Vínculos indeseables
El “capitalismo de los amigos”, el modelo basado en el intercambio de favores entre empresarios y los dueños del poder político, que se ha consolidado en nuestro país y en muchos otros como Rusia y Venezuela, es inherentemente corrupto. Lo sería aun cuando los funcionarios gubernamentales se resistieran a enriquecerse personalmente, limitándose a pedirles a sus socios del mundo de los negocios aportes para el proyecto oficialista de turno, ya que significaría violar leyes destinadas a hacer más transparente y equitativo el financiamiento de las actividades políticas, pero sucede que los partidarios del “capitalismo de los amigos” no suelen distinguir lo privado de lo público. En la actualidad, los más beneficiados por la resistencia de muchos políticos locales a entender que deberían procurar trazar una línea entre lo propio y lo ajeno no son ellos mismos sino los fondos “buitre”. Desde hace meses están hurgando en los negocios de personajes como el santacruceño Lázaro Báez en busca de dinero mal habido que, suponen, pertenece legalmente al Estado argentino y por lo tanto podría ser embargable. Puesto que es tan notoria la relación de Báez con la familia Kirchner, la que lo ayudó a convertirse en un contratista multimillonario luego de haber sido un cajero bancario, las pesquisas emprendidas por “los buitres” tienen en vilo a medio país. Con razón o sin ella, muchos están convencidos de que Báez ha sido testaferro de Néstor Kirchner y su esposa, la presidenta Cristina Fernández, de ahí el crecimiento vertiginoso del patrimonio de la pareja. De más está decir que el especulador norteamericano Paul Singer y sus colaboradores no son los únicos interesados en aclarar la ruta tomada por “el dinero K”. También lo están aquellos políticos y juristas opositores que se afirman resueltos a combatir la corrupción poniendo en marcha una versión criolla del “operativo mani pulite” italiano de los años noventa del siglo pasado. Parecería que cuentan con un aliado sorprendente: el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, el que, después de informarnos que a su juicio Cristina no es “socia” de Báez, afirmó que los unen “vínculos comerciales”, lo que, para quienes no son abogados especializados en temas económicos, quiere decir lo mismo. Aunque nadie parece conocer muy bien los motivos por los que Echegaray se ha sentido constreñido a aludir varias veces a un asunto tan polémico, es indiscutible que sus declaraciones han tenido un fuerte impacto. Está en lo cierto el funcionario cuando dice que “nadie desconoce la relación que Lázaro Báez tuvo con Kirchner”, pero ocurre que se trata de un detalle que, para los oficialistas más fervorosos, no debería mencionarse porque es tabú. Es una lástima que, sin “los buitres”, mientras los kirchneristas estén en el poder los investigadores no lograrán averiguar mucho acerca de los laberínticos negocios en que han participado políticos y empresarios pero, si bien en otras partes del mundo la reputación de Singer y compañía difícilmente podría ser peor, están en condiciones de aprovechar leyes internacionales mucho más rigurosas que las que rigen informalmente en nuestro país. Puede que, según los códigos del populismo caudillista, la corrupción importe poco con tal que la economía se expanda a un ritmo satisfactorio, pero en la mayoría de los países desarrollados las reglas son por lo común menos flexibles. Mal que les pese a los habituados a subordinar absolutamente todo a la ideología atribuida a un gobierno populista, si “los buitres” consiguen probar que funcionarios kirchneristas han cometido delitos financieros al lavar dinero de procedencia ilegítima, los acusados correrían el riesgo de tener que rendir cuentas ante la Justicia de Estados Unidos u otro país de cultura judicial parecida. Asimismo, parecería que “los buitres” quieren saber más no sólo del dinero acumulado por Báez y otros presuntos testaferros de la familia presidencial sino también del destino eventual de los tristemente célebres fondos de Santa Cruz que el en aquel entonces gobernador Néstor Kirchner envió a lugares en el exterior en vísperas del derrumbe de la economía nacional que, después de pasar el país por una etapa sumamente agitada, le permitiría trasladar el centro de sus operaciones de Río Gallegos a la Capital Federal.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Viernes 24 de octubre de 2014
