Inmigración y racismo
La aprobación por Arizona de una ley según la cual pueden ser sancionados los inmigrantes indocumentados ha provocado una reacción furiosa en muchas partes de América Latina donde se ha visto denunciada por “racista” ya que, como es notorio, una proporción sustancial de los aproximadamente 12 millones de personas en Estados Unidos que carecen de papeles es “hispana”, la mayoría de origen mexicano. También se han celebrado manifestaciones masivas en un centenar de ciudades norteamericanas. Aunque es de suponer que los indocumentados mismos están convencidos de que deberían abolirse los controles fronterizos para que todos puedan mudarse a cualquier país desarrollado si así lo desean, escasean los gobiernos latinoamericanos dispuestos a abrir sus propios países a la inmigración indiscriminada. En México las leyes son notablemente severas: no tener los papeles en regla es un delito federal que se castiga con hasta dos años de cárcel, los deportados que intentan volver se arriesgan a pasar diez años entre rejas y aquellos mexicanos que los ayudan son considerados delincuentes. Por lo demás, las autoridades mexicanas tratan con una dureza excepcional a los centroamericanos que ingresan en su territorio sin cumplir antes los trámites exigidos. Puede imaginarse, pues, la indignación que estallaría si a los gobernantes de un estado norteamericano se les ocurriera basar sus leyes inmigratorias en las del país que está encabezando la campaña contra Arizona, jurisdicción que, de todos modos, se ha limitado a resucitar medidas que en teoría rigen en todo el país desde que fueron aprobadas por el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt. Lo mismo que en Europa, en Estados Unidos la mayoría se siente sumamente molesta por lo que toma por “una invasión” tercermundista, mientras que muchos integrantes de la clase política y los empresarios más prósperos preferirían encontrar una forma de legitimar la situación existente, brindando a los indocumentados la oportunidad de salir del limbo legal con facilidad relativa. Sin embargo, hace un par de años un proyecto de ley en tal sentido impulsado por el senador republicano John McCain, el demócrata Edward Kennedy y apoyado por el presidente George W. Bush, se vio repudiado por el Congreso cuyos miembros temían por su propio futuro electoral. De más está decir que desde entonces la actitud popular frente a la inmigración clandestina no se ha hecho más tolerante y es muy poco probable que la agitación ocasionada por lo sucedido en Arizona, donde vive casi medio millón de ilegales, contribuya a hacerlo. Por el contrario, podría radicalizar mucho más a los ya persuadidos de que la inmigración descontrolada plantea un peligro a su país o, cuando menos, a los ingresos de los obreros que se vean obligados a competir en el mercado laboral con gente habituada a la pobreza extrema. Los problemas provocados por la inmigración en gran escala hacia América del Norte y Europa se han agravado mucho últimamente a causa de la crisis económica y de las fricciones culturales que están produciéndose. Felizmente para los norteamericanos, la mayoría abrumadora de los inmigrantes indocumentados procede de América Latina y por lo tanto puede asimilarse sin demasiadas dificultades: llama la atención la gran cantidad de banderas estadounidenses que suelen verse en las marchas organizadas para protestar contra legislación considerada anti-hispana. En Europa, en cambio, parecería que el grueso de los inmigrantes musulmanes no tiene interés alguno en asimilarse; cuando las organizaciones que dicen representarlos celebran protestas, a menudo subrayan su voluntad de aferrarse a sus costumbres ancestrales quemando la bandera del país anfitrión. Sea como fuere, aunque a diferencia de “las minorías” en Europa los hispanos en Estados Unidos hacen gala de su deseo de asimilarse, sería inútil negar que la inmigración masiva plantee problemas muy serios y que por lo tanto no les convendría del todo a los preocupados por el destino de las decenas de millones de latinoamericanos que quieren transformarse en norteamericanos procurar intimidar a quienes, al fin y al cabo, aprovecharán el derecho a votar en las próximas elecciones legislativas de su país para respaldar a candidatos que comparten el malestar que sienten por cambios demográficos que a su juicio los han perjudicado.
