Defensas derribadas

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Cuando Horacio Jaunarena era ministro de Defensa en el gobierno del presidente de Raúl Alfonsín impulsó, lo mismo que otros miembros del gabinete, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no por una cuestión de principios, sino porque entendía muy bien que la democracia recién restaurada podría suicidarse si insistía en procesar a todos los militares que habían cometido delitos en el curso de la guerra sucia, empresa que, en buena lógica, hubiera supuesto meter al noventa por ciento de los integrantes de las Fuerzas Armadas en campos de concentración, alternativa que por motivos evidentes resultaba inconcebible. Por fortuna, a partir de entonces mucho ha cambiado, de suerte que incluso en el caso no demasiado probable de que la Corte Suprema decidiera ratificar el fallo del juez federal Gabriel Cavallo según el cual ambas leyes son inconstitucionales y por lo tanto inválidas, abriendo así la puerta a la reanudación de los juicios contra muchos personajes vinculados con la represión ilegal, la reacción castrense no sería tan brutal como era razonable prever en 1986. Con todo, puede entenderse el enojo que siente Jaunarena, quien horas después de volver al ministerio se halló frente a un nuevo brote de malestar castrense provocado por el magistrado. Aunque el rencor de los militares ante la imposibilidad de dejar atrás de una vez y para todas los acontecimientos truculentos de hace veinte años no redunde en una reedición de los motines multitudinarios que tantos dolores de cabeza ocasionaron a Alfonsín primero y a su sucesor Carlos Menem después, los uniformados podrían exteriorizar sus sentimientos de muchas otras formas. Asimismo, de reabrirse todos los expedientes, la desmoralización resultante no podrá sino obstaculizar los intentos del gobierno de modernizar las Fuerzas Armadas para que estén en condiciones de continuar cumpliendo funciones realmente útiles al servicio del país.

Lo que preocupa a Jaunarena es el hecho de que, como señaló, de ahora en adelante se hará «indefinida la situación de muchas personas», inquietud que, claro está, comparten plenamente los jefes militares, algunos de los cuales tienen motivos para temer que sin las leyes destinadas a amnistiar al grueso de los violadores de los derechos humanos ellos mismos se hubieran visto obligados a elegir entre alzarse en rebelión y resignarse a un período acaso prolongado en una cárcel. Si bien en principio el fallo del juez Cavallo sólo afectaría a ocho personas, su eventual aplicación general no tardaría en incidir en una cantidad muy grande de otras causas, al facilitar a los abogados de diversas organizaciones resueltas a poner a los militares en el banquillo de los acusados, un instrumento que les permitiría atrapar a muchos individuos que se habían creído definitivamente impunes. Es de suponer que por este motivo el gobierno espera que la Corte Suprema lo libre del problema confirmando la constitucionalidad de las leyes anuladas por Cavallo aunque, por motivos políticos evidentes, preferirá no confesarlo en público.

En 1986, al país le convino mucho más tranquilizar a los militares asegurándoles que aparte de una minoría conformada por los jefes y algunos monstruos auténticos nadie sería juzgado por sus delitos, que emprender un curso que con toda probabilidad hubiera desembocado en otro golpe castrense. ¿Y en el 2001? Por fortuna, en la actualidad el problema planteado por la incapacidad no sólo de los militares sino también de la clase dirigente en su conjunto de un cuarto de siglo atrás de hacer frente dentro de la ley al terrorismo en gran escala de inspiración totalitaria es mucho menos sencillo de lo que era cuando la democracia renacida hacía sus pinitos. Ya no es una cuestión de optar entre un intento heroico de subordinar todo, incluyendo el futuro del país, a la ley por un lado y, por el otro, el reconocimiento de que sería necesario aprovechar una salida política que, a pesar de ser menos pusilánime que la elegida por la nueva democracia española, muchos tomarían por una claudicación, sino de tratar de conciliar los intereses legítimos de víctimas inocentes de la violencia institucionalizada con el deseo tanto de los militares como de buena parte de la sociedad de que sea eliminada una de las muchas lacras que nos ha legado un pasado vergonzoso.