Tentaciones peligrosas
Lo que ningún gobierno sensato haría es quemar las naves con la esperanza de una recuperación pasajera.
Según la calificadora de riesgo estadounidense Standard & Poor»s, la Argentina ya ha puesto un pie en el tembladeral que se llama «default» y a menos que sus dirigentes se den cuenta de lo difícil que les sería salir, podría terminar hundiéndose en él. Sin embargo, tanto este juicio como otros igualmente desfavorables que hace poco hubieran desatado olas de pánico en las plazas financieras fueron recibidos con ecuanimidad por los inversores locales y por sus homólogos del exterior. Es que saben muy bien que el gobierno actual, lo mismo que la mayoría de los anteriores, está tratando desesperadamente de reducir los costos de la deuda pública y que a veces sus planteos, lo mismo que información difundida por las agencias financieras o por analistas profesionales, podrían tomarse por amenazas. En este tira y afloja, la advertencia de Standard & Poor»s, lo mismo que otra similar que fue formulada a su manera un par de días antes por su rival, Moody»s, no necesariamente perjudicaría al gobierno del presidente Fernando de la Rúa porque, al fin y al cabo, servirá para recordarles a los acreedores de que les convendría negociar, porque de lo contrario correrán el riesgo de perder mucho más.
Así y todo, el que tanto el país como «los mercados» se hayan acostumbrado a esta situación nada alentadora es de por sí peligroso. Significa que muchas personas, tanto funcionarios gubernamentales como empresarios, banqueros y, huelga decirlo, políticos y sindicalistas, han llegado a la conclusión de que en vista de que a su entender la Argentina ya ha pagado el precio de ser puesta en cuarentena financiera, no perdería mucho si optara por un canje agresivo de los papeles de la deuda, medida que en el resto del mundo sería considerada un despojo liso y llano pero que aquí tendría muchos defensores. Aunque en términos numéricos los resultados inmediatos de una maniobra de este tipo parecerían idénticos a los provocados por un «default» claramente no deseado, a mediano y largo plazo las consecuencias podrían ser muy distintas. Sucede que declararse incapaz de cumplir con lo pactado por carecer de los recursos mínimos necesarios es una cosa, mientras que sería otra muy diferente negarse a hacerlo por querer emprender una estrategia novedosa. Sin embargo, por motivos comprensibles, son muchos los políticos y sindicalistas que preferirían que el país adoptara una actitud beligerante: quisieran tratar un «default», aunque en realidad fuera muy limitado, como si fuera fruto de la decisión valiente de resistirse a las presiones financieras foráneas en nombre de la dignidad nacional a pesar de que muchos acreedores, entre ellos los más vulnerables, sean tan argentinos como ellos y castigarlos por haber invertido su dinero en el país sería una forma muy extraña de defender la soberanía. No es meramente una cuestión de estilo. De prosperar la tesis de quienes se sentirían tentados a procurar lo que de todos modos sería un revés muy grave en una suerte de triunfo propagandístico, el daño causado a la reputación internacional de la Argentina duraría décadas.
Mal que bien, el país tendrá que continuar «renegociando» la deuda pública, actividad ésta que ha obsesionado a una larga serie de ministros de Economía. También será necesario encontrar formas de expandir los medios de pago disponibles sin perjudicar a los ahorristas que, como los inversores financieros, tienen memorias muy largas y que, en muchos casos, hoy en día podrían sacar buena parte de su dinero del país con mayor facilidad que en el pasado, lo cual ocasionaría una recesión incomparablemente más profunda que la actual. Dicho de otro modo, lo que ningún gobierno medianamente sensato haría es quemar todas las naves con la esperanza de conseguir una recuperación pasajera y algunas horas de popularidad, más la aprobación de los muchos que festejarían cualquier manifestación de «heterodoxia», por excéntrica que fuera. En tal eventualidad, los beneficios, si los hubiera, serían con toda seguridad muy magros, pero los costos podrían ser tan elevados que el país ya no tendría ninguna posibilidad de comenzar a reducir el abismo que lo separa del mundo desarrollado y que está ensanchándose por momentos.
Según la calificadora de riesgo estadounidense Standard & Poor"s, la Argentina ya ha puesto un pie en el tembladeral que se llama "default" y a menos que sus dirigentes se den cuenta de lo difícil que les sería salir, podría terminar hundiéndose en él. Sin embargo, tanto este juicio como otros igualmente desfavorables que hace poco hubieran desatado olas de pánico en las plazas financieras fueron recibidos con ecuanimidad por los inversores locales y por sus homólogos del exterior. Es que saben muy bien que el gobierno actual, lo mismo que la mayoría de los anteriores, está tratando desesperadamente de reducir los costos de la deuda pública y que a veces sus planteos, lo mismo que información difundida por las agencias financieras o por analistas profesionales, podrían tomarse por amenazas. En este tira y afloja, la advertencia de Standard & Poor"s, lo mismo que otra similar que fue formulada a su manera un par de días antes por su rival, Moody"s, no necesariamente perjudicaría al gobierno del presidente Fernando de la Rúa porque, al fin y al cabo, servirá para recordarles a los acreedores de que les convendría negociar, porque de lo contrario correrán el riesgo de perder mucho más.
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