El empleo público, muy similar al de la era K

Buscando retomar el control de la agenda, las medidas anunciadas esta semana intentan enviar un doble mensaje: dar por terminado el “caso Triaca” y marcar la cancha de cara a las paritarias que se avecinan.

Recorte del 25% en la planta política del Poder Ejecutivo, congelamiento de haberes para los funcionarios durante el 2018 y la imposibilidad para los ministros de gobierno de contratar familiares fueron las tres novedades. Ninguna de las medidas “hace la diferencia”. Se trata en cambio de una señal de austeridad.

El recorte de la planta política afectaría a unas 1.000 personas según el ministro de Modernización Andrés Ibarra. Si se tiene en cuenta que el total de empleados públicos asciende a 3,5 millones en todo el país, el cambio es marginal. El proyectado ahorro de $ 1.500 millones, representa apenas el 0,05% de la masa salarial que afronta el Estado nacional.

El congelamiento de haberes afecta a funcionarios que cobran entre $ 152.000 y $ 183.000 y no deberían tener dificultades para llegar a fin de mes. La no actualización de los haberes de los funcionarios implicaría un ahorro extra de sólo $ 500 millones.

La veda para la contratación de familiares es quizá el punto más polémico. Hay consenso en cuanto a que el solo hecho de tener un lazo familiar no implica mérito alguno de aptitud para el desempeño en la función pública. La pregunta es si ese mismo lazo de familia implica la “ineptitud” per se. El caso más emblemático es el de María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca. La funcionaria fue designada por la actual gestión como subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud, pero se desempeña en dicha cartera desde hace diez años, en plena gestión K.

Otra pregunta natural es si el mismo criterio que hoy excluye a los familiares de la gestión pública no debió aplicarse para el ingreso al blanqueo de capitales, que benefició entre muchos otros a la familia presidencial.

Pero, más allá del ruido circunstancial del anuncio, el debate cobra valor cuando se consideran los datos y las ideas que sustentan el rumbo elegido.

Telón de fondo

Una vez más, la discusión gira en torno al tamaño del Estado. Una controversia que tiene más de dos siglos y que no es patente nacional, sino que está presente en el corazón de la ciencia económica a nivel global.

Existe por un lado una escuela que podría tildarse de “liberal” o “conservadora” que cree que el Estado debe garantizar la institucionalidad, y ocuparse de proveer marco legal, justicia y seguridad. Todo lo demás puede ser provisto por el mercado. Bajo esta concepción, el Estado debiera ser lo más chico posible. La mirada es utilitarista: yo pago impuestos, el Estado “me debe” servicios.

En la otra vereda, hay una escuela que se adscribe al keynesianismo, y es fortalecida por el estructuralismo latinoamericano, que sin renegar del mercado como institución cree que el rol del Estado es central en la asignación de recursos. La mirada es distributiva: sólo el Estado es capaz de mediar en medio de una puja desigual por la apropiación del ingreso. Bajo esta concepción, la estructura del Estado debiera ser más grande y presente.

A priori, cualquier analista encuadraría al actual gobierno en la primera escuela.

Lo paradójico es que si bien la administración de Cambiemos adhiere a un discurso eficientista desde lo fiscal, durante los primeros dos años de gestión la reducción del tamaño del Estado ha sido ínfima e incluso se ha incrementado la estructura heredada del gobierno anterior. Podría suponerse que los anuncios de esta semana inauguran el verdadero recorte. Durante enero hubo despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en el hospital Posadas, en la mina de Río Turbio y se cerró la planta de Fabricaciones Militares en Azul. En todos los casos se trata de un recorte presupuestario del Estado nacional. Aún así, el ajuste no parece cambiar la ecuación que muestran los datos oficiales en cuanto al empleo público.

Los números

Al hablar del tamaño del Estado, hay una certeza: el crecimiento en el tamaño de éste no se terminó con la llegada del actual gobierno. El infograma adjunto muestra que durante la administración Macri la estructura del Estado nacional creció en promedio un 20%. Difícilmente se logre una reducción sustancial del gasto si en lugar de agrupar reparticiones se las multiplica.

Pero suponiendo que el costo principal de la administración es el empleo, lo lógico es analizar su evolución.

Cuando se observa lo que sucede en el mundo, lo que se registra es diversidad. En los países escandinavos, alrededor del 30% de los trabajadores se desempeña en el Estado. En Francia en cambio, el empleo público llega al 21%, mientras que en España es del 16%, en EE. UU. del 15% y en Japón del 6%. En la región, Uruguay llega al 15%, Chile al 12,5% y Brasil al 12%. En Argentina, según los datos publicados por el Indec este mes, el 16,9% de los trabajadores en actividad se desempeña en el sector público. No luce demasiado diferente a lo que se registra en la región y el mundo.

Para poner en perspectiva, es insoslayable mencionar el crecimiento del empleo público en la era K. En el 2003 había en nuestro país 2,3 millones de empleados públicos. Al asumir Mauricio Macri había 3,5 millones. Es el primer síntoma de la escasa reducción del tamaño del Estado en los últimos dos años.

En este sentido, es necesario observar la evolución del empleo público en los tres niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal. El infograma adjunto que surge del Ministerio de Trabajo de la Nación permite advertir que en el 2016 (último dato disponible) la administración nacional redujo su planta de personal un 0,13% y al mismo tiempo las provincias la elevaron un 0,92% y los municipios un 2,5%. Es evidente que el peso de las jurisdicciones provinciales y municipales es enorme, y que a la hora del recorte la política local juega un papel fundamental. “Nosotros no necesitamos dar ese ejemplo”, declaró esta semana el intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, ferviente promotor de las políticas de Cambiemos en la región, con dos de sus hijos trabajando en el Municipio que él preside.

Pero si lo que se busca es reducir el déficit, lo apropiado es observar la evolución del gasto, para lo cual el dato clave es el peso de la masa salarial que afronta el Estado nacional. El infograma adjunto revela la dinámica de dicha variable en términos reales en base a datos del Ministerio de Hacienda de la Nación. De allí surge que durante la última presidencia de Cristina Kirchner la masa salarial aumentó un 24% en términos reales.

Lo llamativo es lo que sucede hoy. La administración Macri desembarcó en el 2015 predicando eficiencia y modernización del Estado, de hecho se creó un ministerio a tal fin. Dos años después, el costo salarial erogado por el Estado nacional es idéntico en términos reales al heredado de la era K.

El vínculo familiar no supone “aptitud” alguna. La pregunta es si ese vínculo supone “ineptitud”. La medida busca sencillamente mostrar transparencia.

Dato

Los datos oficiales muestran que el costo del empleo público no ha disminuido en los últimos dos años, y es muy similar al heredado del gobierno anterior.