Pesadilla moderna

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La muerte, a raíz del golpe asestado por un cascote que pesaba más de un kilo que fue tirado desde un puente, de un pasajero de un micro que viajaba desde la costa atlántica hacia la Capital Federal, ha provocado consternación en buena parte del país, desatando una viva polémica en torno de la seguridad en las autopistas que el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf dice es de responsabilidad federal -o sea, de la Alianza-, a pesar de que la concesionaria vial se haya acostumbrado a pagar un millón de pesos anuales a la Policía provincial con la esperanza de que los uniformados les brinden a los usuarios la protección debida. Sin embargo, la razón por la cual el episodio luctuoso ocasionó una reacción tan fuerte tiene menos que ver con los temas aludidos, que con la sospecha inmediata de que los culpables de matar a Luis Avellaneda eran jóvenes procedentes de una de las villas miseria por las que pasa la autopista. Después de todo, el que una persona haya muerto en una carretera no es ninguna novedad: es notorio que las rutas argentinas estén entre las más peligrosas del mundo y que en ellas los accidentes mortales sean comunes. Tampoco es insólito que un acto de violencia al parecer gratuito haya segado la vida de un ciudadano pacífico: todos los días, hombres y mujeres no tan distintos de Avellaneda mueren baleados o apuñalados sin que su tragedia personal interese mucho a los medios de comunicación o a los políticos.

¿Por qué, pues, causó tanta impresión esta muerte en una de las vías de acceso a la Capital? Porque son muchos los que dan por descontado que jóvenes procedentes de los “bolsones de pobreza” que se encuentran a lo largo y lo ancho del país están listos para saquear a los demás, atacándolos en la calle o desvalijando sus casas, y por lo tanto quisieran que la policía actuara con más agresividad. Se trata de un sentimiento acaso comprensible que Ruckauf está resuelto a aprovechar. Frente a la muerte del hombre en la ruta que conecta La Plata con la Capital y antes de que fuera posible conocer la identidad de su autor, el gobernador aseveró que “hay que entrar en los lugares en crisis y buscar a los delincuentes. Estos delitos son consecuencia de una política demasiado débil para el delito … No hay que tener tantos miramientos respecto del sistema jurídico, y cambiarlo de una vez por todas”, etc. En otras palabras, la “solución” propuesta por Ruckauf consistiría en entrar en las villas a sangre y fuego a fin de capturar a los presuntos responsables de asaltar a ciudadanos decentes, planteo que sin duda alguna está ampliamente difundido en el país.

Sin embargo, aunque aquí es habitual atribuir a jóvenes de los sectores más pobres crímenes como el que redundó en la muerte del pasajero del micro, la verdad es que pudo haber sido obra de adolescentes de cualquier nivel socioeconómico. Hace apenas un mes, una corte alemana sentenció a hijos de militares estadounidenses a varios años en un reformatorio estatal por un acto idéntico que fue motivado no por la miseria o por la ignorancia, sino por la emoción que les causaba a los jóvenes aterrorizar con impunidad aparente a los automovilistas. Asimismo, de ser tan evidente como tantos suponen el vínculo entre la “exclusión” y la violencia asesina, el país sería un aquelarre porque son millones los que están en la indigencia y muchos de ellos viven cerca de autopistas por las que viajan quienes desde su punto de vista son ricos, pero mal que les pese a los teóricos, trátese de izquierdistas que aplaudirían o, cuando menos, dirían comprender la violencia “justiciera”, o derechistas como Ruckauf que desprecian la supuesta debilidad del “sistema jurídico”, no es tan frecuente como los más suponen que pobres jóvenes se ensañen con sus compatriotas de clase media. Por el contrario, la inmensa mayoría es respetuosa de la ley y de tener más oportunidades dejaría de plantear problemas a los demás. Por cierto, no constituyen una fuerza enemiga contra la cual las personas “decentes” tendrán que defenderse, ya creando una suerte de zona libre entre sus barrios y las rutas usadas por la clase media u ordenando a policías bien armados a irrumpir en “los lugares en crisis” con la finalidad de eliminar a elementos presuntamente peligrosos.