Una catástrofe todavía no bien percibida

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En la discusión sobre los contratos petroleros y el problema ambiental se suelen mencionar cifras que carecen de fundamento. Es casi una constante en declaraciones de políticos y notas periodísticas la afirmación de que «el pasivo por la actividad petrolera en la provincia del Neuquén es de mil millones de pesos». Lo curioso es que se menciona esa cifra como si fuera muy grande, cuando la realidad supera por mucho ese valor. Aunque se tiene una cierta percepción del problema, la sociedad aún no ha dimensionado con precisión la magnitud catastrófica del daño por la actividad extractiva.

Se define como pasivo ambiental los costos de los trabajos que se deberían realizar para remediar los daños a la ecología causados por las actividades humanas. La producción petrolera y gasífera es por mucho la principal actividad económica de Neuquén, no obstante no se han hecho estudios completos de sus pasivos. El único antecedente serio es el estudio encargado por el Estado provincial en 1997 al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que fue titulado «Emergencia ambiental, hidrocarburos. Compen- sación y desarrollo sustentable de la provincia del Neuquén. Proyecto ARG/97 /024». Fue realizado como consecuencia de la enorme contaminación por derrames producidos en la zona de Rincón de los Sauces en marzo de ese año. Sus resultados permiten sacar algunas conclusiones y realizar proyecciones.

Abarca los yacimientos de El Trapial, Chihuidos de la Sierra Negra y Puesto Hernández, a cargo de tres empresas líderes, sólo durante los años 1991 y 1997, es decir, luego de la privatización de YPF. La superficie abarcada es de 555.000 hectáreas, lo que constituye menos del seis por ciento del territorio provincial y aproximadamente el diez por ciento de las zonas trabajadas con algún tipo de actividad exploratoria o extractiva.

La seriedad del trabajo y su imparcialidad están fuera de toda duda. En el cuadro adjunto se precisa la magnitud de los daños ocasionados, que suman casi 550 millones de dólares. Sin embargo no contemplan la totalidad de los daños a la humanidad, porque no se sumaron los valores correspondientes a las emisiones de gases de invernadero (venteos y gases de combustión, cuyas cifras deben ser majestuosas), porque ese daño no impacta localmente sino en la atmósfera global.

Algunos de los perjuicios son socialmente intolerables, y su remediación y prevención no admiten demoras. Por empezar, la deuda emergente a los propietarios superficiarios por desvalorización y pérdida de productividad de sus campos. Los deterioros del suelo, la vegetación y la biodiversidad son de una extensión y gravedad inusitadas: el PNUD calculó en 188 millones los costos de reparación por pérdidas de la cobertura vegetal por picadas sísmicas, plataformas de trabajo y otras formas de desertificación, así como las pérdidas en cantidad y calidad de especies zoológicas, todo lo que redunda en una caída del valor económico de las propiedades.

Además, la geodinámica torrencial de las cuencas espontáneas hidráulicas ha sido alterada drásticamente por los movimientos de suelos de las empresas operadoras. Las consecuencias se vieron dramáticamente en el desastre mencionado de Rincón de los Sauces. Es sólo una cuestión de tiempo y del azar la repetición de hecatombes similares, a menos que los responsables realicen las obras de restauración necesarias.

Otro impacto mal percibido por la sociedad es la destrucción permanente de un recurso crítico para las generaciones futuras: el agua dulce. El estudio al que nos referimos menciona la cuestión muy livianamente y la subvalora, por lo que queremos enfatizarla con datos propios: estimamos en 200.000 metros cúbicos por día lo que las empresas petroleras quitan del caudal de nuestros ríos para ser utilizado en recuperación secundaria. El agua queda retenida en el subsuelo y se pierde para otros usos. Para dimensionar el problema, digamos que esa cifra supera lo que se consume en la ciudad de Neuquén. El daño es doble pues no sólo se está perdiendo un recurso, sino que además no se paga un peso por ese estrago. Compárese con el turbinado de esa misma agua con fines energéticos: no se destruye el recurso y se liquidan regalías importantes para la provincia. Hay que exigir que las empresas en falta terminen con esa actividad, que por supuesto no practican en sus países de origen, y hay que reclamar que el Estado asuma su papel de control. Las aguas de los ríos Colorado y Neuquén no pueden ser birladas de esa manera, la sociedad debe impedirlo.

A estas calamidades se suman otras que figuran en el cuadro adjunto. Se puede ensayar una proyección de lo medido en esa zona hacia toda la región petrolera de Neuquén en el tiempo y el espacio. Hay que tener en cuenta que la superficie afectada debe ser multiplicada por diez y que, según el tipo de daños, el tiempo de afectación debe comenzar a contarse desde por lo menos la década de los años «30, en los que la actividad tomó dimensiones importantes. También debe tenerse en cuenta que en algunos yacimientos, como el de Loma de la Lata, la conmoción ecológica es muy importante, en profundidad y extensión, habiéndose verificado, por ejemplo, altísimos niveles de contaminación en las napas acuíferas.

Con esas precauciones podemos estimar el pasivo ambiental hidrocarburífero en toda la provincia desde el inicio de la actividad: la deuda del Estado nacional (dueña de YPF antes de su privatización) y de las empresas privadas con la sociedad neuquina es no menor a los 4.000 millones de dólares, sin contemplar emisión de gases de invernadero. Dado que es una proyección, la cifra debe ser tomada como un piso y confirmada por los estudios correspondientes, que deben realizarse científicamente tomando cada daño por separado. Cuando se realice dicha investigación, seguramente los números superarán por mucho esta estimación.

La situación es tal que se agrava con el paso del tiempo, por una cuestión técnica y contable: cuando los yacimientos son jóvenes, como el de Loma de la Lata, la remediación de los daños no repercute en los flujos de fondo de las empresas y las tasas de retorno apenas se ven afectadas. Pero en yacimientos declinantes, como Rincón de los Sauces, el pasivo ambiental crece y tiende a tornar negativas las tasas de retorno de explotación. La consecuencia es que las firmas son propensas a rehuir al cálculo de sus deudas ecológicas o a desvalorizarlas. Es más difícil remediar cuanto más pasa el tiempo.

Sería muy desagradable encontrarse dentro de 30 ó 40 años con una provincia con su petróleo agotado y con su medio ambiente destruido. Por ello urge la acción de los estados nacional y provincial para que las empresas responsables incorporen estos pasivos en sus contabilidades y se comprometan a su solución. En la actual renegociación de las concesiones, estas cuestiones no deberían quedar afuera. Y la ciudadanía debería emprender una cruzada para poner en su lugar un tema del que mucho se habla, pero que todavía no ha sido valorado en su enorme magnitud negativa, en el presente y en el futuro de toda la región.

*Secretario de la Fundación Felipe Sapag