Envían a la Fiscalía de Estado las compras del tedeum

Proveedores reclaman el pago de más de medio millón de pesos

BARILOCHE (AB).- El gobierno rionegrino enviará a la fiscalía de Estado el expediente de las contrataciones realizadas para el tedeum del 25 de mayo de 2012, que permanecen impagas, “para que ese organismo analice cada caso en particular e indique los mecanismos necesarios para regularizar el procedimiento administrativo de cada uno de los mismos”, informó ayer la Secretaría General de la provincia. A la vez, el gobernador Alberto Weretilneck anunció aquí que iniciará una investigación interna para analizar el comportamiento de los funcionarios que actuaron en las contrataciones. Unos 30 proveedores de las actividades realizadas en Bariloche reclamó la semana anterior el pago de más de medio millón de pesos por diversos servicios contratados, entre ellos la sala del teatro La Baita, artistas locales, servicio de catering y transporte. Altas fuentes del gobierno provincial revelaron que hay facturas que no podrían pagarse porque el que autorizara el desembolso podría quedar incurso en un grave delito penal. Añadió que a los pequeños acreedores se buscará la manera de pagarles. En esa misma línea, la Secretaría General que conduce Hugo Lastra reconoció ayer de manera oficial que, “efectivamente hasta el momento no se ha pagado la deuda generada por ese evento”. “A pesar de haberse podido comprobar en la mayoría de los casos la real y efectiva prestación del servicio, en algunos de ellos se está analizando la razonabilidad del precio”, se informó. “El gobernador ha dado instrucciones para regularizar la situación, dentro de las vías que establece la Ley de Procedimiento Administrativo”, se añadió en la comunicación, en respuesta a una consulta de “Río Negro”. La ley que regula las contrataciones “habilita sólo en caso excepcional la figura del legítimo abono cuando no se han seguido los procedimientos habituales” siempre y cuando “exista una recepción real y efectiva del bien o servicio, que estén debidamente justificadas las razones de la excepcionalidad del procedimiento utilizado por el funcionario que dispuso el gasto y que se pueda justificar la razonabilidad del importe a ser pagado”, dijo la Secretaría General.


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