La Nación creó una Sociedad Anónima para el mantenimiento de las rutas

Con la denominación Corredores Viales S.A. (C.V.S.A.) el gobierno constituyó una sociedad con sujeción al régimen de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550.

Con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la flamante empresa (51% del Ministerio de Transporte y 49% Vialidad Nacional) podrá establecer administraciones regionales, delegaciones, agencias, sucursales, establecimientos y cualquier clase de representaciones en el resto del país (que Vialidad ya tiene) y en el exterior.

El término de duración de la sociedad será de 99 años, a partir de la inscripción de este Estatuto en la Inspección General de Justicia.

La sociedad tiene por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, la construcción, reparación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera.

El objeto también comprende la realización de las actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de “áreas de servicio, explotaciones complementarias y explotaciones accesorias y toda otra actividad vinculada con su objeto social”.

La sociedad tiene capacidad para contraer empréstitos en forma pública o privada mediante la emisión de bonos y/o títulos y/o debentures y/u obligaciones negociables y contraer cualquier deuda y obligación, en moneda local o extranjera vinculada con el objeto social con garantía del Estado Nacional de acuerdo con la Ley 17.520 (de concesión de obra pública).

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También, podrá suscribir convenios con empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras. La Sociedad Corredores Viales S.A. tiene atribuciones y obligaciones, entre ellas: ejecutar las políticas públicas en materia vial, proponer las modificaciones y ampliaciones a la red de infraestructura vial y organizar los servicios que la integran, y celebrar los contratos específicos del tema vial, como locación de obra, locación de servicios, consultorías, y auditorias.

También la de adquirir bienes muebles o inmuebles y enajenar los incluidos en su patrimonio, constituir, modificar, transferir o extinguir toda clase de derechos reales.

El capital social se fija en la suma de 200.000 pesos y estará representado por 200.000 acciones de propiedad del Estado Nacional. Cada acción nominativa da derecho a un voto.

La Sociedad contará con recursos provenientes de la percepción de la Tarifa en el marco de la Ley 17.520; de cánones y/o alquileres por utilización de infraestructura; y/o por la percepción de servicios adicionales y/o complementarios.

También, por los recursos financieros procedentes de operaciones de endeudamiento, cuyo límite anual será fijado en las leyes de presupuesto; los recursos provenientes de impuestos, los legados y donaciones que se concedan a su favor; y los saldos a favor provenientes de tributos nacionales, provinciales y municipales.

La Sociedad será dirigida y administrada por un Presidente y contará con un Directorio compuesto por tres miembros, siempre incluido el Presidente, que serán Directores Titulares, quienes durarán 3 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales.

Los dividendos de la sociedad deberán ser reinvertidos en las trazas rutas; autopistas; accesos; corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional concedidas a la sociedad, debiendo los excedentes que correspondan al accionista mayoritario restituirse al erario público con una afectación específica para la ejecución de obra pública.

La liquidación de la Sociedad sólo podrá ser resuelta por el Poder Ejecutivo Nacional.