La aprobación por Arizona de una ley según la cual pueden ser sancionados los inmigrantes indocumentados ha provocado una reacción furiosa en muchas partes de América Latina donde se ha visto denunciada por “racista” ya que, como es notorio, una proporción sustancial de los aproximadamente 12 millones de personas en Estados Unidos que carecen de papeles es “hispana”, la mayoría de origen mexicano. También se han celebrado manifestaciones masivas en un centenar de ciudades norteamericanas. Aunque es de suponer que los indocumentados mismos están convencidos de que deberían abolirse los controles fronterizos para que todos puedan mudarse a cualquier país desarrollado si así lo desean, escasean los gobiernos latinoamericanos dispuestos a abrir sus propios países a la inmigración indiscriminada. En México las leyes son notablemente severas: no tener los papeles en regla es un delito federal que se castiga con hasta dos años de cárcel, los deportados que intentan volver se arriesgan a pasar diez años entre rejas y aquellos mexicanos que los ayudan son considerados delincuentes. Por lo demás, las autoridades mexicanas tratan con una dureza excepcional a los centroamericanos que ingresan en su territorio sin cumplir antes los trámites exigidos. Puede imaginarse, pues, la indignación que estallaría si a los gobernantes de un estado norteamericano se les ocurriera basar sus leyes inmigratorias en las del país que está encabezando la campaña contra Arizona, jurisdicción que, de todos modos, se ha limitado a resucitar medidas que en teoría rigen en todo el país desde que fueron aprobadas por el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt. Lo mismo que en Europa, en Estados Unidos la mayoría se siente sumamente molesta por lo que toma por “una invasión” tercermundista, mientras que muchos integrantes de la clase política y los empresarios más prósperos preferirían encontrar una forma de legitimar la situación existente, brindando a los indocumentados la oportunidad de salir del limbo legal con facilidad relativa. Sin embargo, hace un par de años un proyecto de ley en tal sentido impulsado por el senador republicano John McCain, el demócrata Edward Kennedy y apoyado por el presidente George W. Bush, se vio repudiado por el Congreso cuyos miembros temían por su propio futuro electoral. De más está decir que desde entonces la actitud popular frente a la inmigración clandestina no se ha hecho más tolerante y es muy poco probable que la agitación ocasionada por lo sucedido en Arizona, donde vive casi medio millón de ilegales, contribuya a hacerlo. Por el contrario, podría radicalizar mucho más a los ya persuadidos de que la inmigración descontrolada plantea un peligro a su país o, cuando menos, a los ingresos de los obreros que se vean obligados a competir en el mercado laboral con gente habituada a la pobreza extrema. Los problemas provocados por la inmigración en gran escala hacia América del Norte y Europa se han agravado mucho últimamente a causa de la crisis económica y de las fricciones culturales que están produciéndose. Felizmente para los norteamericanos, la mayoría abrumadora de los inmigrantes indocumentados procede de América Latina y por lo tanto puede asimilarse sin demasiadas dificultades: llama la atención la gran cantidad de banderas estadounidenses que suelen verse en las marchas organizadas para protestar contra legislación considerada anti-hispana. En Europa, en cambio, parecería que el grueso de los inmigrantes musulmanes no tiene interés alguno en asimilarse; cuando las organizaciones que dicen representarlos celebran protestas, a menudo subrayan su voluntad de aferrarse a sus costumbres ancestrales quemando la bandera del país anfitrión. Sea como fuere, aunque a diferencia de “las minorías” en Europa los hispanos en Estados Unidos hacen gala de su deseo de asimilarse, sería inútil negar que la inmigración masiva plantee problemas muy serios y que por lo tanto no les convendría del todo a los preocupados por el destino de las decenas de millones de latinoamericanos que quieren transformarse en norteamericanos procurar intimidar a quienes, al fin y al cabo, aprovecharán el derecho a votar en las próximas elecciones legislativas de su país para respaldar a candidatos que comparten el malestar que sienten por cambios demográficos que a su juicio los han perjudicado.
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