Mensaje mortífero

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Acaso la frase más célebre que haya formulado en toda su vida el gobernador bonaerense y aspirante a la presidencia de la Nación Carlos Ruckauf fuera la pronunciada durante la campaña electoral cuando afirmó que «hay que meter bala a los homicidas». Como el ex ministro de Justicia León Arslanian ha señalado, aquella exhortación truculenta ha tenido consecuencias nada felices para los habitantes de la provincia de Buenos Aires. En el curso de la gestión de Ruckauf, se han multiplicado las muertes de inocentes alcanzados por balas presuntamente destinadas a delincuentes que fueron disparadas por policías que, es de suponer, estaban deseosos de ganar la recompensa de cinco sueldos que el gobernador se ha comprometido a dar a quienes participen en acciones peligrosas exitosas. Para colmo, a pesar de – o a causa de – la mayor violencia policial, en la jurisdicción de Ruckauf la delincuencia no ha cesado de intensificarse, lo cual es comprensible porque los criminales, conscientes de que muchos agentes sueñan con «meterles bala» sin preguntarles sus intenciones, sienten aún menos respeto que antes por la vida de los demás ciudadanos. Tal actitud tiene su lógica: ¿qué perderían matando si de todos modos están en la mira de los policías?

Según Arslanian, son muchos los hombres del gobierno de Ruckauf que tratan de satisfacer el clamor popular formulando declaraciones y tomando medidas «sin medir el grado de racionalidad». En otras palabras, lo único que les interesa es brindar una impresión de dureza implacable y no les importa la eventual eficacia de la estrategia resultante. Por supuesto, en política es normal que los dirigentes menos escrupulosos privilegien las apariencias por entender que tarde o temprano se traducirán en los votos que les permitirán aumentar su propio poder, pero cuando de la seguridad se trata lo que está en juego no es sólo el dinero aportado por el contribuyente sino también vidas humanas.

Luchar contra el crimen no es nada fácil y en la Argentina desmoralizada actual, plagada de corrupción, desidia y conflictos de intereses, el desafío que plantea es sumamente complicado. Por razones evidentes, no pueden funcionar las estrategias planteadas, abierta o disimuladamente, por los decididos a atribuir todos los delitos a la falta de justicia social, tratando a los criminales como si fueran víctimas del «modelo». Sin embargo, tampoco sirven para mucho las estrategias contrarias basadas en la violencia indiscriminada impulsada por los que parecen resueltos a volver el reloj atrás, a los días más siniestros del Proceso en que los fusilamientos sumarios eran normales y la tortura estaba institucionalizada.

Antes de entrar en su etapa culminante la campaña electoral de 1999, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en aquel entonces en manos del candidato presidencial Eduardo Duhalde, procuraba modernizar, es decir, profesionalizar la Policía Bonaerense, pero Ruckauf, convencido de que a los votantes les resultaría más atractiva una política menos burocrática y más rudimentaria, pudo abortar las reformas que estaban en marcha, decisión que en seguida dio lugar a «la masacre de Ramallo», el resultado de un operativo electoralista que salió mal debido a la torpeza apenas creíble de los efectivos involucrados. Si bien a partir de la caída en desgracia de Aldo Rico, matón al cual Ruckauf había confiado el Ministerio de Seguridad de la provincia, los encargados de luchar contra la delincuencia han dado señales de entender que la tarea dista de ser tan sencilla como supone el gobernador, tendrá que transcurrir mucho tiempo más antes de que la jurisdicción más importante del país pueda contar con una fuerza policial realmente profesional que esté en condiciones de proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos honestos. Mientras tanto, seguirán produciéndose los incidentes provocados por policías enamorados del «gatillo fácil», morirán personas inocentes – por lo común, menores de edad -, y la Policía Bonaerense, lejos de disfrutar de la confianza de la gente, seguirá siendo considerada una fuerza hostil y peligrosa, imagen que, huelga decirlo, no le ayuda del todo en la lucha contra el crimen.