Con el Club de París

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Hace ya más de dos años, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que el país pronto saldaría al contado la deuda con el llamado Club de París con reservas del Banco Central, de este modo ahorrándose la intervención molesta del Fondo Monetario Internacional, pero un par de semanas más tarde el terremoto provocado por el derrumbe de Lehman Brothers la obligó a abandonar la iniciativa. ¿Está por repetirse la misma historia? Es posible. Apenas un día después de anunciar la presidenta, a través de la cadena nacional de radio y televisión, que los miembros del Club de París aceptarían negociar la deuda de aproximadamente 7.000 millones de dólares sin la participación del FMI, los mercados mundiales experimentaron uno de sus esporádicos ataques de pánico, con el resultado de que el índice riesgo país subió de golpe y la bolsa local cayó el 4,5%. De agravarse mucho más la situación en Europa, donde está en juego la supervivencia del euro y, según algunos, de la mismísima Unión Europa, las negociaciones no serán tan fáciles como prevé el gobierno. Aunque es del interés de todos que se ponga fin cuanto antes al drama supuesto por el default argentino, los alemanes, japoneses y holandeses no querrán hacer demasiadas concesiones a nadie por temor a que cualquier manifestación de debilidad se viere aprovechada por los griegos, irlandeses, portugueses y españoles. La mayoría de los economistas entiende que salir definitivamente del default más reciente sería muy positivo para el país, ya que le permitiría regresar a los mercados de capitales, liberándose así de la necesidad de depender de prestamistas tan exigentes como el mandamás venezolano Hugo Chávez que en el 2006 cobró una tasa de interés usurera del 13%, pero parecería que a juicio del gobierno lo principal es mantener a raya al FMI y que está dispuesto a ir a virtualmente cualquier extremo para ahorrarse la humillación que le supondría la llegada de un equipo de “inspectores”. Puesto que dicho organismo se ve dominado por los gobiernos de los países que conforman el Club de París con los que se ha propuesto negociar, en términos prácticos su ausencia carecería de importancia; no hay diferencia alguna entre las ideas de los funcionarios del mundo rico, trátese de conservadores o socialistas, y los técnicos de una organización cuyo director gerente es el centroizquierdista francés Dominique Strauss-Kahn. Con todo, el que por motivos presuntamente políticos nuestro gobierno se haya negado a acercarse al FMI no podrá sino incidir en la actitud de los inversores que sospechan que la hostilidad que siente tiene menos que ver con los eventuales prejuicios ideológicos de la presidenta que con la conciencia de que no le convendría del todo que los “técnicos” del Fondo se ocuparan de las discrepancias insalvables que se dan entre la economía según el Indec y la registrada por los economistas independientes. Si bien para la presidenta Cristina los “costos políticos” de reconciliarse con el FMI serían con toda seguridad onerosos, también lo serían los costos económicos de la alternativa elegida. Mientras que los ortodoxos, por llamarlos así, critican la propuesta oficial por suponer que, a cambio de mantener alejado al FMI, el país tendría que pagar la deuda con el Club de París en un lapso muy breve, con costos muy altos –si bien el ministro de Economía, Amado Boudou, dice que saldarla requeriría más de un año–, algunos sectores opositores insisten en que buena parte de lo adeudado es “ilegítima” por ser fruto de lo hecho por el régimen militar. En opinión de éstos, es cuando menos paradójico que un gobierno que se afirma “nacional y popular” haya optado por reconocer que sería inútil tratar de convencer a los acreedores de resignarse a la pérdida de miles de millones de dólares esgrimiendo argumentos netamente políticos, pero dadas las circunstancias la alternativa sería claramente peor. En el mundo que efectivamente existe los costos del aislamiento continuarán siendo sumamente elevados y quienes en última instancia tendrían que pagarlos serían los más pobres, cuya condición no cambiará a menos que el país logre seducir a los grandes inversores, realidad ésta que según parece entiende el gobierno kirchnerista, de ahí su voluntad de desistir de intentar politizar todavía más el problema.