Novedades espurias

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Motivados por el deseo saludable de ser más «constructivos» que el gobierno mismo, tanto los peronistas como los radicales se han puesto a hablar últimamente de la conveniencia de «reprogramar» la deuda externa, reestructurándola «consensuadamente» con los acreedores. Se trata de un planteo muy razonable, pero ocurre que de nuevo no tiene nada porque desde hace años el gobierno de turno ha estado procurando convencer a los representantes de los acreedores de que sería de su interés aceptar estirar el calendario de pagos e incluso conformarse con menos de lo originalmente pactado. Después de todo, ¿qué fue el «megacanje» sino un episodio más de la «reestructuración» de la deuda? En cuanto a la «renegociación», otra palabra que les suena bien a los aspirantes a pensar en iniciativas en su opinión innovadoras, se trata de un proceso que ya es rutinario.

Claro, lo que peronistas, radicales y muchos más realmente quieren sería que los acreedores, conscientes de que tal como están las cosas la Argentina no está en condiciones de soportar el peso de la deuda, optaran por darla por perdida, reconociendo que en última instancia insistir en cobrar sin demora les resultaría menos provechoso que aportar a la salvación de la economía nacional. En teoría, tal alternativa podría tener sus méritos, pero en realidad es muy poco probable que muchos acreedores la vieran así. La situación sería muy distinta si el grueso de la deuda estuviera en manos del FMI, de algunos gobiernos extranjeros de un puñado de bancos gigantescos, pero sucede que, como es notorio, está repartida entre decenas de miles de inversores, muchos de ellos argentinos, cada uno de los cuales tendría pleno derecho a iniciar un juicio contra las autoridades de nuestro país en el caso de que dejaran de honrar sus obligaciones. Procurar «consensuar» una «reestructuración» con esta multitud, pues, supondría una empresa quijotesca. Además, puesto que casi todos los acuerdos incluyen cláusulas según las cuales las eventuales disputas legales serían juzgadas en Estados Unidos -por lo común, en el Estado de Nueva York-, las perspectivas de conseguir algunas ventajas reestructurando los pagos de forma no consensuada son aproximadamente nulas.

Así las cosas, los únicos que poseen la capacidad para lograr los resultados deseados por los que dicen creer que si la deuda fuera «reprogramada» la Argentina podría pagarla sin demasiadas dificultades son las grandes instituciones internacionales, de las cuales la más significante sigue siendo el FMI y los gobiernos de los países más ricos. De convencerse éstos de que el país realmente estuviera decidido a llevar a cabo las reformas necesariamente profundas que durante tanto tiempo la clase dirigente se ha resistido a emprender, podría interesarles un rescate en gran escala que por sus consecuencias equivaldría a una «reestructuración consensuada» realmente drástica aunque, claro está, ningún acreedor se vería constreñido a hacer concesiones. Por ahora, empero, ni los técnicos fondomonetaristas ni los funcionarios del gobierno estadounidense confían en que la Argentina esté por cambiar, de ahí su voluntad de prestarle ayuda con cuentagotas siempre y cuando cumpla rigurosamente con la ley de déficit cero.

De sentirse seguros de que la Argentina pronto se transformaría en un país «normal», el FMI y los gobernantes de los países más poderosos podrían estar dispuestos a encargarse de su deuda externa, interponiéndose entre el deudor moroso y los acreedores impacientes, pero en tal caso el panorama se habría modificado tanto que la ayuda así supuesta ya no sería crucial. La razón por la que el país se ha deslizado hacia el borde del «default» consiste en que a juicio de «los mercados» los dirigentes políticos no tienen ninguna intención de permitir que sus finanzas sean manejadas de manera racional. Si los inversores y ahorristas se convencieran de que suficientes líderes nacionales se hubieran comprometido con la disciplina fiscal, el acceso renovado al crédito internacional haría manejable la deuda externa sin que fuera necesaria la «reestructuración» formal en gran escala con la que tanto dirigentes están soñando.