El juez Igoldi se defendió y la próxima semana se define su futuro

El Consejo de la Magistratura decidirá si destituye o no al magistrado, en el marco del juicio político donde fue acusado de “mal desempeño y arbitrariedad”.

El Consejo de la Magistratura, constituido en Tribunal del juicio político contra el juez Favio Igoldi, tendrá hasta el martes a las 8.30 para decidir y dar a conocer si destituye o no al magistrado, que fue acusado en el alegato de la procuradora general, Silvia Baquero Lazcano de “mal desempeño y arbitrariedad” en la toma de las decisiones jurisdiccionales, por lo que pidió el desplazamiento de su cargo.

Por su parte, el propio juez ejerció su defensa aduciendo que la titular del Ministerio Público “no hizo el mínimo esfuerzo por probar la arbitrariedad”.

Le endilgó ser “genérica” en sus imputaciones y dijo que “no pudo demostrar ningún acto de arbitrariedad, ¿dónde quedó acreditado que no agoté las investigaciones?”, sostuvo.

En cuanto a las resoluciones de la Cámara revocando, anulando o directamente apartándolo de algunas causas, Igoldi recordó que “hay fallos del Superior Tribunal de Justicia cuestionando a otros magistrados en términos mucho más duros que los que se han escuchado acá” y agregó que “los votos guías, agresivos o sin fundamentos son de Carlos Reussi o de Guillermo Bustamante” más allá de la intervención de otros camaristas en la conformación de los Tribunales de alzada.

Igoldi, durante el juicio que comenzó el lunes último, criticó con dureza a los dos camaristas, a quienes vinculó con el poder político y sobre los cuales puso en duda la idoneidad e imparcialidad.

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A su turno, su defensor Ricardo Montanari dijo que se le está reprochando a Igoldi “haber actuado con razonabilidad” e indicó que “demostró hasta el cansancio su prudencia”. Calificó al magistrado suspendido como un “juez probo, imparcial, trabajador, es el tipo de juez que queremos los ciudadanos”. Por eso, solicitó el rechazo y archivo de todas las actuaciones.

El tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 6 a las 8.30 cuando se anuncie la sentencia del juicio político.

Está presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarian e integrado además por los legisladores Leandro Lescano, Alejandro Ramos Mexia y Silvia Morales y los abogados Gervasio Vallatti, Luciana Albaiteiro y Gastón del Castaño deberá resolver si destituye o no al juez acusado.

Las acusaciones contra el juez Igoldi

La procuradora general Silvia Baquero Lazcano acusó a Igoldi de haber actuado con arbitrariedad manifiesta en varias causas, algunas de mucha trascendencia pública. Por ejemplo, se le imputa al magistrado haberle tomado declaración indagatoria y procesar a los pocos días al ex juez del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas, quien al presentarse a la audiencia se excusó de declarar mediante un certificado médico que daba cuenta de su impedimento psicológico y físico para hacerlo.

Además, en la investigación del incendio intencional del Juzgado 4, se le adjudicó haber denegado allanamientos y detenciones que podrían haber aportado mayores pruebas luego de haber mantenido un cruce de opiniones con la fiscal interviniente.

En otro expediente que involucra al secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi, se le atribuye también haber indagado a otro de los acusados que presentó un certificado médico de su hija, a la que acompañó a ser atendida.

Se le imputó no haber evacuado citas en otras causas de delitos comunes y no haber agotado la investigación en otras.

En varias de esos casos hubo revocaciones, nulidades o apartamientos del magistrado, por parte de la Cámara Criminal.


El suspendido juez Favio Igoldi responsabilizó al poder político y al Poder Judicial de Río Negro por el juicio político que se lleva adelante desde ayer en su contra, en el marco de la investigación del Consejo de la Magistratura por disfunciones presuntamente cometidas en el ejercicio de su función.

“Fui hostigado por el poder político desde el mismo momento que asumí”, dijo Igoldi ayer, al hablar durante casi dos horas ante el Tribunal encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián, e integrado por los abogados Gervasio Vallati, Luciana Albaiteiro y Gastón del Castaño y los legisladores Silvia Morales Leandro Lescano y Alejandro Ramos Mexía.

Inicialmente, el defensor del juez acusado, Ricardo Montanari, planteó recusaciones y nulidades que en sendas resoluciones fueron rechazadas por los consejeros.

La acusación

Luego se leyó el requerimiento presentado por la Procuradora General Silvia Baquero Lazcano, quien acusó a Igoldi de haber incumplido disposiciones de orden público pese a los reiterados llamados de atención de ambas salas de la Cámara del Crimen.

Le endilgó haber actuado por impulso y siguiendo sus emociones y no haber otorgado el derecho a defensa en causas como la generada a partir del incendio intencional del Juzgado 4, la acusación contra el exintegrante del Superior Tribunal de Justicia Víctor Sodero Nievas por el uso de viáticos y patrimonio del Poder Judicial para uso personal, una causa por el supuesto desvío de un millón de pesos del que se acusaba a los sindicalistas Juan Carlos Scalesi y Rubén Pereira, por no haber evacuado citas de testigos o imputados en varios hechos de delitos comunes, no agotar la investigación del homicidio de un comerciante de apellido Gómez ocurrido en esta capital, entre otros casos.

Igoldi admitió que en algunas de sus decisiones pudieron existir errores, pero no disfuncionalidades. Adjudicó a cuestiones de criterio jurídico algunas de las diferencias con las Cámaras y enfatizó sus críticas a sus integrantes y sus vínculos con la política.

“Hay elementos objetivos para considerar que esto se trata no de querer sacar un juez malo, sino todo lo contrario, dejar un juez que puede ser eficiente, independiente y objetivo cuando le lleguen causas contra la administración pública fuera de sus funciones”, sostuvo.

Reparto de críticas

para todos lados

En su defensa, el juez Igoldi evocó una “amenaza del gobernador Weretilneck hacia todos los magistrados de la provincia” cuando se emitió “una gacettilla oficial atacándome burdamente” tras el inicio de la causa por los seguros de vida de Carlos Soria. Luego acusó al camarista Guillermo Bustamante de ser amigo de quien hoy está detenido por una de las causas de corrupción de menores, Juan Bernardi. “Me animé a tocar a uno de los intocables”, dijo Igoldi. También acusó al juez Reussi de haberle pedido al momento de asumir en su lugar que “no llamara a indagatoria al exgobernador -Miguel- Saiz antes de las elecciones”, indicó.

Vinculó a Bustamante con los legisladores Facundo López y Adrián Casadei -quien fue sumariante en esa causa-.

Además, marcó sus diferencias con la fiscal Itziar Soly.


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