Violencia y justicia

–Anoche me quedé en casa viendo “El secreto de sus ojos”… –La vi; me gustó… fue muy jodida esa época, ¿no? –Fue muy jodida. El diálogo es real y se entremezcla con los hechos ocurridos la noche del 24 de marzo en Neuquén, donde una vez más la violencia efectiva y también la verbal fueron protagonistas. Sí fue muy jodida esa época pregolpe de Estado y más aún la que vino después, cuyo objetivo fue exclusivamente suprimir los movimientos políticos y sociales que pretendían profundizar la justicia social en el país. Resulta absolutamente execrable continuar hoy machacando con la teoría de los dos demonios: militares versus terroristas. Es una mentira histórica que pretende equiparar situaciones totalmente diversas para justificar finalmente lo que sucedió. Los argentinos que no sabían, los que no querían saber, los que no se interesan, las generaciones posteriores, deben conocer la verdad. Los dos grupos armados vigentes en el país antes del golpe militar, activos en el gobierno de Isabel Perón y de diversa extracción ideológica, el ERP y Montoneros, eran perfectamente controlables al momento de producirse el golpe militar. El Operativo Independencia en Tucumán y el fracaso del copamiento de la base militar en Monte Chingolo entre los años 1974 y 1975 aniquilaron al ERP. Respecto de Montoneros, peronistas desencantados con el Perón que había regresado de España luego del exilio jamás dejaron de ser controlados por los servicios de inteligencia del Ejército Argentino, que incluso mantenía oficiales en la dirección del movimiento. Repito: el Ejército Argentino tenía incidencia sobre algunos líderes montoneros en la búsqueda de objetivos de control social y desestabilización, sin perjuicio de que la mayoría de sus militantes desconocía esta situación. Estas aclaraciones son necesarias para no mezclar la biblia y el calefón, ya que vemos tanta opinión que por desconocimiento o por interés ideológico tergiversa la verdad histórica justificando que los militares llegaron al poder por los terroristas. Quienes vivimos y fuimos marcados por esa época y cualquier bien parido que respete la condición humana sabemos que sin justicia no puede llegarse a la verdad y menos aún sancionar a los responsables de las monstruosidades cometidas. Justamente el no cerrar el capítulo del castigo judicial a los responsables mantiene la herida abierta y genera una permanente agitación de muchos argentinos, donde se confunden el pedido de justicia, el dolor, el odio, la venganza y, en algunos casos, las especulaciones políticas. El reclamo de justicia a un Estado que durante años fue zigzagueante entre los juicios a las juntas militares y la amnistía a los condenados fue infectando la herida histórica nunca cicatrizada. Como todo gran quiebre, las sociedades requieren en algunos casos décadas para superar con olvido o con justicia hechos que las han marcado. Los países con futuro y donde una mayoría comulga con un proyecto social y de desarrollo no se permiten olvidar, ya que sus instituciones son impulsadas por una sociedad que exige cuentas de sus responsabilidades históricas. Estos procesos llevan tiempo y reclamos constantes, luchas por democratizar las instituciones para que sean parte de ese proyecto común, proyecto a la fecha frustrado en nuestra República. Ante la carencia de instituciones sólidas que encaucen los conflictos sociales –los cotidianos y los que representan deudas históricas– el conflicto se hace inevitable. Los sucesos de Neuquén del 24 son una síntesis de esas ausencias y las responsabilidades compartidas. El Estado provincial, a través de sus autoridades políticas y policiales, sabía de los serios riesgos de que se produjeran hechos de violencia, por los antecedentes de años anteriores. Identifican además a los adolescentes y jóvenes que suelen intervenir –e incluso los que intervinieron ese día– en los desmanes producidos. La prevención y coordinación no pueden estar exentas del diálogo para unificar criterios con las organizaciones sociales convocantes, y éstas no pueden omitir el cuidado y la seguridad interna para evitar hechos que sólo deslegitiman ante la sociedad la condena al pasado. El diálogo y la racionalidad como instrumentos de la cohesión social que defina ese proyecto común, un estado de consensos básicos, continúan siendo los grandes ausentes, lo cual fomenta el conflicto permanente. Neuquén afronta un grado de conflictividad severa y la anomia de las autoridades políticas incentiva el proceso, generando un clima de violencia general altamente cuestionado por la sociedad. Se trata de una provincia cuyas inequidades son absolutamente contradictorias con sus recursos disponibles, agobiada por años de corrupción endémica y destrucción del aparato estatal, lo cual explica parte de su presente. Resulta imprescindible elevar canales de diálogo y advertir a los actores que las tensiones sin límite históricamente no han conducido en nuestro país a soluciones justas para las mayorías. Las reacciones habitualmente son adversas, contrarias a estabilizar estímulos. Hay que edificar sin odio, sin violencia verbal que suprima “al otro” , impulsando la construcción de organizaciones sociales más estructuradas que penetren en amplios núcleos de la sociedad con un proyecto integral en que confluyan muchas personas valiosas hoy ajenas por completo de la política. (*) Abogado. Docente en la UNC

DARíO TROPEANO (*)