Presupuesto 2026 aprobado: los puntos centrales del proyecto de Javier Milei que logró el aval del Senado

El Senado aprobó el Presupuesto 2026 que acompañará a Javier Milei durante su segunda etapa de gestión. El documento incluye varios puntos que fueron rechazados por la oposición, sin embargo a la hora de votar, el oficialismo logró imponerse y dejar fijas las principales pautas de la política económica que intentó establecer desde sus inicios el presidente libertario.

Los puntos centrales del proyecto de Javier Milei que logró el aval del Senado

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El documento que se aprobó fijó el gasto para el año que viene y también habilitó herramientas para la administración de la deuda.

Uno de sus puntos más destacados es el equilibrio fiscal, una meta que Javier Milei fijó desde que asumió su cargo como presidente. La meta es lograr un equilibrio de las cuentas públicas. El oficialismo asegura que no habrá déficit fiscal y que el resultado financiero será consistente con la estrategia de ordenamiento macroeconómico que impulsa el Ejecutivo.

Desde el Gobierno remarcaron que el proyecto que se aprobó no incorporó cambios respecto del texto que obtuvo la media sanción en Diputados. De esta manera la iniciativa consolida la política de contención del gasto público y conserva límites estrictos a la expansión presupuestaria.

El segundo punto más destacado del proyecto tiene que ver con los números económicos. El documento incluyó la proyección de parte del Gobierno sobre una serie de variables económicas. La que más resalta es la que refiere al nivel de actividad económica, según el ejecutivo el PBI crecerá 5% en 2026.

Asimismo estima que la inflación será del 10,1% para todo el año y que el dólar llegará a diciembre en un valor de $1.423.

El tercer punto central es el artículo que habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de administración de la deuda pública. El texto le permite al Ministerio de Economía a realizar canjes, reestructuraciones y otras operaciones financieras destinadas a mejorar el perfil de vencimientos. Según el Gobierno, es una herramienta para “ordenar los compromisos del Tesoro y reducir riesgos financieros”, sin incrementar el stock de deuda.

Como cuarto punto, el Presupuesto también contempla mecanismos que permiten reasignar partidas presupuestarias dentro de determinados límites. El objetivo es otorgar flexibilidad a la administración nacional para responder a contingencias sin alterar el equilibrio general del presupuesto.

En quinto lugar, el documento establece de acuerdo a la política fiscal vigente, un esquema de reducción de subsidios económicos, particularmente en los sectores de energía y transporte. El objetivo sería que la asistencia estatal apunte solo a los sectores de menores ingresos. En cuanto a las transferencias a provincias, el documento no prevé incrementos discrecionales y se ajusta a los criterios automáticos.

Por otra parte, y en sexto lugar, el Presupuesto 2026 incluye las partidas que corresponden al sistema previsional y a los programas sociales vigentes. Se aclaró que las erogaciones vinculadas a jubilaciones y pensiones se ajustarán conforme a la fórmula de movilidad establecida por ley.

Sobre los impuestos y la presión tributaria, el proyecto aprobado no introdujo cambios. Desde el oficialismo remarcaron que el Presupuesto 2026 consolida una estrategia de estabilidad tributaria, con la expectativa de que la mejora de la actividad económica sostenga la recaudación.

Los puntos que la oposición buscó eliminar en el Senado

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La oposición apuntó a rechazar el artículo 30 del Presupuesto 2026. Se trata de un punto que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).

Hasta el momento la legislación exigía destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas. Debido a que el proyecto fue aprobado, esos porcentajes dejarán de ser obligatorios.

El documento señala que el Gobierno derogará, puntualmente, el artículo 9 de la ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la ley 27.614 que financia a la ciencia, tecnología e innovación; el artículo 52 de la ley 26.058 de Educación Técnico Profesional y el inciso 1 del artículo 4° de la ley 27.565 del Fondef.

El otro artículo al que apuntó la oposición es el 12, este condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano.

El texto establece: «Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell– del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma«.