Exlíder catalán intenta eludir a la Justicia española desde Bélgica

El destituido expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, era ayer un hombre buscado después de que España emitiera una orden de arresto europeo en su contra. Y el principal interrogante era cuánto tiempo podría eludir la Justicia española manteniéndose en la clandestinidad y demorando el proceso de extradición en Bélgica.

Puigdemont no habló sobre su situación legal en el tuit que envió ayer, dirigido a sus seguidores políticos en el noreste de España. En vez de eso, habló sobre estrategias para la elección de diciembre, convocadas por las autoridades españolas para retomar temporalmente el control de la región rebelde. “Es el momento de que se unan todos los demócratas. Por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y la república”, dijo Puigdemont, avalando llamados a que los partidos políticos secesionistas formen una coalición para los próximos comicios.

Puigdemont y cuatro exconsejeros de su gobierno están siendo buscados por cinco delitos distintos, incluidos rebelión, sedición y malversación, por alentar a legisladores regionales a declarar la independencia de España pese a repetidas advertencias de que eso violaría la constitución española.

Pero cuanto más atrase su arresto y extradición, Puigdemont tendrá más probabilidades de ser un factor en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Todo el proceso en Bélgica, desde la detención a la extradición, incluyendo apelaciones, podría llevar unos dos meses, dijeron expertos legales a The Associated Press.

El ministro belga de Justicia, Koen Geens, señaló el viernes por la noche que su gobierno no intervendrá en el futuro de Puigdemont ni los otros exdirigentes catalanes, porque la orden de arresto europea “es un procedimiento completamente legal”.

Geens agregó que, a diferencia de un proceso normal de extradición internacional, “el Ejecutivo no juega ningún papel en el proceso de la orden de arresto. Todo va a través de comunicación entre las autoridades de justicia”.

El abogado belga de Puigdemont no respondió a pedidos de declaraciones sobre la orden de detención, aunque ha dicho que su cliente combatiría su extradición a España sin pedir asilo político. La fiscalía belga, por su parte, dijo haber recibido la orden de arresto el viernes por la noche y señaló que interrogaría a Puigdemont en los próximos días.

“La estudiaremos y la pondremos en manos de un juez de instrucción”, indicó a AP el portavoz de la fiscalía Eric Van Der Sijpt. “Eso podría ser mañana, al día siguiente o incluso el lunes… No tenemos prisa”.

Puigdemont ha dicho que está dispuesto a cooperar con la justicia belga, pero que ha perdido la confianza en la justicia española, que considera politizada.

La emisión de la orden internacional de arresto por parte de la juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela provocó otra ronda de protestas el viernes por la noche en Cataluña, incluida su ciudad más importante, Barcelona.

“Si [España] quiere demostrar que realmente es democrática, debe dejar en libertad a los líderes de los catalanes”,

comentó Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana.

Felipe González considera que es un “acto de cobardía”

El expresidente del Gobierno español Felipe González criticó con dureza la decisión de quedarse en Bruselas del ex jefe del Ejecutivo catalán Carles Puigdemont.

“Me parece un acto de cobardía, casi de vodevil que deja a los pies de los caballos a sus seguidores y a más de la mitad de su Gobierno”, señaló González en una entrevista concedida en Buenos Aires al diario “Clarín” y al “El País”, y que fue publicada ayer.

Puigdemont y varios de sus exconsejeros se trasladaron a Bélgica tras ser destituidos por el Gobierno central, después de que el Parlamento catalán aprobase la creación de una república independiente. La Justicia española ordenó el viernes su búsqueda y captura al no haber comparecido ante los tribunales como investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.

González considera que si se hubiera utilizado antes el artículo 155 de la Constitución, que permitió intervenir la autonomía de Cataluña, no se estarían desencadenando ahora procedimientos penales como los que llevó a prisión provisional al resto del destituido “Govern” catalán.

“Estoy en contra de la judicialización de la política, porque inevitablemente eso termina con la politización de la justicia”, señaló el exmandatario socialista.

“Pero todo el mundo, o casi todo el mundo, está manifestando su respeto hacia que una señora jueza atienda a la decisión del fiscal y dicte la prisión provisional sin fianza como medida cautelar. La gente respeta, sabe que esa jueza es completamente independiente”, añadió respecto a la orden de prisión ineludible contra los ex consejeros catalanes que permanecieron en España.