El círculo vicioso de la reforma tributaria

Mirando al sur

La reforma tributaria que el gobierno de Mauricio Macri promete enviar al Congreso después de las elecciones legislativas de octubre puede ser una oportunidad o un problema para el despegue económico. Por ahora está entrampada en un círculo vicioso: para crecer significativamente la economía necesita más inversión privada, pero ésta se retrae debido a los altos costos internos, entre ellos los impositivos. Y como los impuestos no alcanzan a cubrir el gasto público nacional, provincial y municipal, tampoco hay mucho margen para bajarlos. De ahí que tanto el Tesoro Nacional como una decena de provincias recurran al endeudamiento –mayormente externo– para financiar el déficit fiscal.

“Los impuestos nos están matando”, admitió días atrás el propio Macri en Córdoba, durante una visita con tono de campaña electoral. No deja de ser llamativo, si se tiene en cuenta que la mayor parte de la presión tributaria corresponde a gravámenes nacionales, cuya recaudación se coparticipa con los gobiernos provinciales. Sin embargo el presidente hacía referencia a Ingresos Brutos (IIBB), un impuesto que se aplica directamente sobre la facturación de las empresas (ganen o pierdan), se traslada directamente a precios, no dejó de subir en los últimos años y ya representa en promedio el 75% de los ingresos propios de las provincias. De ahí que el gobernador cordobés Juan Schiaretti, le retrucara –también en tono de campaña– que la Provincia podría bajar las alícuotas si la Nación le aumentara la transferencia de fondos. Otra vez el círculo vicioso, aunque con formato de frazada corta.

Nadie duda de que una reforma resulta imprescindible en la Argentina, donde la presión tributaria alcanzó niveles récord, empujada por el fuerte aumento del gasto público consolidado (en todas las jurisdicciones), que se elevó de 23% en el 2004 al 42% del PBI en el 2017. Pero el problema es que se necesita un mayor crecimiento del PBI y un freno del gasto en términos reales para reducir la carga impositiva sin elevar el déficit fiscal, que ahora suma 2 puntos de PBI por los intereses de la deuda pública.

Una prueba es que en el 2016 la Casa Rosada redujo en 1,7 punto de PBI la presión tributaria nacional, pero luego debió recalcular desde un escalón más alto las metas decrecientes de déficit primario (sin intereses) con respecto al PBI para este año. Ese alivio impositivo estuvo focalizado en el sector agropecuario (con el fin de las retenciones, salvo soja), los asalariados (con los cambios en el mínimo no imponible y las escalas de Ganancias), así como en los jubilados con haber mínimo y beneficiarios de planes sociales (con la devolución de $ 300 mensuales de IVA en las compras de alimentos con tarjeta de débito). A ello se sumaron los beneficios fiscales de la ley Pyme (hasta ahora con poco uso porque las empresas deben registrarse para recibirlos), más los cambios en el cálculo de Bienes Personales, que además incluyen la exención por tres períodos como “premio” a quienes no necesitaron el blanqueo. No obstante, fuera de este universo de destinatarios, pocos contribuyentes podrían afirmar que pagan menos impuestos que antes. Sobre todo, tras el 40% de inflación del año pasado que elevó el monto de los gravámenes directos e indirectos incluidos en los precios de casi todos los bienes y servicios; entre ellos luz, gas, combustibles o cigarrillos, por citar los casos más notorios.

Si bien el proyecto de reforma deberá pasar el filtro de la Comisión Bicameral específica creada por la ley de blanqueo, un trabajo elaborado por el Instituto de Análisis de la Realidad Fiscal (Iaraf) pone de relieve lo arduo que será reducir la presión tributaria hasta un punto que se haga sentir por la mayoría de los contribuyentes de impuestos nacionales.

Según el Iaraf, la presión tributaria nacional equivale actualmente a 33% del PBI (12 puntos por encima del promedio de 21% en el período 1993/2000). A partir de esta base, elabora tres escenarios para el período 2018/2030, bajo las hipótesis de que la inflación toma un sendero decreciente, el gasto primario nacional crece al mismo ritmo de la inflación de cada año y, por ende, se cumplen las metas oficiales de reducir el déficit primario hasta llegar a un equilibrio fiscal en el 2023. La conclusión es que la carga impositiva será más baja cuanto mayor sea la tasa de crecimiento del PBI, o viceversa.

Con estos supuestos, si la tasa de crecimiento fuera baja (2% anual), la relación gasto primario/PBI no se descomprimiría tanto y no habría espacio fiscal para una rebaja tributaria sino hasta dentro de una década, ya que sólo a partir del 2028 podría reducirse en 1,4% del PBI (de 33% a 31,6%).

En cambio, un crecimiento anual de la economía del 4% sería compatible con una reducción de la carga tributaria de 5,3% del PBI (bajaría de 33% a 27,9%) con lo cual en el 2030 podría volver al nivel del 2007.

Sólo en el mejor de los casos la presión impositiva podría caer 8 puntos porcentuales y llegar al 25% del PBI en el 2030, si el crecimiento de la economía hasta ese año fuera de 6% anual y así lograría acercarse a la del 2003.

Sin estas proyecciones de largo plazo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anticipó meses atrás que la reforma tributaria en estudio deberá tener un impacto fiscal neutro, o sea, no disminuir la recaudación en términos reales. En teoría, esto significaría reemplazar los impuestos más distorsivos por otros y que más contribuyentes paguen menos.

No obstante, la mayoría de los analistas supone que los cambios se producirán en etapas debido a la complejidad del problema, que obligará a arduas negociaciones en el Congreso para determinar qué gravámenes –nacionales y provinciales– serán incluidos y con qué modificaciones.

Entre las ideas en danza figuraría la posibilidad de que el impuesto a los créditos y débitos bancarios (mal llamado “impuesto al cheque”) sea deducible de Ganancias y, en el campo previsional, que los trabajadores autónomos sean incorporados al régimen del monotributo, para evitar la discriminación que los obliga a pagar una alta alícuota de Ganancias según un mínimo no imponible desactualizado y con escalas confiscatorias. También Ingresos Brutos están en la mira de Hacienda, aunque la posibilidad de reemplazarlo por una suerte de IVA provincial (con liquidaciones mensuales de saldos del impuesto) tropieza con la dificultad de fijar una alícuota única y razonable en todas las jurisdicciones. Un capítulo aparte y más lejano en el tiempo serían los regímenes de exenciones y desgravaciones de impuestos nacionales que, según cálculos extraoficiales, equivaldrían a 3% del PBI.

Ingresos Brutos es un impuesto que

no dejó de subir en los últimos años y ya representa en promedio el 75% de los ingresos propios de las provincias.

Los analistas suponen que los cambios se producirán en etapas debido a la complejidad del problema, que obligará a arduas negociaciones en el Congreso.