Jubilaciones móviles
Aunque el gobierno nacional hubiera preferido no modificar las jubilaciones, ya que según sus voceros, encabezados por el ex presidente Néstor Kirchner, la oposición actuaba con irresponsabilidad apenas concebible al reclamar que el haber mínimo correspondiera al “82% móvil” del salario más bajo que perciben quienes trabajan en la economía formal, a mediados de la semana pasada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sorprendió a muchos al anunciar una suba generalizada del 16,9%. Por lo demás, incrementó en un 22,22% la asignación universal por hijo, que en adelante será de 220 pesos. Puesto que la economía está disfrutando de un período de expansión y desde nuestro punto de vista la coyuntura internacional parece promisoria, los aumentos no deberían causar demasiados problemas. Si bien los dirigentes opositores siguen insistiendo en que sería perfectamente posible alcanzar el 82% móvil si la Anses dejara de usar sus recursos para cubrir déficits en sectores que no tienen nada que ver con el sistema previsional, parecería que el gobierno ha conseguido frenar una ofensiva que, de tener éxito, achataría todavía más una pirámide jubilatoria cuya conformación dejó hace mucho de reflejar la magnitud de los aportes de quienes dependen de ella. Para los “activos”, la Argentina es un país muy inequitativo en que los mejor remunerados ganan mucho más que los demás; para los “pasivos”, sobre todo para los que nunca aportaron un centavo al sistema, es relativamente igualitario. Sería inhumano, además de ser políticamente suicida, decirles a los evasores, de los que muchos sencillamente no pudieron contribuir a los fondos jubilatorios, que no tienen derecho a percibir nada, pero acaso hubiera sido mejor no incorporarlos al sistema formal sino pagarles subsidios de origen claramente distinto. Sea como fuere, en términos de poder de compra, aquí las jubilaciones ya son móviles hacia abajo, y todo hace pensar que lo seguirán siendo. Como todos los gobernantes de todos los países, al anunciar la actualización más reciente de las jubilaciones la presidenta procuró brindar la impresión de que los aumentos se debieron a su propia generosidad, pero era evidente que su propósito principal consistía en impedir que la oposición continuara sacando provecho del estado lamentable de un sistema previsional que condena a los jubilados, sobre todo a aquellos que siempre mantuvieron sus aportes al día, a una vejez signada por penurias de todo tipo. Huelga decir que, si el gobierno actual, o cualquier sucesor, optara por extender a todos los jubilados los fallos judiciales a favor de quienes han procurado hacer valer en los tribunales sus derechos legítimamente adquiridos, el sistema se desplomaría, razón por la que ninguno lo hará. Por lo demás, es escasa la posibilidad de que un gobierno futuro haga un esfuerzo auténtico por reformar integralmente el sistema previsional, ya que siempre habrá otras prioridades. Llamó poderosamente la atención que el aumento anunciado por la presidenta haya reflejado la tasa de inflación “privada” que, como es notorio, es mucho más elevada que la supuestamente registrada por el Indec. Aunque el gobierno se resiste a indexar las jubilaciones para que acompañen el costo de vida, parecería que se ha dado cuenta de que no le convendría persistir en la política adoptada por el entonces presidente Néstor Kirchner de mantener congeladas las jubilaciones superiores a la mínima para que la inflación y el correr del tiempo se encarguen de reducir el monto total. Tal estrategia puede considerarse cínica, pero la verdad es que virtualmente todos los gobiernos recientes la han aplicado, de ahí la caída constante del nivel económico de un sector creciente de la población, ya que, lo mismo que en otros países, aquí también propende a aumentar la expectativa promedio de vida. En otras partes del mundo, los gobiernos están comenzando a reaccionar ante la realidad así supuesta haciendo subir la edad de jubilación, pero parecería que en nuestro país pocos sienten mucho interés en el tema. Se entiende: las dificultades planteadas por un sistema previsional que fue destruido hace décadas son tan grandes que sería asombroso que un gobierno, fuera progresista o liberal, se animara a hacer un esfuerzo realista por superarlas.
