Enfoques distintos
En el Estado hiperpolitizado, cualquier reforma para hacerlo eficaz y austero será resistida.
Para sorpresa de nadie, no bien se difundieron los nombres de los funcionarios que conformarían el primer equipo del nuevo ministro de Economía, Ricardo López Murphy, políticos radicales y frepasistas comenzaron a poner el grito en el cielo, protestando con tanta virulencia contra la incorporación de personas de ideas que consideran peligrosas que la Bolsa porteña cayó repentinamente. Tal reacción por parte de los políticos pudo entenderse. La presencia en el gobierno de hombres como Daniel Artana, Manuel Solanet y Federico Sturzenegger fue más que suficiente como para advertirles que el ministro se ha propuesto intentar una reforma draconiana del Estado con miras a hacerlo menos despilfarrador y más eficiente. Sería de suponer que nadie podría oponerse a tales objetivos, pero ocurre que para virtualmente todos los políticos profesionales del país, la función principal del Estado consiste en suministrarles una cantidad inagotable de puestos donde colocar a sus propios aliados y colaboradores. No se trata necesariamente de ñoquis -muchos de los que son nombrados por razones netamente partidarias hacen un esfuerzo denodado por cumplir bien sus tareas-, pero así y todo el sistema así supuesto resulta perverso por muchos motivos, uno de los cuales es que incluso un cambio a primera vista insignificante requiere de un regateo político feroz, que podría involucrar al presidente mismo. De avanzar una reforma auténtica, diversos sectores del «ala política» del gobierno perderían mucho terreno, el que, desde luego, procurarán recuperar atacando con furia renovada las medidas impulsadas por sus «enemigos» del Ministerio de Economía.
Según algunos optimistas, sería perfectamente posible eliminar hasta 20 mil millones de pesos anuales del gasto público global, pero parecería que por ahora el gobierno se conformaría con 2 ó 3 mil millones. Sin embargo, aunque el jefe de Gabinete Chrystian Colombo insiste en que no habrá despidos ni rebajas salariales, incluso un corte relativamente modesto daría pie a una multitud de conflictos políticos y gremiales: debido a la extrema politización del sector público, hasta los ajustes más moderados suelen brindar frutos decepcionantes, mientras que una reforma integral sólo podría producirse en medio de una crisis incomparablemente más grave que la desatada por las vicisitudes de la gestión de José Luis Machinea. La resistencia virulenta de los políticos y de los sindicalistas contra cualquier reforma del Estado, por menor que fuera, explica por qué buena parte del país vive bajo la impresión de que desde hace diez años una serie de ministros «neoliberales» está librando una guerra despiadada contra el Estado, reduciéndolo a dimensiones absurdamente pequeñas, cuando la realidad es, como han señalado diversos economistas, que en dicho lapso los ingresos de los empleados públicos aumentaron un sesenta por ciento, mientras que en el sector privado se redujeron en el veinte por ciento.
Bajar los costos del Estado, pues, será una empresa sumamente difícil. También lo sería lograr que el sector público se hiciera capaz de funcionar con un mínimo de eficacia: en la actualidad, no puede llevar a cabo las tareas más rudimentarias, detalle que sólo preocupa a los correligionarios del encargado de manejar las distintas reparticiones cuando amenaza con resultarles electoralmente costosísimo. La razón es la misma. En el Estado hiperpolitizado, cualquier modificación será resistida por facciones que son reacias a permitir que otras intervengan en lo que toman por su propio feudo y que, para defenderse, no vacilarán en entregarse a maniobras internas encaminadas a obligar a los reformadores a batirse en retirada. Aunque la ciudadanía en su conjunto sabe muy bien que el Estado es a la vez deficiente y demasiado costoso, su deseo de verlo transformado en un instrumento eficaz que contribuya al desarrollo del país sencillamente no puede ser interpretado por políticos que están acostumbrados a considerar el sector público una parte legítima del botín electoral y toman las diversas reparticiones por territorios que les es necesario defender aun cuando resulta penosamente evidente que los responsables de administrarlas no están en condiciones de hacerlo.
Para sorpresa de nadie, no bien se difundieron los nombres de los funcionarios que conformarían el primer equipo del nuevo ministro de Economía, Ricardo López Murphy, políticos radicales y frepasistas comenzaron a poner el grito en el cielo, protestando con tanta virulencia contra la incorporación de personas de ideas que consideran peligrosas que la Bolsa porteña cayó repentinamente. Tal reacción por parte de los políticos pudo entenderse. La presencia en el gobierno de hombres como Daniel Artana, Manuel Solanet y Federico Sturzenegger fue más que suficiente como para advertirles que el ministro se ha propuesto intentar una reforma draconiana del Estado con miras a hacerlo menos despilfarrador y más eficiente. Sería de suponer que nadie podría oponerse a tales objetivos, pero ocurre que para virtualmente todos los políticos profesionales del país, la función principal del Estado consiste en suministrarles una cantidad inagotable de puestos donde colocar a sus propios aliados y colaboradores. No se trata necesariamente de ñoquis -muchos de los que son nombrados por razones netamente partidarias hacen un esfuerzo denodado por cumplir bien sus tareas-, pero así y todo el sistema así supuesto resulta perverso por muchos motivos, uno de los cuales es que incluso un cambio a primera vista insignificante requiere de un regateo político feroz, que podría involucrar al presidente mismo. De avanzar una reforma auténtica, diversos sectores del "ala política" del gobierno perderían mucho terreno, el que, desde luego, procurarán recuperar atacando con furia renovada las medidas impulsadas por sus "enemigos" del Ministerio de Economía.
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