Sin presupuesto
En teoría, el que el Congreso no apruebe el presupuesto para el año próximo, alternativa que a esta altura quedó asegurada, debería ser un desastre para el gobierno nacional, pero la realidad es que carece de motivos para preocuparse. Antes bien, le convino que el proyecto que envió al Congreso se hundiera definitivamente a pesar de los esfuerzos de sus adversarios por mantenerlo a flote, razón por la que, para desconcierto de los legisladores opositores, los representantes más combativos del oficialismo hicieron cuanto pudieron para impedir que se celebrara un debate racional acerca de “la ley de leyes”, empresa ésta en que su éxito ha sido rotundo. Como ha subrayado el ministro del Interior, Florencio Randazzo, “vamos a gobernar con presupuesto o sin presupuesto”, o sea que, frustrada la alternativa de que los legisladores lo ratificaran a libro cerrado, sin modificar una sola coma, se conformará con prorrogar el del año que está por terminar, con algunos ajustes a cargo del Poder Ejecutivo. Así las cosas, era de prever que motivarían escaso interés los intentos de la UCR de reanudar el tratamiento del tema con tal que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamara a sesiones extraordinarias, ya que lo último que quiere el gobierno es que la ciudadanía tenga la impresión de que está obligado a compartir el poder con el Congreso. Puede que en otras partes del mundo se obre así, pero aquí la democracia se ha simplificado hasta tal punto que a juicio del oficialismo insistir en que los legisladores tienen no sólo el derecho a exigir cambios en el presupuesto nacional sino también el deber de hacerlo es de por sí destituyente. Desde el punto de vista oficial, permitir que el Congreso haga uso de sus facultades constitucionales entrañaría el riesgo de privar a Cristina del derecho a gastar el dinero público como se ha propuesto en un año electoral, lo que sería inconcebible. Un tanto tardíamente, los dirigentes opositores se dieron cuenta de que lo que querían los kirchneristas era, en palabras del radical Ricardo Alfonsín, “quedarse sin presupuesto para victimizarse y repetir hasta el hartazgo que la oposición pone palos en la rueda. Así, el año próximo usarán todos los recursos de manera discrecional”. Por lo demás, consiguieron hacerlo de tal modo que, merced a los escándalos que protagonizaron, en su conjunto los legisladores quedaron aún más desprestigiados que antes, cumpliendo así el papel indecoroso que la presidenta les tiene reservado. Aunque algunos diputados, con el respaldo de gobernadores provinciales como el santafesino Hermes Binner, seguían procurando convencer a la presidenta de que sería mejor para todos prolongar el período legislativo hasta que se llegue a un acuerdo, la posibilidad de que modifique su postura es a esta altura nula. Sea como fuere, si bien en años anteriores se cumplieron formalmente los trámites necesarios para que el presupuesto correspondiente resultara ser aprobado por el Congreso, sólo se trataba de mantener las apariencias. Como es notorio, desde inicios de la gestión de Néstor Kirchner, cuando Roberto Lavagna aún ocupaba el Ministerio de Economía, el gobierno está habituado a subestimar groseramente tanto la tasa de crecimiento prevista como la de inflación a fin de poder contar con una masa de dinero enorme, de decenas de miles de millones de pesos, que ha podido manejar sin control parlamentario. Según el diputado de la Coalición Cívica y ex jefe del Banco Central, Alfonso Prat Gay, “son alrededor de 240.000 millones de pesos que en los últimos seis años se han aprobado por fuera del trámite legislativo que exige la Constitución nacional”. De acuerdo con los especialistas opositores en la materia, de haberse aprobado el proyecto de presupuesto del 2011 el excedente pronosticado hubiera sido de aproximadamente 35.000 millones, mientras que, al prorrogar el del 2010, el monto podría llegar a por lo menos 100.000 millones. Así las cosas, los beneficios no meramente políticos sino también económicos para el gobierno de la debacle legislativa, que no será recordada por el cuestionamiento de las previsiones económicas del gobierno sino por el cachetazo que propinó la diputada peronista disidente Graciela Camaño al ultrakirchnerista Carlos Kunkel, parecen destinados a ser muy pero muy grandes.