El “capitalismo de los amigos”, el modelo basado en el intercambio de favores entre empresarios y los dueños del poder político, que se ha consolidado en nuestro país y en muchos otros como Rusia y Venezuela, es inherentemente corrupto. Lo sería aun cuando los funcionarios gubernamentales se resistieran a enriquecerse personalmente, limitándose a pedirles a sus socios del mundo de los negocios aportes para el proyecto oficialista de turno, ya que significaría violar leyes destinadas a hacer más transparente y equitativo el financiamiento de las actividades políticas, pero sucede que los partidarios del “capitalismo de los amigos” no suelen distinguir lo privado de lo público. En la actualidad, los más beneficiados por la resistencia de muchos políticos locales a entender que deberían procurar trazar una línea entre lo propio y lo ajeno no son ellos mismos sino los fondos “buitre”. Desde hace meses están hurgando en los negocios de personajes como el santacruceño Lázaro Báez en busca de dinero mal habido que, suponen, pertenece legalmente al Estado argentino y por lo tanto podría ser embargable. Puesto que es tan notoria la relación de Báez con la familia Kirchner, la que lo ayudó a convertirse en un contratista multimillonario luego de haber sido un cajero bancario, las pesquisas emprendidas por “los buitres” tienen en vilo a medio país. Con razón o sin ella, muchos están convencidos de que Báez ha sido testaferro de Néstor Kirchner y su esposa, la presidenta Cristina Fernández, de ahí el crecimiento vertiginoso del patrimonio de la pareja. De más está decir que el especulador norteamericano Paul Singer y sus colaboradores no son los únicos interesados en aclarar la ruta tomada por “el dinero K”. También lo están aquellos políticos y juristas opositores que se afirman resueltos a combatir la corrupción poniendo en marcha una versión criolla del “operativo mani pulite” italiano de los años noventa del siglo pasado. Parecería que cuentan con un aliado sorprendente: el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, el que, después de informarnos que a su juicio Cristina no es “socia” de Báez, afirmó que los unen “vínculos comerciales”, lo que, para quienes no son abogados especializados en temas económicos, quiere decir lo mismo. Aunque nadie parece conocer muy bien los motivos por los que Echegaray se ha sentido constreñido a aludir varias veces a un asunto tan polémico, es indiscutible que sus declaraciones han tenido un fuerte impacto. Está en lo cierto el funcionario cuando dice que “nadie desconoce la relación que Lázaro Báez tuvo con Kirchner”, pero ocurre que se trata de un detalle que, para los oficialistas más fervorosos, no debería mencionarse porque es tabú. Es una lástima que, sin “los buitres”, mientras los kirchneristas estén en el poder los investigadores no lograrán averiguar mucho acerca de los laberínticos negocios en que han participado políticos y empresarios pero, si bien en otras partes del mundo la reputación de Singer y compañía difícilmente podría ser peor, están en condiciones de aprovechar leyes internacionales mucho más rigurosas que las que rigen informalmente en nuestro país. Puede que, según los códigos del populismo caudillista, la corrupción importe poco con tal que la economía se expanda a un ritmo satisfactorio, pero en la mayoría de los países desarrollados las reglas son por lo común menos flexibles. Mal que les pese a los habituados a subordinar absolutamente todo a la ideología atribuida a un gobierno populista, si “los buitres” consiguen probar que funcionarios kirchneristas han cometido delitos financieros al lavar dinero de procedencia ilegítima, los acusados correrían el riesgo de tener que rendir cuentas ante la Justicia de Estados Unidos u otro país de cultura judicial parecida. Asimismo, parecería que “los buitres” quieren saber más no sólo del dinero acumulado por Báez y otros presuntos testaferros de la familia presidencial sino también del destino eventual de los tristemente célebres fondos de Santa Cruz que el en aquel entonces gobernador Néstor Kirchner envió a lugares en el exterior en vísperas del derrumbe de la economía nacional que, después de pasar el país por una etapa sumamente agitada, le permitiría trasladar el centro de sus operaciones de Río Gallegos a la Capital Federal.
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