Cara y poco trasparente

Editorial

Los argentinos comenzaron la semana pasada a recibir un verdero aluvión publicitario de cara a las próximas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de este mes. Para el ciudadano será tarea imposible eludirlas: son 280 millones de segundos en espacios contratados en 2.706 medios de todo el país: 1.869 radios AM y FM y 837 canales de cable y tevé abierta, sin contar con las publicaciones en redes sociales y otras pantallas.

La profusión de mensajes de los candidatos contrastó con el bajo interés que aún despierta el comicio: según algunas encuestas, menos del 50% de los electores muestra interés en la votación y menos aún sabe exactamente qué se define en estas legislativas.

La primera semana de estos avisos cosechó observaciones y críticas de todo tipo. Desde su costo, estimado en unos 4.000 millones de pesos, a cargo del Estado, hasta la elaboración y calidad del mismo, centrado en críticas generales, el humor y apelaciones a la sensibilidad para generar “nexos emocionales” con los votantes, eludiendo presentar a los candidatos y sus propuestas para el Congreso. Las redes sociales se llenaron de ironías y críticas: avisos de pésima calidad técnica, con formatos “antirradiales y antitelevisivos” que “venden candidatos como detergentes”, entre otras.

Casi al mismo tiempo la Justicia sorprendió con duros pronunciamientos acerca de los manejos poco trasparentes en los partidos de los copiosos fondos de campaña. La jueza federal María Servini de Cubría desaprobó las rendiciones de cuentas de los principales candidatos presidenciales del 2015, considerando que las cifras de ingresos por aportes declarados y los gastos realizados no cierran. Cambios sospechosos en las listas de donantes, aportes personales que podrían encubrir donaciones de empresas prohibidas por ley, cenas de recaudación publicitadas pero no registradas y la omisión de gastos como la fiscalización de los comicios figuran entre las irregularidades. Sin embargo, los partidos eludieron la sanción de bloqueo de nuevos fondos con una apelación. Además, muchos pusieron como responsables a ignotos jubilados y monotributistas.

El poco apego a la transparencia se extiende a esta campaña: más de la mitad de los partidos aún no habilitó cuentas bancarias para que el Estado les deposite los fondos para la campaña y confección de boletas.

En una actividad como la política donde cada paso está planificado al milímetro, no es un descuido inocente. Muchos aprovechan otro agujero del sistema: crean fuerzas que son meros “sellos de goma” que les permiten acceder a cuantiosos fondos sin rendir cuentas: hoy existen casi 40 partidos de orden nacional y unas 650 fuerzas distritales que participan del proceso.

Las evidentes falencias de un sistema donde casi el 90% de los aportes se hace en efectivo, por vías informales y con escasa rendición de cuentas impone una reforma al mismo.

Para algunas organizaciones como ADC y Poder Ciudadano no hace falta replantear todo, sino establecer reglas claras. Entre ellas poner topes a los aportes en efectivo, permitir el aporte de personas jurídicas en la campaña con identificación y límites, blanquear la mayor extensión de los períodos de campaña e impedir que durante éstos se publiciten actos de gobierno, limitando los avisos oficiales. También establecer un mecanismo en línea que permita publicar y auditar en tiempo real aportes y gastos de funcionamiento partidarios y de campaña.

Pero, sobre todo, disponer un sistema efectivo de sanciones, que afecte a los candidatos con penas de multas e inhabilitación y no sólo a partidos y alianzas que se disuelven al final de cada comicio, como sucede hoy.

Un debate que, si bien es poco probable en un año electoral, sería saludable se dé en el corto plazo, para evitar el despilfarro de fondos públicos en campañas que son coladeros de informalidad, pasibles de ser influenciadas por el poder económico y focos de corrupción en los partidos políticos.