La Justicia responsabilizó al municipio de Bariloche por violencia laboral ejercida por un funcionario

La denuncia de cuatro trabajadores de la delegación El Cóndor de la municipalidad de Bariloche prosperó en la Cámara Primera del Trabajo, que consideró responsable de violencia laboral a Jaime Enrique Breca Aros y solidariamente condenó al municipio.

El caso llegó a la Justicia en diciembre de 2024 con el patrocinio del abogado del gremio Soyem, Gonzalo Ojeda, y la sentencia unánime del tribunal integrado por Juan Lagomarsino, Alejandra Autelitano y Juan Frattini, conocida este jueves intimó al funcionario a que se capacite en “prevención y erradicación de la violencia laboral y de género”.

La misma cámara laboral intervino en una causa impulsada el año pasado por la comisión directiva del sindicato Soyem contra el propio intendente Walter Cortés a quien se le ordenó realizar una capacitación en prevención en violencia de género, que el jefe comunal apeló.

En la reciente sentencia -que tiene instancia de apelación y está reservada, aunque fue difundida por una de las partes- el municipio también fue condenado para implementar cursos de prevención en violencia laboral en un plazo de 30 días para todo el personal de la delegación El Cóndor.

Se ordenó además al funcionario a que instrumente las indicaciones de tareas y comunicación con los denunciantes se realice a través de un capataz o jefe de servicio de turno o administrativo; y que redistribuya equitativamente las horas extras del personal por área, turno y función.

El denunciado además deberá documentar mediante una nota firmada y membretada por la municipalidad las disculpas y el compromiso que mencionó en una audiencia judicial.

El reclamo laboral y rechazo del municipio

---

La demanda de los cuatro trabajadores, una de ellas personal contratada, que fue desvinculada del municipio durante el proceso que se extendió el trámite del expediente, pretendía en primer término que cesen los actos de violencia y destrato en el ámbito laboral.

Cada uno de los denunciantes expuso situaciones particulares en el vínculo con el funcionario y episodios puntuales que consideraron parte del ejercicio de la violencia en el ámbito del trabajo.

El delegado fue representado por el abogado Martín Domínguez -asesor del jefe comunal-, y rechazó cada uno de los hechos que se le atribuyeron, consideró que las denuncias no fueron reales y que “no medió violencia”. Argumentó que “la demanda es consecuencia de su decisión de ordenar y supervisar el cumplimiento efectivo de las obligaciones laborales”.

El funcionario consideró que la motivación de la denuncia fue por decidir un ordenamiento en el cumplimiento de horarios y tareas de los trabajadores, mientras que puntualizó en incumplimientos de los denunciantes como el ingreso fuera de hora, falta de fichaje, entre otras cuestiones.

El municipio, también demandado como responsable de esta situación, respondió a través de la asesora letrada Yanina Sánchez y dos abogados de plantel. También negó los hechos y señaló que no existía “un ambiente de trabajo hostil, ni se ha demostrado daño alguno que permita justificar la presente demanda y que, en definitiva, los hechos denunciados no solo son falsos, sino que ocultan una resistencia al cumplimiento de las condiciones laborales mínimas”.

Los jueces entendieron acreditada la violencia

---

Para los jueces los episodios que acreditan la violencia laboral quedaron acreditados en los relatos de los trabajadores que señalaron amenazas, represalias, gritos y restricciones arbitrarias.

Uno de los denunciantes, con 30 años de antigüedad, relató que fue desplazado de su función sin explicación formal y a pesar de haber obtenido la absolución en un sumario no se le restituyeron sus condiciones laborales previas, e incluso debía permanecer fuera del edificio municipal.

Los trabajadores indicaron que las prácticas del funcionario incluyeron sanciones sin sustento, vigilancia interna y exclusión del espacio de trabajo, además apuntaron represalias tras su participación en asambleas sindicales.