“La Escuelita” V: piden penas de 17 a 10 años para 5 militares y dos policías

Los fiscales Miguel Angel Palazzani y Jorgelina D’Alessandro pidieron penas de reclusión efectiva para los cinco militares y dos policías imputados por los secuestros y torturas de las que fueron víctimas Félix Oga y Alipio Quijada (fallecido), durante la dictadura militar del 76. Entre otros delitos les imputaron privación ilegítima de la libertad y tormentos.

En el cierre de un extenso y detallado alegato los fiscales pidieron que se condene a los militares Oscar Lorenzo Reinhold a 17 años de cárcel; a Víctor San Martín, Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Jorge Di Pasquale a 15 años; a Gustavo Vitón y a Antonio Camarelli, éste de la Policía de Río Negro, a 12 años; y a Jorge Soza, de la Policía Federal, a 10 años.

La audiencia se llevó a cabo en la mañana de hoy en el salón de AMUC conducida por los jueces Eugenio Krom, presidente, Orlando Coscia, Pablo Díaz Lacava y Alejando Silva, este último cuarto juez.

Los fiscales dieron por probada con amplitud la participación de los acusados en los hechos, a partir de una profusa prueba testimonial reunida a partir de las declaraciones de Oga y de testigos y documentos que obran en la causa.

Oga, quien era estudiante de ingeniería, fue secuestrado en la casa de sus padres en Catriel y luego de pasar por la Unidad 9 de Neuquén fue recluido en varias cárceles del país. Quijada era un trabajador exonerado de UNC y fue llevado de su casa en Cutral Co.

Como lo hizo en juicios anteriores, ayer Jorge Soza -el único que tiene participación presencial en el juicio-, prestó declaración en la que se limitó a negar cualquier responsabilidad en los hechos que se le imputan y se negó a responder preguntas.

Hubo otros dos hechos que se destacaron en la jornada. Uno fue la participación Inés Rigoni, madres del desaparecido Oscar Alfredo Ragni, quien le pidió al tribunal que en las próximas audiencias hagan participar, de manera presencial y no a través de video conferencia como lo vienen haciendo, a todos los imputados. Puso el acento en modo particular en Jorge Eduardo Molina Ezcurra, quien semanas atrás reconoció que en algunas ocasiones asumió el rol de jefe del Departamente de Inteligencia 182.

El otro fue el pronunciamiento unánime de los miembros del tribunal, haciendo lugar al planteo del defensor oficial Fernando Ovalle, con la adhesión de su par Gabriela Labat, para que no se les permita alegar y pedir condena a los querellantes de Asamblea por los Derechos Humanos Neuquén (APDH) y del Centro de Profesionales de los Derechos Humanos (Ceprodh), en razón de que en su momento no hicieron el pedido de elevación a juicio. Sólo les quedará la posibilidad de adherir a la acusación fiscal.

Ante la consulta Mariana Dernis y Natallia Hormazábal (Ceprodh) y Juan Cruz Goñi (APDH), cuestionaron la decisión e hicieron reserva de casación.