Vivir de prestado

Mirando al sur

La rápida escalada del dólar en los primeros días de julio sacudió el avispero económico y, si bien la cotización parece haberse ubicado en un nuevo escalón algo por encima de los $ 17, volvió a dejar a la vista varios problemas estructurales. El principal es que los desequilibrios macroeconómicos heredados y administrados gradualmente por el gobierno de Mauricio Macri se traducen en la persistencia de “déficits gemelos” (fiscal y externo), que es una forma de decir que la Argentina vive de prestado. Y será difícil hablar de estabilidad –en los precios o el tipo de cambio real– hasta que no surja un plan coordinado para reducirlos a mediano plazo.

Como si fueran siameses, estos déficits están unidos entre sí. El desequilibrio fiscal, que este año se ubicaría en unos $ 633.000 millones (6% del PBI), obedece a que el sector público gasta más de lo que recauda, pese a la alta presión tributaria en todas las jurisdicciones. Y, como ahora se financia mayormente con endeudamiento en dólares, agudiza el desequilibrio del sector externo, donde las importaciones crecen más que las exportaciones y los intereses y amortizaciones de la deuda deterioran simultáneamente el saldo fiscal y las cuentas externas. Según el Estudio Broda, en el 2017 el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos superaría los u$s 23.000 millones (3,7% del PBI).

En los 19 meses que lleva de gestión, el gobierno enfatizó en que la deuda pública recibida era muy baja con respecto al PBI (23% a fin del 2015) –lo cual es cierto debido al aislamiento financiero de la era K– y deja margen para aumentarla (a 29% en el 2017 y a 37,5% del PBI en el 2020). El objetivo oficial es doble: suavizar el ajuste para reducir gradualmente el déficit fiscal primario (sin intereses) y el uso de la “maquinita” del Banco Central para hacer lo propio con la inflación.

Sin embargo, el ingreso de dólares de la deuda pública contraída por la Nación y una decena de provincias provoca dos efectos no deseados: deteriora el tipo de cambio real y obliga además al BCRA a emitir pesos para que esas jurisdicciones puedan atender sus obligaciones. Pero como la oferta monetaria supera fuertemente a la demanda, luego debe absorber el excedente de pesos (vía Lebac y pases) ofreciendo altas tasas de interés, que elevan el denominado déficit cuasifiscal. De hecho, en la primera mitad del 2017 el BCRA debió emitir $ 77.000 millones para comprarle divisas al Tesoro (más $ 93.000 millones como asistencia directa) y debió esterilizar más de $ 198.000 millones a través de Lebac y pases.

Obviamente, si el déficit fiscal fuera menor, disminuirían las necesidades de financiamiento externo e interno. Sin embargo, en este caso conviene reiterar que cuando el Ministerio de Hacienda fijó metas decrecientes se refiere al déficit primario nacional, o sea la diferencia de caja entre gastos e ingresos, sin incluir los intereses de la deuda pública.

En este sentido, la meta de déficit equivalente al 4,2% del PBI en el 2017 no requiere de un gran esfuerzo fiscal, ya que –salvo la reducción de subsidios a la energía– incluye los ingresos por única vez del blanqueo y para el segundo y tercer trimestre se prevé un sobrecumplimiento que dejará margen para cubrir los mayores gastos de los últimos tres meses del año. Más complicado será reducirlo al 3,2% en el 2018, ya que la mitad del gasto corriente (jubilaciones y salarios del sector público) está indexado. En otras palabras, el esquema se asemeja a quien inicia una dieta pero prevé aumentar un kilo en el primer año para bajar dos en el segundo. No obstante, el déficit total del 2017 (que computa los intereses pagados a acreedores privados y organismos multilaterales) aumentará adicionalmente 1,8% del PBI.

Como contrapartida, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró en el primer trimestre de este año un déficit de u$s 6.800 millones, con un incremento de casi 40% respecto del mismo período del 2016 y ya equivale al 3% del PBI. En este resultado influyó, precisamente, el aumento de 62% en el pago neto de intereses que alcanzó a u$s 1.910 millones, mientras el de utilidades y dividendos llegó a casi u$s 1.800 millones, con un alza de 4,5%. A su vez, el intercambio de bienes dejó un saldo negativo de u$s 500 millones y el de servicios, de u$s 3.215 millones.

La consultora Ecolatina recuerda que en la última década la Argentina sufrió un deterioro de 5,5 puntos porcentuales en la cuenta corriente externa, ya que pasó de un superávit de 2,8% del PBI en el 2006 (época de “superávits gemelos”) a un déficit de 2,7% del PBI en el 2016. Como principal factor señala el atraso cambiario del período 2010/2013, aunque también tuvieron impacto la baja del precio internacional de la soja y la desinversión en energía. En el 2015 reapareció el déficit comercial, que probablemente se repetirá este año con un resultado negativo superior a u$s 5.000 millones.

A raíz del “prontuario” argentino de deuda externa y default, la Casa Rosada prevé apuntalar la obtención de financiamiento externo y reducir su costo mediante un acuerdo con los gobiernos provinciales para que una ley de Responsabilidad Fiscal establezca el compromiso de no aumentar el gasto primario por encima de la inflación hasta fin del 2019. El propio presidente Macri admitió públicamente que el actual desequilibrio fiscal resulta “insostenible a mediano plazo”. Está claro que no se puede vivir de prestado permanentemente, aunque no es lo mismo tomar crédito para financiar inversiones que incrementen la capacidad productiva que hacerlo para cubrir gastos corrientes a nivel nacional o provincial.

La apuesta oficial es que el PBI crezca alrededor de 3% anual acumulativo para reducir el peso relativo del Estado y también el de los intereses de la deuda. Sin embargo, esto dependerá en buena medida de una reforma tributaria que reduzca costos e impuestos distorsivos para impulsar la inversión privada y el déficit fiscal no deja demasiado margen.

Para curarse en salud en medio de este círculo vicioso, el BCRA anunció que impondrá límites más estrictos a los bancos para tomar deuda de los gobiernos provinciales, a fin de no incrementar la exposición del sistema financiero. A partir del 1º de agosto, antes de autorizar que las entidades financieras adquieran un título público provincial, requerirá que el pedido de endeudamiento sea analizado por el Ministerio de Hacienda y que dicha deuda cuente con garantía de ingresos. Además, la relación servicios de deuda/ingresos del Estado provincial que emita el título no podrá superar el 20% (con lo cual se reduce a la mitad el actual tope de 40%) y para ese cálculo no se computará exclusivamente la deuda garantizada con el sistema financiero local sino la contraída en el exterior.

Habrá límites más estrictos a los bancos para tomar deuda de los gobiernos provinciales, a fin de no incrementar la exposición del sistema financiero.