Violencia desatada

En el Día Internacional de la Mujer, numerosas investigaciones e indicadores muestran que, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas para lograr igualdad de trato y oportunidades, queda aún mucho por hacer. En esta edición de Río Negro se refleja cómo persisten importantes desigualdades y discriminación hacia la mujer en distintos ámbitos: familiar, laboral, productivo, educativo, en la salud, la política y la cultura, entre otros. En las últimas semanas quedó evidenciada una de las facetas más brutales de estas asimetrías: la persistencia de la violencia machista, cuya máxima expresión son los femicidios, que han alcanzado un nivel de saña y virulencia preocupantes.

En estos primeros meses del 2020, en nuestro país cada día fue asesinada una mujer, en su mayoría por un varón al que conocía y a menudo en su propia casa. Buena parte de los crímenes se concretan para ocultar abusos sexuales o son el colofón de una larga saga de maltratos y violencia previos. Las estadísticas indican que, pese a los esfuerzos y las denuncias de organizaciones feministas y las distintas leyes aprobadas en los últimos años, la cantidad de hechos crece: según las cifras de la Casa del Encuentro, mientras en 2019 hubo 299 femicidios vinculados de mujeres y niñas (1 cada 29 horas) en lo que va del año se produjeron ya 67 casos (uno cada 23). En febrero hubo al menos seis, algunos de los cuales estremecen por el grado de crueldad del agresor.

Ni la tipificación del femicidio como delito, ni las medidas restrictivas y proteccionales adoptadas en ámbitos ejecutivos o judiciales, ni la visibilización de los casos a través de manifestaciones y en los medios de comunicación han alcanzado para reducir los niveles de violencia ejercidos contra las mujeres.

En primer lugar, porque diversos mecanismos establecidos por las leyes vigentes para garantizar asistencia a las mujeres víctimas de agresiones (como casas de refugio, líneas gratuitas, campañas de promoción de derechos) han sufrido recortes presupuestarios que les restan eficacia y las transforman a menudo en meras medidas publicitarias o expresiones de buena voluntad. También porque muchas instituciones y funcionarios siguen careciendo de perspectiva de género, y a menudo las víctimas deben fatigar pasillos y oficinas para lograr una respuesta a situaciones dramáticas que necesitan soluciones urgentes, sobre todo en los sectores sociales más vulnerables. Las mujeres llegan a recorrer hasta 68,2 kilómetros antes de conseguir alguna respuesta en Neuquén, como publicó hace poco este diario.

Por otra parte, las medidas de protección a las agredidas siguen fallando en el control y seguimiento de los agresores, que a menudo ante las medidas restrictivas (prohibición de acercamiento, exclusión del hogar) aumentan los niveles de acoso y violencia. Mientras las víctimas quedan sometidas a un régimen de protección que limita y altera sus vidas, no existe aún un sistema de vigilancia estatal eficaz y de tratamiento o reeducación para aquellos alcanzados por una medida cautelar o una condena. De allí los numerosos casos de reincidencia.

Sin dudas, el problema de fondo es cultural y social. Como señala la antropóloga Rita Segato, los femicidios “no surgen de la nada sino que son la punta de la pirámide” de una sociedad cuyas relaciones de género son desiguales y violentas, “un orden jerárquico donde la mujer es siempre encaminada a una posición de subordinación y sobre la que cae una sospecha moral permanente”, por lo que “hay que cambiar esa argamasa de la sociedad para que en la cumbre de esa pirámide no surja el crimen letal”.

Requerirá sin dudas un proceso de mayor conciencia social sobre las violencias a las mujeres a menor escala, a menudo normalizada o solapada: los denominados “micromachismos” que se ejercen en espacios laborales, públicos, los medios o en el hogar y que están en la génesis de agresiones más brutales. Para ello serán sin dudas necesarias políticas públicas integrales de mayor equidad y prevención de la violencia de género, de mayor eficacia judicial, de educación y de cambio cultural que promuevan una sociedad menos violenta y con igualdad de oportunidades para todos.