“Señor presidente, debo expresar mi disconformidad con su proceder”

Nos anoticiamos hace unos días de que el fiscal federal Jorge Di Lello requirió que se investigue si el exjuez federal Norberto Oyarbide perpetró los delitos de “cohecho”, “dádivas” y “enriquecimiento ilícito”. El mismo lo formalizó ante el Juzgado Federal Nº 12 a cargo de Sergio Torres. Otro fiscal que aportó información y pruebas fue el doctor José María Campagnoli, el perseguido por el “mani pulite” kirchnerista.

Me genera esperanza (lo último que se pierde) que la Justicia investigue, pero salvo honrosas excepciones
–Campagnoli es una– antes del 10 de diciembre pasado las causas viajaban en un 3CV y ahora en una coupé turbo.

Deseo que los funcionarios del actual gobierno ante sospechas de actos de corrupción no gocen del “tiempismo” de la Justicia. Nobleza obliga a destacar el proceder del presidente, que apartó al titular de la Aduana, Gómez Centurión, ante supuestas maniobras “non santas”, y lo reintegró una vez despejados “prima fase” los nubarrones. Hablando de temporalidad, demasiado rápido el accionar.

Con la misma enjundia expresó que lo que no cambió y es más de lo mismo fue el proceder del presidente de todos los argentinos, que hace tan sólo unos meses aceptó la renuncia del por entonces “cuestionado” y hoy “platinado” juez Oyarbide, permitiéndole acogerse a los beneficios previsionales con una suma que para equipararla habría que sumar algo así como 20 jubilaciones mínimas, ergo imposible de igualarla para la gran mayoría de nuestros jubilados. Aclaro que el procedimiento fue el correcto, el que acepta las renuncias de los magistrados federales es el presidente de la república.

Sabemos que si hay algo por lo que la mayoría de la ciudadanía direccionó su voto al frente Cambiemos es por su supuesta lucha contra la corrupción, pero esta no tiene la contundencia que el pueblo argentino demanda, ya que al aceptarle la renuncia a un juez tan cuestionado y con varios pedidos de juicio político para que goce de su importante haber jubilatorio y encima pueda si quisiera presentarse para cualquier cargo que amerite ser probo, idóneo y fundamentalmente honesto está por lo menos en las antípodas de lo que expresó en la campaña electoral.

De manera genérica el juicio político es un proceso de naturaleza judicial que tiene por objeto el juzgamiento de los hechos o actos del imputado, que se encuentran en algunos casos tipificados penalmente o en otros no, en los cuales debe acreditar la comisión u omisión del hecho y la culpabilidad, en grado de dolo o culpa grave.

Hay jurisprudencia al respecto que dice que al aceptarle la renuncia se quedan sin efecto los pedidos del juicio político, ya que el mismo es consecuencia del cargo que ya no detenta, haciendo un razonamiento básico y racional.

Hay juristas que expresan que el beneficio de la duda
–in dubio pro reo– que se da en el efecto en la sentencia definitiva rige a la inversa en el procedimiento de juicio político. Basta la mínima duda respecto al desempeño de un funcionario para que el enjuiciamiento proceda.

En definitiva, señor presidente de la Nación, debo expresar mi disconformidad con su proceder, ya que se juramentó obrar para permitir que la Justicia actúe hasta las últimas consecuencias para que se absuelva o condene a los imputados, pero aceptándole la renuncia a un juez muy cuestionado como Oyarbide su proceder es contrario, ya que le permitió que “esquive” los juicios políticos en su contra y, por si fuera poco –como expresé “ut supra”– acceda a una jubilación privilegiada; y llegue al absurdo de poder presentarse en el futuro a cualquier cargo público.

Lo correcto si viviéramos en una república con todas las letras es que hoy Oyarbide estuviera separado del cargo investigado y sin cobrar su sustanciosa jubilación, pero su proceder dejó trunca esa posibilidad. Hoy un fiscal lo investiga pero se fue honrosamente de la función y tiene ingresos mensuales blanqueados por varios ceros.

Señor presidente, la próxima vez proceda pensando en ese clamor de Justicia que demanda la mayoría del pueblo argentino y no se olvide de ese principio liminar del derecho constitucional: somos “todos iguales ante la ley”.

Fabricio E. Torrealday

DNI 21.912.502

Fabricio E. Torrealday

DNI 21.912.502