Pidieron la destitución de una funcionaria judicial por mal desempeño

El Procurador general subrogante Marcelo Álvarez sostuvo la acusación contra la exsecretaria del Juzgado de Instrucción 4 Mariela Taboada, porque consideró que los hechos atribuidos fueron probados durante las audiencias del juicio político y pidió la destitución.

“El desenvolvimiento (de la imputada) ha sido perturbador, irregular y dañoso para los habitantes y para el servicio de justicia”, sostuvo Álvarez en su alegato. Por eso, pidió la destitución de Taboada y además una inhabilitación de 5 años para desempeñar cargos en el Poder Judicial.

“Vengo a reiterar y ratificar la totalidad de los cargos que fueran formulados por mi antecesora (la exProcuradora) Silvia Baquero Lazcano”, sostuvo Álvarez. “Los hechos resultan a esta altura contundentemente probados”, afirmó.

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“Surgen probados los graves incumplimientos, el mal desempeño y los graves desarreglos de conducta”, advirtió al tribunal, conformado por integrantes del Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción, cuya cabecera es Bariloche.

El Procurador subrogante recordó que Taboada asumió el 23 de abril de 2015 al frente de una de las secretarías del Juzgado de Instrucción 2 de esta ciudad. Taboada había sido designada en marzo por el Consejo de la Magistratura para el cargo de secretaria. La votaron los tres legisladores, tres abogados, el juez penal que participó de la sesión y el presidente del Consejo de la Magistratura.

Álvarez señaló que el 25 de febrero de 2016 el mismo Consejo de la Magistratura la suspendió en el cargo. Allí, se dispuso la apertura de un sumario que la jueza del STJ Liliana Piccinini elaboró y que sirvió de plataforma después para la acusación.

“Fue una carrera que duró tan solo un año y en ese período incurrió en numerosas disfunciones, fue sumariada, suspendida y traída a juicio político”, indicó Álvarez.

“Cada uno de los siete cargos por los que fue traída a juicio a partir de la copiosa prueba se tienen por probados”, destacó Álvarez.

Sostuvo que se probó los tratos inapropiados, discriminatorios a magistrados, funcionarios y empleados y hasta a ciudadanos que fueron a resolver un conflicto. El Procurador subrogante planteó que se demostró la falta de idoneidad para el cargo que fue designada por el Consejo de la Magistratura.

Planteó que quedó en evidencia un claro desconocimiento del derecho por parte de Taboada. Indicó que en el expediente hay constancia de 50 proyectos de resolución donde tuvo errores u omisiones por desconocimiento del derecho.

Advirtió que armar carpetas con constancias de una causa en trámite a la espera de que el expediente principal vuelva de alguna de las Cámaras Criminales “es incumplir la ley”. Esa conducta se le atribuyó a Taboada, pero era una práctica habitual en el Juzgado de Instrucción 2, según indicó Álvarez ayer en su alegato.

En cambio, el abogado Emiliano Gallegos, que defiende a Taboada, solicitó el rechazo de las siete acusaciones , se opuso a la inhabilitación solicitada y solicitó al Consejo de la Magistratura que absuelva a Taboada.

Durante su extenso alegato responsabilizó al juez de garantías Juan Martín Arroyo por los conflictos que se originaron en el Juzgado de Instrucción 2 cuando subrogó en 2015. También responsabilizó al entonces secretario de ese organismo Marcos Ciciarello, que hoy es defensor oficial.

Sostuvo que Arroyo y Ciciarello cometieron actos que deberían ser objeto de un jurado de enjuiciamiento. Negó cada uno de los 7 cargos y hechos atribuidos a la imputada. La sentencia se conocerá el 29 de noviembre a las 8.30.