Estado de flujo
Sería positivo que comenzara a dibujarse un nuevo mapa político, con dirigentes decididos a tomar medidas antipáticas.
Para desconcierto de todos, incluyendo sin duda a los legisladores mismos, el largo debate parlamentario en torno de la «ley Cavallo» dio lugar a una serie de divisiones insólitas que no correspondieron en absoluto a las tradicionales. Mientras que una coalición abigarrada de radicales, frepasistas, peronistas, cavallistas y provinciales se manifestaba en favor de otorgarle por lo menos algunas facultades especiales al gobierno, los integrantes de otra coalición de origen partidario similar, con la excepción previsible de los cavallistas, se opusieron por completo a la propuesta por aferrarse a la separación de poderes, por ser contraria a cualquier estrategia que sabe a capitalismo o, en el caso de algunos diputados, por rencor personal. Frente a este panorama confuso, muchos se han preguntado si estamos en vísperas de un realineamiento político fundamental, de una especie de barajar y dar de nuevo de los naipes legislativos, o si sólo se trata de una aberración momentánea atribuible a una emergencia.
Es probable que estén en lo cierto aquellos que dan por descontado que una vez superado el revuelo provocado por la incorporación al gobierno de Domingo Cavallo las lealtades partidarias se reafirmarán, dejando todo más o menos como estaba antes, pero sería positivo que se hubieran equivocado y que realmente comenzara a dibujarse un nuevo «mapa» político. Entre las causas más evidentes del deterioro de la política como tal, tanto en nuestro país como en muchos otros, ha estado la resistencia de los legisladores a actualizar su forma de pensar a fin de adecuarla a las circunstancias imperantes, con el resultado de que lo que aglutina a los partidos principales no es una ideología, doctrina o actitud general compartida, sino la rutina y el capital político supuesto por años de militancia. Como es natural, los partidos así conformados propenden a perder interés en las ideas, sobre todo si son polémicas, y en los principios, transformándose gradualmente en asociaciones de ayuda mutua cuyos miembros se limitan a reivindicar las presuntas glorias del pasado, sin prestar mucha atención a los problemas difíciles -y por lo tanto divisivos- planteados por el presente.
No sería nada fácil intentar analizar los motivos de cada uno de los legisladores que votaron en pro o en contra de la ley Cavallo en general o en sus diversos capítulos -como siempre, su postura se debió a una mezcla de convicciones y de lealtades personales-, pero parecería que los primeros creen que la crisis es tan grave que realmente es necesario permitir que el ministro de Economía actúe sin tener que respetar los tiempos forzosamente lentos del Congreso, mientras que sus contrincantes piensan que ninguna situación aún concebible justificaría la suspensión de algunas facultades propias del Poder Legislativo. En cuanto a los méritos globales del «plan Cavallo», pocos han opinado sobre ellos, sin duda por sentirse agradablemente sorprendidos por su apariencia escasamente «neoliberal», aunque sí se han preocupado por detalles a su entender sensibles relacionados con la estabilidad de empleo de los estatales, sector que cuenta con el respaldo firme de una parte sustancial de la clase política.
De todos modos, lo que muchos ya han calificado de «nueva alianza» será más conservadora o, si se prefiere, más realista que la «nueva oposición» y, de consolidarse, se mantendría en base a la conciencia de sus miembros de que es imposible gobernar sin estar dispuestos a tomar medidas impopulares y dar la cara respaldándolas. En cuanto a los opositores, su posición en defensa de la separación de poderes es muy respetable, pero lo sería todavía más si reconocieran que en medio de una crisis el Congreso ha de mostrarse tan preparado como el gobierno para impulsar cambios antipáticos. Al fin y al cabo, la razón por la cual casi todos los bloques parlamentarios -lo mismo que las líneas internas- se han escindido no ha consistido en el deseo de Cavallo de erigirse en un mandamás pertrechado de poderes excepcionales, sino en la resistencia terca de tantos parlamentarios a darse por enterados antes de llegar el país al borde de la cesación de pagos de que la crisis económica era auténtica y que por este motivo era urgente tomar medidas encaminadas a restaurar la confianza.
Para desconcierto de todos, incluyendo sin duda a los legisladores mismos, el largo debate parlamentario en torno de la "ley Cavallo" dio lugar a una serie de divisiones insólitas que no correspondieron en absoluto a las tradicionales. Mientras que una coalición abigarrada de radicales, frepasistas, peronistas, cavallistas y provinciales se manifestaba en favor de otorgarle por lo menos algunas facultades especiales al gobierno, los integrantes de otra coalición de origen partidario similar, con la excepción previsible de los cavallistas, se opusieron por completo a la propuesta por aferrarse a la separación de poderes, por ser contraria a cualquier estrategia que sabe a capitalismo o, en el caso de algunos diputados, por rencor personal. Frente a este panorama confuso, muchos se han preguntado si estamos en vísperas de un realineamiento político fundamental, de una especie de barajar y dar de nuevo de los naipes legislativos, o si sólo se trata de una aberración momentánea atribuible a una emergencia.
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