Cualquier aumento en el presupuesto educativo supondría ya un nuevo impuestazo, ya «ajustes» para otros sectores.

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Cualquier aumento en el presupuesto educativo supondría ya un nuevo impuestazo, ya «ajustes» para otros sectores.

Como era de prever, la posibilidad de que el presupuesto educativo sea recortado desató una marejada de protestas docentes y estudiantiles protagonizadas no sólo por sindicalistas y militantes universitarios sino también por rectores y ciudadanos que se sienten alarmados por el peligro que se cierne sobre la educación pública. No es la primera vez que haya ocurrido y con toda seguridad no será la última. Según todos los comentaristas, la educación pública siempre ha ocupado un lugar de privilegio en la cosmovisión de la clase media que la considera un camino, acaso el único, que le permitirá progresar. ¿Es así? Sólo en parte, por desgracia, porque si bien abundan los que están más que dispuestos a sumarse a una marcha de protesta contra los acusados de querer subordinar la educación a «los mercados», pocos manifiestan interés en hacer mucho más.

La verdad es que si el entusiasmo por la educación fuera tan profundo como tantos proclaman, la situación actual no sólo del sector sino también del país en su conjunto sería radicalmente distinta. Aunque todos los gobiernos de los tiempos últimos han sido denunciados por su negativa a invertir más en la preparación de los jóvenes, los intentos de persuadir a los que están en condiciones de hacerlo a aportar un poco más a los fondos educativos se han visto repudiados con indignación. Es lo que sucedió cuando el presidente Carlos Menem quería gravar a los automovilistas y empresas de transporte a fin de costear un aumento salarial para los docentes, iniciativa que sirvió para provocar una rebelión ciudadana que, de más está decirlo, contó con la plena aprobación de muchos que días antes habían estado manifestando su solidaridad con los maestros. Dicho de otro modo, todos están en favor de invertir más en la educación siempre y cuando ellos mismos no tengan que sacrificar nada.

La actitud de grupos de presión estudiantiles como la Franja Morada radical es muy similar. Se oponen ferozmente tanto a los aranceles como a cualquier esquema destinado a asegurar que quienes tienen los recursos suficientes paguen un poco por la instrucción que, gracias a todos los contribuyentes – incluyendo a los indigentes que, lo mismo que los demás, pagan IVA -, están recibiendo so pretexto de que están defendiendo los derechos de los pobres a disfrutar de una educación universitaria gratuita. Sin embargo, nadie ignora que las universidades públicas constituyen un feudo de la clase media en que los retoños de familias relativamente acomodadas – según las modestas pautas argentinas, se entiende – pueden conseguir los diplomas que los convierten en «doctores» o «licenciados». Muy pocos hijos de obreros logran entrar y, de todos modos, las becas que les permitirían estudiar escasean, de suerte que lo lógico sería que los frutos del arancelamiento sirvieran para subsidiarlas como es el caso en virtualmente todos los países del primer mundo. Por supuesto, ningún líder estudiantil que se precie soñaría con aceptar este planteo y es por eso que nuestras universidades, lo mismo que sus equivalentes de ciertos otros países latinoamericanos, están entre las causas básicas de la brecha económica creciente que separa a la clase media de la multitud de pobres.

Mal que bien, cualquier aumento del presupuesto educativo supondría ya un nuevo impuestazo, ya «ajustes» para otros sectores. Así las cosas, los convencidos de lo fundamental que es la educación deberían tratar de persuadir a la clase política y a «la gente» de la necesidad de que los vinculados con reparticiones estatales menos importantes admitan postergar sus aspiraciones financieras para que los docentes perciban más y las universidades puedan emprender reformas encaminadas a mejorar sustancialmente su calidad. ¿Lo harán? Es muy poco probable. A juzgar por la experiencia de los cien años últimos, durante los cuales muchos maestros y catedráticos universitarios han aprendido a vivir de una miseria, la pasión que siente la sociedad en su conjunto por la educación es meramente platónica, en el sentido popular de la palabra, y cualquier sugerencia de que comience a tomar sus presuntas ideas en torno a ella al pie de la letra y de actuar en consecuencia es considerada no meramente ridícula sino también políticamente indecente.