El STJ confirmó la condena contra Saiz por incumplir la ley de Ética Pública

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia contra el exgobernador radical Miguel Saiz de seis meses de prisión en suspenso y 12 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, por el delito de abuso de autoridad.

La condena fue por omitir el inicio de un sumario contra un funcionario suyo, el ex secretario Gabriel Savini, por una posible incompatibilidad.

Saiz –que fue gobernador del 2003 al 2011- no cumplió en el 2010 con la Ley de Etica Pública que lo obligaba a la apertura de sumario frente a la denuncia de la entonces defensora del Pueblo, Ana Piccinini, quien advirtió que Savini era secretario de Control de Gestión de Empresas Públicas y, además, presidente de la firma provincial Edhipsa.

En setiembre del 2015, el camarista penal, Guillermo Bustamante, como juez correccional, condenó a Saiz al entender que se rehusó a “la promoción sumarial requerida por la Defensora del Pueblo”, lo cual se constituyó en un “incumplimiento de la obligación impuesta por la Ley 3550”.

El STJ, con voto rector del juez Ricardo Apcarián, consideró que el exgobernador estaba “ante una actividad reglada de la Administración” que no sólo “establece qué hacer –investigar el hecho denunciado–, sino también cómo –prevención sumaria– y cuándo (en forma inmediata, dentro de las veinticuatro horas se debe notificar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas)”.

En su repaso, Apcarián coincidió en la responsabilidad del exgobernador al omitir las obligaciones regladas.

“Correspondía –afirmó– dar inicio a una investigación sumaria con notificación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas dentro de las veinticuatro horas” . Además destacó que Saiz “ni siquiera dio inicio a un expediente que permitiera asignar un trámite formal a la denuncia”, más allá de omitir “la notificación” a la Fiscalía, “cuya función es precisamente la promoción de las investigaciones de las conductas administrativas de los funcionarios públicos”. Destacó que así se impidió “no una, sino las dos vías previstas por la ley para el mandamiento de la denuncia”.

La resolución del STJ desestima “todo supuesto error”, insistiendo en “el procedimiento ineludible que se debe seguir ante una denuncia es la formación del expediente y la intervención del organismo que eventualmente indique la legislación”.

Los jueces Enrique Mansilla y Sergio Barotto adhirieron al voto de Apcarian mientras que Liliana Piccinini y Adriana Zaratiegui se abstuvieron frente a la mayoría lograda.

Prisión en suspenso

La causa fue iniciada por una denuncia de la entonces defensora del pueblo Ana Piccinini, quien advirtió la incompatibilidad de Gabriel Savini.