El dilema del huevo o la gallina

Mirando al sur

El gobierno de Mauricio Macri y, en especial el Banco Central, se aprestan a celebrar mañana que el índice de precios al consumidor haya vuelto a ubicarse en mayo por debajo de 2% mensual, pese a lo cual la inflación ya acumula una suba cercana al 11% en lo que va del año.

Al igual que en otros órdenes de la economía argentina, este resultado puede interpretarse como un vaso medio vacío o medio lleno. Por un lado, torna más difícil cumplir la meta de 17% anual fijada por el BCRA, ya que requeriría que las subas del IPC sean del orden del 0,8% mensual promedio hasta fin del 2017. Por otro, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado en mayo por el propio BCRA (del que participan más de 60 consultoras y bancos) arroja para todo este año un alza del orden de 21,6% que, de cumplirse, equivaldría a casi la mitad de la registrada el año anterior (41% en Capital Federal). Para los próximos 12 meses, el REM pronostica una inflación de 17,4% anual, pero desde un promedio de 1,4% mensual de aquí a noviembre de este año.

Como las expectativas de inflación marcan el ritmo de la política monetaria de altas tasas de interés que aplica el BCRA para desalentar subas excesivas de precios y/o salarios, este doble estándar viene alimentando varios debates simultáneos desde hace meses.

El Estudio Bein fue el primero en alertar que el problema no es la tasa de inflación en sí misma (considera un éxito la baja con respecto al salto del 2016), sino que la meta del BCRA es demasiado ambiciosa. Sobre todo, teniendo en cuenta la recomposición de precios relativos que implicará la segunda tanda de aumentos de tarifas de electricidad y gas previstos para después de las elecciones de octubre, más otros ajustes atribuibles a la propia inercia inflacionaria. Pese a estos cuestionamientos, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, ratificó aquel objetivo con una afirmación tajante: “Si la modificáramos, no tendríamos una meta”. Sin embargo, en la Casa Rosada pasaron a reelaborar el argumento, al enfatizar en que lo importante es que la inflación pueda bajar este año entre 17 y 19 puntos porcentuales, antes que situarse estrictamente en 17% anual.

Desde un ángulo académico, el ex titular del BCRA, Martín Redrado, respaldó que la institución haya recuperado independencia al fijar las metas inflacionarias. Pero en el mismo reportaje, publicado en el diario “La Nación”, incluyó una advertencia: “El tema de la inflación no es sólo del BCRA. Pensar que con la tasa de interés vas a controlar la inflación es estar viendo una parte muy chiquita de la película”, afirmó. Redrado aludió así a que el crédito total representa un 14% de la producción total de bienes y servicios (PBI) y que el resto se mueve en efectivo, del cual una parte es informal (en negro). De ahí que propuso que la meta antiinflacionaria debería ser fijada por Macri y todo su gabinete económico, además del presidente del Banco Central.

Con un enfoque similar, el economista Lisandro Barry (ex secretario de Finanzas) sostiene –en un trabajo titulado “Afloja o no afloja”– que bajar la inflación mediante altas tasas de interés sólo reconocería como causa un exceso general de demanda de productos y servicios, como contracara de una excesiva expansión de la cantidad de dinero en la economía. No obstante, subraya que en la Argentina obedece a un entramado de motivos, tanto de demanda como de costos, de orden estructural y de expectativas, que en muchos períodos coinciden con un estancamiento de la actividad (estanflación). Barry indica que la principal fuente de expansión monetaria es el alto déficit fiscal, que impide bajar la presión impositiva y termina afectando la estructura y el nivel de precios de toda la economía. Y que, como actualmente se financia con endeudamiento externo, obliga al BCRA a emitir pesos que luego debe absorber con Lebac a tasas que impulsan el ingreso de dólares financieros y deprimen el tipo de cambio real. Pero añade que, en un contexto inflacionario, también actúan dos factores de empuje de costos, como las tarifas de servicios públicos y los salarios, que a su vez provocan alzas de precios, incluso con menores volúmenes de negocios.

Esta complejidad reedita el dilema del huevo o la gallina: ¿hay que bajar los precios o los costos?

Desde el ángulo político, la alianza FR-GEN encabezada por los diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer apuntó al primer blanco, en coincidencia con el arranque de la campaña electoral. Acaba de anunciar que logró más de un millón de firmas para presentar en el Congreso el plan “Bajemos los precios” de 11 productos de la canasta alimentaria y mantenerlos estables hasta marzo de 2018, a fin de permitir un ahorro de 800 pesos mensuales en los gastos de una familia tipo.

La iniciativa prevé eliminar el IVA y “otros impuestos” para reducir en un 20% los precios al público del pan, arroz, harina de trigo, fideos, papas, azúcar, carne, huevos, leche, aceite y yerba mate. También, crear “un consejo de monitoreo de precios, organismos de control rápidos y eficientes, limitar y penalizar las prácticas abusivas y generar mayor competencia en las góndolas”.

Más allá de su atractivo electoral, esta propuesta se caracteriza por más omisiones que precisiones. Por un lado, no aclara que varios productos de la canasta básica (pan, harina de trigo, papa, batata, legumbres secas, hortalizas, frutas y carnes) ya tributan desde hace años la mitad de la alícuota del IVA (10,5%) ni que la leche (fluida o en polvo) está exenta.

Por otro, tampoco precisa el costo fiscal de la medida que, al ser generalizada, resultará muy superior a los 8.000 millones de pesos anuales que había calculado el actual gobierno hace un año, cuando se sancionó la ley de “devolución” del IVA en las compras de alimentos, pero limitándola a jubilados con haber mínimo y beneficiarios de planes sociales con un cupo de $ 300 mensuales en las compras abonadas con tarjeta de débito. Esta última exigencia, si bien evita las ventas en negro, frustró buena parte de su alcance.

Adicionalmente, para una rebaja de 20% en los precios, las provincias deberían eliminar o reducir el impuesto a los Ingresos Brutos. Pero ni siquiera los dos gobernadores que ya adhirieron a la iniciativa (Mario das Neves, de Chubut y Gustavo Bordet, de Entre Ríos) anunciaron su intención de hacer lo propio en sus jurisdicciones. A esto se suma la dificultad de fiscalizar la exención y evitar maniobras de evasión con productos similares. Sin ir más lejos, no son pocas las panaderías que suelen facturar como pan (con IVA al 10,5%) las ventas de productos más caros y sofisticados para eludir el ingreso del gravamen. Y crear nuevas estructuras de control significará actuar sobre los efectos antes que en las múltiples causas de la inflación.

La meta inflacionaria del BCRA es demasiado ambiciosa. Y expertos coinciden en que no bastará sólo con el manejo de la tasa de interés para controlarla

En un contexto inflacionario las tarifas de servicios públicos y salarios generan alzas de precios. El tema es: ¿hay que bajar los precios o los costos?