Desfase fatal
Es lógico que los funcionarios del FMI se hayan mostrado tan reacios a contestar enseguida los pedidos
Como muchos políticos y otros se encargarán de informarnos, el acuerdo que acaba de producirse entre el gobierno del presidente Fernando de la Rúa y el FMI nos obligará a emprender una serie de reformas traumáticas que hasta hace muy poco hubieran sido calificadas de «políticamente inviables», lo cual, dirán, supondría la subordinación del país a la voluntad extranjera. Sin embargo, tal interpretación, si bien previsible a la luz del discurso político que es tradicional entre nosotros, será tendenciosa. De quererlo, la Argentina – mejor dicho, su clase dirigente -, podría repudiar cualquier exigencia foránea sin que a nadie se le ocurriera intentar someterla por la fuerza, pero no es demasiado probable que elija hacerlo porque no está dispuesta a pagar los costos, que sin duda alguna serían enormes, de la independencia.
La causa básica de la crisis que se ha apoderado del país consiste en que casi todos aspiran a compartir plenamente la bonanza material y las ventajas sociales que han sido posibilitadas por el capitalismo liberal pero muchos, encabezados por los líderes del establishment político-social, se resisten a permitir que el país evolucione de tal modo que esté en condiciones de producirlas. Mientras que nuestras expectativas son resueltamente primermundistas, nuestro sistema económico, político, jurídico y social sigue siendo en buena medida tercermundista. Como es natural, el desfase así supuesto es una fuente permanente de tensiones. Además, al lograr los comprometidos con un orden penosamente atrasado a demorar la puesta en marcha de las reformas que serán necesarias para que el país se adapte al mundo tal y como efectivamente es, los cambios exigidos se han hecho cada vez mayores y por lo tanto la oposición más desesperada, de ahí la «crisis» al parecer terminal de los meses últimos.
Que la mayoría de los políticos, los sindicalistas, muchos intelectuales y, claro está, el clero se hayan aferrado al statu quo puede entenderse. Se han jugado por planteos que les suponían ciertos beneficios y no les hace ninguna gracia que les aseguren que no sólo se han equivocado sino que también están contribuyendo a depauperar a millones de compatriotas que confiaban en ellos. Puede que a raíz de los temores ocasionados por la proximidad de un colapso algunos hayan cambiado de opinión, aceptando que dadas las circunstancias les convendría hacer las paces con el sistema internacionalmente dominante, pero aún así no hay motivos para creer que estemos en vísperas de la conversión en masa que tendría que concretarse para que el país se adapte con un costo mínimo a la nueva situación provocada por la imposibilidad de continuar viviendo de los créditos externos.
La Argentina es un país occidental. Esto quiere decir que sus dirigentes, a diferencia de los gobernantes afganos, por ejemplo, sencillamente no pueden considerar la opción de anteponer la lealtad hacia lo que toman por el orden tradicional a los atractivos ofrecidos por la «sociedad de consumo» democrática, capitalista y liberal que se ha conformado en Estados Unidos, Europa y el Japón. Con todo, aunque la miseria elegida por principio no es una alternativa real, son muchos los dirigentes que insisten tercamente en conservar su parte particular del orden que está agonizando, esforzándose por prolongar su vida algunas semanas o meses más, a pesar de que ya no quepa duda alguna de que nunca podrá dar al país lo que virtualmente todos están reclamando. Es lógico, pues, que los funcionarios del FMI y los dirigentes de los países ricos se hayan mostrado tan reacios a contestar en seguida a los pedidos de ayuda. Si realmente estuvieran convencidos de que de ahora en adelante la clase dirigente argentina se dedicaría a impulsar los cambios requeridos para que el país pudiera asemejarse más a los «modelos» primermundistas, hubieran firmado cheques por cualquier monto, pero a pesar de no tener por qué creer que todos los responsables del destino nacional hayan optado por abandonar la «lucha» contraproducente contra la modernización, en esta ocasión por lo menos han preferido correr el riesgo de tirar más dinero en lo que hasta ahora ha resultado ser el barril sin fondo más notorio del mundo contemporáneo, a la alternativa aún más peligrosa de dejar el problema argentino en manos de «los mercados».
Como muchos políticos y otros se encargarán de informarnos, el acuerdo que acaba de producirse entre el gobierno del presidente Fernando de la Rúa y el FMI nos obligará a emprender una serie de reformas traumáticas que hasta hace muy poco hubieran sido calificadas de "políticamente inviables", lo cual, dirán, supondría la subordinación del país a la voluntad extranjera. Sin embargo, tal interpretación, si bien previsible a la luz del discurso político que es tradicional entre nosotros, será tendenciosa. De quererlo, la Argentina - mejor dicho, su clase dirigente -, podría repudiar cualquier exigencia foránea sin que a nadie se le ocurriera intentar someterla por la fuerza, pero no es demasiado probable que elija hacerlo porque no está dispuesta a pagar los costos, que sin duda alguna serían enormes, de la independencia.
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