Aunque el gobierno nacional hubiera preferido no modificar las jubilaciones, ya que según sus voceros, encabezados por el ex presidente Néstor Kirchner, la oposición actuaba con irresponsabilidad apenas concebible al reclamar que el haber mínimo correspondiera al “82% móvil” del salario más bajo que perciben quienes trabajan en la economía formal, a mediados de la semana pasada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sorprendió a muchos al anunciar una suba generalizada del 16,9%. Por lo demás, incrementó en un 22,22% la asignación universal por hijo, que en adelante será de 220 pesos. Puesto que la economía está disfrutando de un período de expansión y desde nuestro punto de vista la coyuntura internacional parece promisoria, los aumentos no deberían causar demasiados problemas. Si bien los dirigentes opositores siguen insistiendo en que sería perfectamente posible alcanzar el 82% móvil si la Anses dejara de usar sus recursos para cubrir déficits en sectores que no tienen nada que ver con el sistema previsional, parecería que el gobierno ha conseguido frenar una ofensiva que, de tener éxito, achataría todavía más una pirámide jubilatoria cuya conformación dejó hace mucho de reflejar la magnitud de los aportes de quienes dependen de ella. Para los “activos”, la Argentina es un país muy inequitativo en que los mejor remunerados ganan mucho más que los demás; para los “pasivos”, sobre todo para los que nunca aportaron un centavo al sistema, es relativamente igualitario. Sería inhumano, además de ser políticamente suicida, decirles a los evasores, de los que muchos sencillamente no pudieron contribuir a los fondos jubilatorios, que no tienen derecho a percibir nada, pero acaso hubiera sido mejor no incorporarlos al sistema formal sino pagarles subsidios de origen claramente distinto. Sea como fuere, en términos de poder de compra, aquí las jubilaciones ya son móviles hacia abajo, y todo hace pensar que lo seguirán siendo. Como todos los gobernantes de todos los países, al anunciar la actualización más reciente de las jubilaciones la presidenta procuró brindar la impresión de que los aumentos se debieron a su propia generosidad, pero era evidente que su propósito principal consistía en impedir que la oposición continuara sacando provecho del estado lamentable de un sistema previsional que condena a los jubilados, sobre todo a aquellos que siempre mantuvieron sus aportes al día, a una vejez signada por penurias de todo tipo. Huelga decir que, si el gobierno actual, o cualquier sucesor, optara por extender a todos los jubilados los fallos judiciales a favor de quienes han procurado hacer valer en los tribunales sus derechos legítimamente adquiridos, el sistema se desplomaría, razón por la que ninguno lo hará. Por lo demás, es escasa la posibilidad de que un gobierno futuro haga un esfuerzo auténtico por reformar integralmente el sistema previsional, ya que siempre habrá otras prioridades. Llamó poderosamente la atención que el aumento anunciado por la presidenta haya reflejado la tasa de inflación “privada” que, como es notorio, es mucho más elevada que la supuestamente registrada por el Indec. Aunque el gobierno se resiste a indexar las jubilaciones para que acompañen el costo de vida, parecería que se ha dado cuenta de que no le convendría persistir en la política adoptada por el entonces presidente Néstor Kirchner de mantener congeladas las jubilaciones superiores a la mínima para que la inflación y el correr del tiempo se encarguen de reducir el monto total. Tal estrategia puede considerarse cínica, pero la verdad es que virtualmente todos los gobiernos recientes la han aplicado, de ahí la caída constante del nivel económico de un sector creciente de la población, ya que, lo mismo que en otros países, aquí también propende a aumentar la expectativa promedio de vida. En otras partes del mundo, los gobiernos están comenzando a reaccionar ante la realidad así supuesta haciendo subir la edad de jubilación, pero parecería que en nuestro país pocos sienten mucho interés en el tema. Se entiende: las dificultades planteadas por un sistema previsional que fue destruido hace décadas son tan grandes que sería asombroso que un gobierno, fuera progresista o liberal, se animara a hacer un esfuerzo realista por superarlas.
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