Guerra a los niños
A los gobernantes de Buenos Aires les conviene asegurar que sus fuerzas policiales estén preparadas para una ofensiva genuina contra el crimen.
No era necesario ser profeta para pronosticar que tendría consecuencias trágicas la apuesta del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, a que una política de mano dura contra el delito le serviría para congraciarse con el electorado de su distrito y, quizás, con el del país. Como ya era notorio antes de que el ex vicepresidente iniciara su gestión, la ola de delincuencia que azota a los bonaerenses desde hace años se debe no sólo a los muchos problemas económicos y sociales sino también al estado nada satisfactorio de la policía cuya relación con la comunidad siempre ha sido pésima. Así las cosas, era de prever que algunos agentes, confiados en que las autoridades harían lo posible por encubrir sus eventuales excesos y que el mismísimo gobernador los felicitaría por «meter bala», no tardarían en emplear métodos más afines a los de la Gestapo que a los permitidos por la ley argentina con el propósito de impresionar tanto a Ruckauf como a sus demás comprovincianos con su voluntad de hacer frente a los malhechores. Y, según parece, esto es exactamente lo que ha ocurrido. Conforme a la Corte Suprema de la provincia, existen motivos bien concretos para suponer que en el curso de los dos años últimos hombres de la tristemente célebre Bonaerense han fraguado tiroteos con el propósito de encubrir el asesinato de por lo menos sesenta menores. Asimismo, han sido innumerables las denuncias por tortura, maltrato y vejaciones de todo tipo a los menores recluidos en comisarías o en instituciones especiales.
Que la delincuencia juvenil plantee un problema gravísimo en nuestro país y que a veces sea forzoso enfrentarla con armas, sobre todo, como sucede a menudo, cuando la vida de los propios policías corre peligro, no admite discusión. Tampoco cabe duda de que son muchos los ciudadanos asustados que están dispuestos a pasar por alto los casos ya dolorosamente frecuentes de «gatillo fácil» por creer que las víctimas siempre serán sospechosas de algo. Con todo, cuesta creer que esté reproduciéndose aquí el mismo fenómeno que en ciertas partes del Brasil donde comerciantes y otros favorecen y en ocasiones colaboran activamente con «escuadrones de la muerte» conformados por policías que se especializan en asesinar a niños so pretexto de que es mejor matarlos antes de que terminen transformándose en criminales adultos experimentados. Sin embargo, a pesar de que los abusos gravísimos que ya son rutinarios en Buenos Aires han sido de dominio público desde hace mucho tiempo, la mayoría parece creer que el asunto carece de importancia. Por cierto, la matanza de los niños que acaba de denunciar la Justicia bonaerense no incidió en la campaña electoral reciente que, como ya es habitual, se vio dominada por temas más abstractos.
Antes de emprender una ofensiva genuina contra el crimen, a los gobernantes de Buenos Aires y de cualquier otra provincia les convendría asegurar que las fuerzas policiales a su disposición estén preparadas para llevar a cabo lo que será una tarea extraordinariamente difícil, porque si no lo hacen sus posibilidades de éxito serán nulas. Por supuesto que reformar la policía en un período signado por una crisis económica exasperante que ha privado al Estado de recursos no sería nada fácil, pero puesto que la alternativa es la barbarie ningún dirigente digno de llamarse tal tiene derecho a negarse a intentarlo. De más está decir que Ruckauf no se interesaba por este detalle fundamental aun cuando todavía imaginaba contar con recursos financieros suficientes como para facilitar un cambio aumentando los sueldos. Por el contrario, ya antes del triunfo electoral de 1999 que le dio lo que esperaría resultaría ser una estación de tránsito en el camino hacia la Casa Rosada, se las arregló para poner fin a la reforma de la «maldita policía» que había emprendido su antecesor, Eduardo Duhalde, luego de aprender a raíz de una serie de escándalos que culminaron con el asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas que por desgracia no se trataba de «la mejor policía del mundo» sino de una organización dominada no por los más idóneos sino por los corruptos o los dispuestos a convivir con ellos.
No era necesario ser profeta para pronosticar que tendría consecuencias trágicas la apuesta del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, a que una política de mano dura contra el delito le serviría para congraciarse con el electorado de su distrito y, quizás, con el del país. Como ya era notorio antes de que el ex vicepresidente iniciara su gestión, la ola de delincuencia que azota a los bonaerenses desde hace años se debe no sólo a los muchos problemas económicos y sociales sino también al estado nada satisfactorio de la policía cuya relación con la comunidad siempre ha sido pésima. Así las cosas, era de prever que algunos agentes, confiados en que las autoridades harían lo posible por encubrir sus eventuales excesos y que el mismísimo gobernador los felicitaría por "meter bala", no tardarían en emplear métodos más afines a los de la Gestapo que a los permitidos por la ley argentina con el propósito de impresionar tanto a Ruckauf como a sus demás comprovincianos con su voluntad de hacer frente a los malhechores. Y, según parece, esto es exactamente lo que ha ocurrido. Conforme a la Corte Suprema de la provincia, existen motivos bien concretos para suponer que en el curso de los dos años últimos hombres de la tristemente célebre Bonaerense han fraguado tiroteos con el propósito de encubrir el asesinato de por lo menos sesenta menores. Asimismo, han sido innumerables las denuncias por tortura, maltrato y vejaciones de todo tipo a los menores recluidos en comisarías o en instituciones especiales.
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