Judiciales van a la Defensoría del Menor

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NEUQUEN (AN)- Los empleados judiciales nucleados en Sejun resolvieron manifestar su apoyo a la Defensoría del Menor y el Adolescente con una marcha que se realizará el próximo jueves y que llegará a la sede del organismo, en rechazo a la propuesta de reforma de la ley 2.302, promovida por el gobierno provincial, a través del ministro de Trabajo y Seguridad Luis Alberto Manganaro.

Esta medida se inscribirá también en el contexto de una jornada de protesta nacional, propuesta por la Federación Nacional de Empleados Judiciales, que sumará a trabajadores de Misiones y Córdoba.

La mesa de conducción de Sejun se reunió el sábado último en esta ciudad. Unos 60 dirigentes resolvieron ir al edificio del organismo conducido por Nara Osés, Edith Galarza y Mónica Amicone, «en apoyo a los funcionarios, y para defender el marco normativo en vigencia».

Así, el jueves, entre las 9 y las 11 en Alberdi 52 informarán sobre «los alcances de la actual ley y las razones por las cuales nos oponemos a la reforma», en consonancia con otros sectores sociales y sindicales.

Luis Rubio, secretario gremial, manifestó que para que los judiciales puedan participar de la jornada se dispondrá un paro entre las 9 y las 12. Indicó que participarán estatuas vivientes y otros artistas que harán presentaciones alegóricas con la ley 2302 «y a la estructura que se pretende afectar» como ejes principales.

Ese día la manifestación también ofrecerá otras aristas. Dos de ellas serán la continuidad del pedido de recomposición salarial y «la lucha para conseguir la vigencia de la plena democracia dentro del Poder Judicial».

Asimismo, los judiciales confirmarán en los próximos días una propuesta de paro provincial, en conjunto con la CTA, de la cual forman parte, para la primera quincena de septiembre. En este caso, la medida buscará una «recomposición salarial, la democratización de la riqueza», y también que el «Poder Judicial no devenga mero apéndice del Poder Ejecutivo», dijo Héctor Andrés, representante de los judiciales en el ISSN.

También fustigaron la propuesta «de acotar los plazos de investigación de las fiscalías que lleven delitos contra la administración pública a 60 días, mientras este criterio no se hace extensivo a otras áreas». Y criticaron «la propuesta del diputado Marcelo Inaudi de llevar la jurisdicción de los amparos al TSJ».