Ex funcionarios del Central complicaron más a Pou

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BUENOS AIRES.- Los testimonios de tres ex funcionarios del Banco Central que declararon ayer ante la comisión especial parlamentaria, encargada de evaluar la gestión de Pedro Pou, habrían complicado aún más la situación del banquero.

Según relataron a DyN dos legisladores que integran la comisión «las declaraciones registradas hoy fueron condenatorias» para Pou, ya que aportaron información que demostraría que el funcionario «no utilizó» los mecanismos que tenía a su alcance para controlar el flujo de dinero.

Documentos relacionados con los últimos cuatro años de actividad del ex Banco República, que perteneció a Raúl Moneta, fueron secuestrados en un allanamiento realizado ayer por orden del juez federal Gustavo Literas.

Tras un par de horas de tarea, los efectivos de la Federal se llevaron del lugar «abundante cantidad de papeles que testimonian cuatro años de vida del Banco República».

La aspiración de la comisión bicameral apunta a tener para el lunes un dictamen sobre la suerte de Pou en la función pública, que servirá para aconsejar al presidente Fernando De la Rúa.

La idea del órgano parlamentario es continuar hoy a partir de las 10.30, con los testimonios de otros dos ex funcionarios del Banco Central y de uno que aún trabaja en la entidad (aunque estaría cerca de abandonar).

Mañana, en tanto, serían convocados los actuales directores del Banco Central (seis de los nueve que integran el directorio ya adelantaron su voluntad de concurrir) y el viernes quedaría para el descargo del propio Pou.

De acuerdo con lo relatado por las fuentes consultadas, «la idea generalizada en la comisión es emitir el dictamen a más tardar en los primeros días de la semana próxima», ya que no llegarán a tiempo para hacerlo el viernes, como pensaban hasta ayer, por el tiempo que demoran las exposiciones de los convocados para brindar testimonio.

Los cinco miembros de la comisión, los senadores Mario Losada (UCR), Alcides López (UCR) y Carlos Verna (PJ), y los diputados Raúl Baglini (UCR) y Víctor Peláez (UCR), escucharon ayer, durante cinco horas, a tres ex funcionarios que abandonaron la entidad por sus discrepancias con el directorio.

Los convocados, que al igual que los que concurrirán hoy reclamaron mantener en reserva su identidad, fueron previamente seleccionados y sondeados por Peláez, quien siempre fue el impulsor de la idea de escuchar a funcionarios del propio banco.

Los tres testigos explicaron cómo funciona orgánicamente en los hechos el Central y comprometieron a su presidente al afir-mar, de acuerdo con la versión de los legisladores, que «el poder real del banco reside en la Superintendencia de control y en Pou, y todo lo que hace la Superintendencia es conocido por Pou. Hay información que ni siquiera pasa por el directorio pero sí por Pou».

Ejemplificaron su exposición con datos relacionados con supuestas maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el Banco Mendoza y el Banco República, como la sobrefacturación de inmuebles para justificación patrimonial y adulteración de informes financieros.

Por otra parte el asesinado ejecutivo Mariano Perel aseguró en un escrito, de su puño y letra, que Pedro Pou tenía dinero en un fondo de inversión que utilizaba para sus operaciones un «holding» uruguayo.

«Pou, el presidente del Banco Central nuestro, tiene plata pero no en los fondos A o B (donde tenía su dinero Perel), sino como cliente de Banca Privada. Lo opera su hermano y usa una holding uruguaya que le maneja Jorge Mercurio», reza textual el párrafo dedicado al titular del Central en los escritos del asesinado Perel. (DyN/Télam)

Preocupa el destino de documentos

BUENOS AIRES- El diputado nacional demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez se mostró «inseguro» respecto del destino que pueda correr la documentación secreta sobre lavado de dinero si queda en manos del gobierno.

«Si en estos años el gobierno no hizo nada, los fiscales no hicieron nada, la justicia avanzó y retrocedió, que esta información quede en manos del gobierno y no de quienes han investigado, da inseguridad», enfatizó el legislador.

Gutiérrez aludió además a «operaciones observadas por el Banco Central en el Banco República y en el Banco Macro, y (a que) el señor (jefe de Gabinete, Chrystian) Colombo proviene de la estructura del banco Macro».

«Nosotros no sabemos si tiene responsabilidades o no, o si estas operaciones observadas por BC lo involucran a él, pero supongo que el presidente (Fernando De la Rua) habrá observado estos antecedentes y lo ha ratificado».

El legislador mendocino subrayó que el funcionario «tendrá que explicar personalmente cuál ha sido su relación con el banco Macro, que no es un banco más porque, al igual que el República, compró los bancos de todo el norte, y actualmente maneja los bancos de Misiones, de Jujuy, de Santa Fe y una parte del de Corrientes».

Dijo que el contenido de 26 cajas en poder de los senadores norteamérica-nos que contienen nombres y cifras de dinero vinculadas con presuntas maniobras del lavado de dinero serán enviadas al país a través de la Cancillería.

Las documentación iba a llegar al país en manos de los diputados Gutiérrez y la radical Elisa Carrió, pero luego el embajador argentino en Washington, Guillermo González, solicitó al Senado estadounidense que sean entregadas formalmente al gobierno. (Télam)

Menem querella a Carrió

BUENOS AIRES (DyN)- El ex presidente Carlos Menem querelló ante la justicia a la diputada radical Elisa Carrió, por haberlo vinculado con operaciones de lavado de dinero. Menem tomó esa decisión «ante la comisión de acciones reprochables penalmente, dirigidas a lesionar mi crédito y honor».

«Me reservo el derecho a promover o-portunamente acción civil para reclamar el pertinente resarcimiento indemnizatorio, cuyo monto, lo aclaro desde ya, será dona-do a una institución de bien público», dijo.

En su presentación sostuvo que Carrió «viene agrediéndome y ofendiéndome en forma sistemática desde muchos años atrás y hoy, desde el llano, no puedo admitirlo y, por ello, propongo la pertinente intervención jurisdiccional».

Sostuvo que Carrió «persigue deshonrarme de manera absolutamente directa y sin que pueda quedar ningún tipo de duda». Además, consignó en «dos grandes títulos» los que consideró agravios por parte de la legisladora aliancista, el primero de ellos que «Moneta era testaferro de Carlos Menem» y el segundo, denominado «La garantía» del ex mandatario sobre el lavado de dinero del narcotráfico.

Respecto del primer punto, fundamentó: «Subyace, sin embargo, la idea de que el señor Moneta resultaba quien aparecía visiblemente en operaciones que celebrara el suscripto -tal el carácter real del término testaferro-, y, si tales operaciones eran el producido de maniobras vinculadas al lavado de dinero producto de la corrupción política, de la evasión o del narcotráfico, tal los conceptos declamados por la imputada, el contenido agraviante luce patentemente acreditado».

En cuanto al segundo, estableció: «Al atribuirme el carácter de garante de un megaproyecto de lavado de dinero por narcotráfico, por corrupción y por negocios que todavía no están claros, me ha colocado en el rol de partícipe -artículo 45 del Código Penal- en conductas, perfectamente descriptas, y contempladas por el Código Penal».