25 años de impunidad en Río Colorado

Archivo

RÍO COLORADO (ARC).- El asesinato despiadado de dos adolescentes, el domingo 12 de marzo de 1989, sacudió a toda la provincia de Río Negro y una investigación que extendió por más de una década nunca llegó al esclarecimiento. Sergio Sorbellini de 19 años y su novia Raquel Lagunas, de 17, salieron de paseo en una bicicleta tándem y fueron encontrados brutalmente asesinados y torturados en un descampado en las afueras de la ciudad, cerca de un canal de riego. Los cuerpos presentaban varios impactos de bala, marcas de quemaduras de cigarrillo y uno de ellos tenía signos de haber sido orinado. La crueldad del ataque conmocionó a los riocoloradenses, ante un entramado con fuertes sospechas de implicancias policiales y políticas. Acerca del móvil de los crímenes se tejieron muchas hipótesis y nadie descartó que estuviera estrechamente ligado al contrabando de ganado al sur de la barrera del río Colorado, hacia donde sólo se podía pasar carne sin hueso, una actividad que dejaba jugosos dividendos a quienes la practicaban. La instrucción del caso estuvo a cargo del entonces juez Fernando Bajos, mientras que el fiscal Guillermo Leskovar Garrigós, acusó a Mario Oscar González y a Raúl García por los crímenes. En 1990 se hizo el juicio oral y público en esta localidad, donde una multitud asistió a diario a las audiencias y vio cómo el fiscal de Cámara, Eduardo Scilipotti, pidió que se los condenara a prisión perpetua, pena que dictaron los jueces Aldo Rolando, Raúl Bosch y Rafael de la Rosa, mientras que el otro imputado, Héctor Fabián Llavel, fue dejado en libertad por falta de mérito. Pero tres años más tarde los detenidos, considerados chivos expiatorios de una causa armada, fueron liberados al demostrarse su inocencia. De poco sirvió haberse comprobado numerosas anomalías durante la instrucción, como el ocultamiento o destrucción de pruebas, entre las que se encontraba el cambio de proyectiles para incriminar a los condenados, o sustituir la bombacha de Raquel. El repaso de la historia da cuenta que los policías responsables de las investigaciones fueron Juan Carlos Moyano, Rodolfo Bohlman, el comisario inspector Héctor Almendra, Viterbo Castro y Raúl Reynaldo Pérez. También se describió que en una segunda autopsia, realizada años después en los cuerpos de las víctimas, se encontraron más proyectiles y de otros calibres y que no estaban en los informes oficiales. Posteriormente el perito balístico y el forense Julio Arriola y Andrés Ferreras, respectivamente, fueron enjuiciados por falso testimonio agravado con sentencia condenatoria, mientras que el juez Fernando Bajos fue removido por mal desempeño de sus funciones. En 1998 se creó por ley la comisión legislativa –formada por los diputados provinciales Eduardo Chironi (Frepaso), Alcides Pinazo (PJ) y Marta Mayo (UCR)– para investigar la causa, que actualmente no tiene detenidos. En cinco meses de trabajo, la comisión destrozó todas las pruebas con las que la Cámara condenó a dos inocentes por el doble crimen. A pesar de una infinidad de movimientos y presión con marchas multitudinarias, el caso continúa sin resolución y es una llaga en la piel de cada adulto riocoloradense, mientras que los más jóvenes heredan la tenebrosa historia ocurrida en esta parte del país, que se resiste a olvidar y mantiene viva la esperanza, aun cuando hace 25 años que la justicia mantiene esa deuda pendiente.