En teoría, el que el Congreso no apruebe el presupuesto para el año próximo, alternativa que a esta altura quedó asegurada, debería ser un desastre para el gobierno nacional, pero la realidad es que carece de motivos para preocuparse. Antes bien, le convino que el proyecto que envió al Congreso se hundiera definitivamente a pesar de los esfuerzos de sus adversarios por mantenerlo a flote, razón por la que, para desconcierto de los legisladores opositores, los representantes más combativos del oficialismo hicieron cuanto pudieron para impedir que se celebrara un debate racional acerca de “la ley de leyes”, empresa ésta en que su éxito ha sido rotundo. Como ha subrayado el ministro del Interior, Florencio Randazzo, “vamos a gobernar con presupuesto o sin presupuesto”, o sea que, frustrada la alternativa de que los legisladores lo ratificaran a libro cerrado, sin modificar una sola coma, se conformará con prorrogar el del año que está por terminar, con algunos ajustes a cargo del Poder Ejecutivo. Así las cosas, era de prever que motivarían escaso interés los intentos de la UCR de reanudar el tratamiento del tema con tal que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamara a sesiones extraordinarias, ya que lo último que quiere el gobierno es que la ciudadanía tenga la impresión de que está obligado a compartir el poder con el Congreso. Puede que en otras partes del mundo se obre así, pero aquí la democracia se ha simplificado hasta tal punto que a juicio del oficialismo insistir en que los legisladores tienen no sólo el derecho a exigir cambios en el presupuesto nacional sino también el deber de hacerlo es de por sí destituyente. Desde el punto de vista oficial, permitir que el Congreso haga uso de sus facultades constitucionales entrañaría el riesgo de privar a Cristina del derecho a gastar el dinero público como se ha propuesto en un año electoral, lo que sería inconcebible. Un tanto tardíamente, los dirigentes opositores se dieron cuenta de que lo que querían los kirchneristas era, en palabras del radical Ricardo Alfonsín, “quedarse sin presupuesto para victimizarse y repetir hasta el hartazgo que la oposición pone palos en la rueda. Así, el año próximo usarán todos los recursos de manera discrecional”. Por lo demás, consiguieron hacerlo de tal modo que, merced a los escándalos que protagonizaron, en su conjunto los legisladores quedaron aún más desprestigiados que antes, cumpliendo así el papel indecoroso que la presidenta les tiene reservado. Aunque algunos diputados, con el respaldo de gobernadores provinciales como el santafesino Hermes Binner, seguían procurando convencer a la presidenta de que sería mejor para todos prolongar el período legislativo hasta que se llegue a un acuerdo, la posibilidad de que modifique su postura es a esta altura nula. Sea como fuere, si bien en años anteriores se cumplieron formalmente los trámites necesarios para que el presupuesto correspondiente resultara ser aprobado por el Congreso, sólo se trataba de mantener las apariencias. Como es notorio, desde inicios de la gestión de Néstor Kirchner, cuando Roberto Lavagna aún ocupaba el Ministerio de Economía, el gobierno está habituado a subestimar groseramente tanto la tasa de crecimiento prevista como la de inflación a fin de poder contar con una masa de dinero enorme, de decenas de miles de millones de pesos, que ha podido manejar sin control parlamentario. Según el diputado de la Coalición Cívica y ex jefe del Banco Central, Alfonso Prat Gay, “son alrededor de 240.000 millones de pesos que en los últimos seis años se han aprobado por fuera del trámite legislativo que exige la Constitución nacional”. De acuerdo con los especialistas opositores en la materia, de haberse aprobado el proyecto de presupuesto del 2011 el excedente pronosticado hubiera sido de aproximadamente 35.000 millones, mientras que, al prorrogar el del 2010, el monto podría llegar a por lo menos 100.000 millones. Así las cosas, los beneficios no meramente políticos sino también económicos para el gobierno de la debacle legislativa, que no será recordada por el cuestionamiento de las previsiones económicas del gobierno sino por el cachetazo que propinó la diputada peronista disidente Graciela Camaño al ultrakirchnerista Carlos Kunkel, parecen destinados a ser muy pero muy grandes.
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