenden para ellos mismos. Adiós a los equilibrios y frenos republicanos. Tabaré Vázquez no recibe a los ministros de su Suprema Corte de Justicia y no les concede las audiencias que le solicitan. Los ignora. Mientras procura afanosamente ahorcar económicamente a la Justicia de su país, “Quiere una justicia –dice García– que, acogotada, ceda y le diga, por ejemplo, que su ley de medios es constitucional, y que con ella pueda someter también a la prensa”. Busca entonces liberarse de un Poder del Estado todavía capaz de limitar su omnipotencia. Esto es grave. Porque de alguna manera parece cierto que el objetivo de Vázquez es “encapuchar” a la Justicia. Pero ocurre que, en democracia, hacer eso no es fácil, porque se nota. Como ha sucedido en la Argentina. Un mal momento para Uruguay queda visto. (*) Exembajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas

Emilio J. Cárdenas (*)