Vigilancia policial y orden de silencio en el hospital

CIPOLLETTI (AC)- Desde ayer es otro el clima que se percibe en el hospital «Pedro Moguillansky» de esta ciudad. Nada que ver con el habitual. En el edificio de Fernández Oro y Sáenz Peña está internada y celosamente resguardada, desde el jueves, la única sobreviviente de la matanza del laboratorio, Ketty Bilbao.

Se reforzó la puerta de acceso a la zona interna, en una casilla de vigilancia hay una persona las 24 horas, que toma nota de todo lo que pasa, y la presencia de la policía es ostensible adentro y también afuera, por el patrullaje constante en el perímetro.

El director del nosocomio, A-quiles Bonari, recibió una orden de la Justicia -por medio de un oficio- prohibiendo a todo el personal, desde los que ocupan los rangos máximos hasta el último nivel, que responda a cualquier interrogante relacionado con la señora Ketty.

La mujer está en la sala de Terapia Intensiva pero separada del resto de los pacientes. Se supo empero que sigue usando, pero intermitentemente, el canalizador para facilitar el normal funcionamiento de las vías respiratorias, debido al daño que le produjo el ácido que le arrojó el asesino de la psicóloga Carmen Marcovecchio, la bioquímica Mónica Gar-cía y la ejecutiva bancaria Alejandra Carbajales.

Bonari desde que asumió tuvo una relación fluida con la prensa, pero ayer no quiso hablar del tema ni siquiera colateralmente, aunque más sea por este proceso de vigilancia y otras medidas.

Se colocó un enrejado y nueva cerradura al portal que se ubica junto a la ventanilla de recepción, único sitio por el que se accede a los servicios internos, como tera-pia intensiva. Detrás de ese portal hay dos policías uniformados; en la sala de espera de la guardia de emergencia circulan, camuflados, policías de civil, y en la puerta de la sala de cuidados intensivos hay otro hombre de la policía. Esa zona es inaccesible para gente extraña al hospital, de no mediar una directiva expresa del director.

Los familiares que llegan para visitar enfermos deben registrar-se y se restringió al máximo la visita -incluyendo a los allegados a Ketty- para los que se hallan en Terapia.

«Si digo algo nos meten presos», fue la gráfica expresión negativa de un hombre, que siempre proporcionó datos, cuando se lo interrogó sobre Ketty.

Por teléfono, Bonari sostuvo que por ese oficio de la Justicia no se puede dar información alguna al respecto. Los empleados de los servicios y los profesionales, habitualmente amplios a la hora del diálogo, también aludieron al oficio judicial y se encerraron en un mutismo absoluto.

En todo este contexto trascendió que Bonari recibió una «recomendación» -que no llegó a ser reprimenda pero estuvo cerca- porque cuando el jueves 23 le avisaron que había habido un ataque y que estaban en el hospital tres de las mujeres agredidas no viajó desde Roca, donde reside, hacia aquí. Esa fatídica noche dos de las heridas -Carmen y Mónica- fallecieron en la sala de cirugía pese al desesperado intento de los médicos para salvarlas.

Salvo una o dos personas repartiendo volantes, hasta la presencia de los huelguistas hospitalarios quedó amortiguada por las directivas judiciales.

El tradicional «Silencio, hospital» fue ayer y lo será en adelante, hasta que Ketty se recupere y vuelva a su casa, más preciso que nunca.

«El que debe dirigir esto es el juez», afirmó Verani

VIEDMA (AV)- El gobernador Pablo Verani ratificó ayer que se pusieron todos los elementos del Poder Ejecutivo a disposición del juez Juan Torres, a cargo de la causa y de la investigación de los asesinatos de tres mujeres en Cipolletti.

Al respecto recordó que «el que debe dirigir esto es el juez de la causa, porque si no habría una superposición de poderes» y enfatizó que «sería inconstitucional si el ministro de Gobierno, Esteban Rodrigo, tuviera un protagonismo superior al del magistrado».

Indicó que «hay un estado de sumario y no se puede hablar de esta cuestión hasta que se levante (la medida judicial)» y mencionó que la apoyatura desde el gobierno está dada «en todo lo que significa la parte policial, las pericias y las recompensas si el juez lo considera conveniente».

En declaraciones a la LU 15 radio Viedma, indicó además que «hasta allí llega al Poder Ejecutivo de acuerdo al marco jurídico» y recordó que «para eso se puso el fiscal de comisaría, para que de movida esto no esté en manos de otro que no sea la justicia».

En cuanto a las críticas del intendente cipoleño Julio Arriaga hacia el accionar del ministro Rodrigo, Verani respondió que «es el juez -no el ministro- el que tiene que estar al frente de la situación» agregando que «el ministro está a disposición del servicio que puede prestar el Poder Ejecutivo, tanto la policía como la recompensa si lo considera conveniente el juez, pero el que debe dirigir esto es el juez de la causa, porque si no habría una superposición de poderes».

Señaló que las críticas de Arriaga se originan en «una profunda angustia justificada», subrayando que «todos tenemos una angustia de lo que ha pasado en Cipolletti».

Reiteró que «el Poder Ejecutivo tiene que seguir colaborando al máximo con la justicia a través del jefe de Policía, Rogelio Lardapide, que se constituyó casi en forma inmediata en Cipolletti» y señaló su expectativa en que «se está marchando por el camino adecuado y esperamos que la verdad salga a la luz».

El PJ pide a Rodrigo

Por su parte, el bloque Justicialista requirió al presidente de la Legislatura que con la máxima urgencia realice la convocatoria a la Comisión Interpoderes de Seguridad. También que se disponga la citación del ministro de Gobierno, para que concurra a informar respecto de todas las medidas adoptadas en función de lo sucedido con respecto a este trágico hecho.