Reforma laboral y conflictividad social: cuáles son los artículos que inquietan a los empresarios

La reforma laboral es uno de los proyectos más ambiciosos de Javier Milei. Redactada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la propuesta parece, a priori, una lista de los sueños más persistentes de los empresarios: recorte del derecho a huelga, flexibilización de la jornada y las vacaciones, limitación al poder sindical, entre otras. Ante tamaño avance, los sindicatos, previsiblemente, se opusieron.

Menos pronosticables fueron los cuestionamientos del sector empresarial. A pesar de que no son pocas las asociaciones del sector que festejaron la iniciativa del Gobierno Nacional, también existen actores de peso que plantean sus objeciones a puntos clave del proyecto bautizado como “Ley de Modernización Laboral”.

“Generás una anarquía en un sistema que hoy está ordenado. O sea, venís a traer un problema donde no existe”, dijo a Diario RÍO NEGRO sobre la propuesta Juan Pablo Diab, el asesor legal de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), una entidad gremial empresaria que agrupan a más de 400.000 pymes.

El pasado 7 de enero, la CAME, junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a senadores de todos los espacios políticos solicitando “de forma imperiosa la eliminación del proyecto” de cinco artículos.

Los puntos de la discordia

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El artículo 126 de la propuesta de reforma pretende modificar la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos. Se trata del principio que hoy permite que un convenio colectivo siga vigente y aplicándose después de que su duración pactada haya terminado: es decir, que se prorroga automáticamente hasta que se negocie uno nuevo. El artículo del proyecto de Milei solo apunta a mantener como vigentes las “cláusulas normativas” (las que regulan las relaciones individuales entre trabajadores y empleadores) y no las “cláusulas obligacionales” (obligaciones recíprocas entre el sindicato y la empresa, y que no regulan la relación con el trabajador).

“Hoy en día ni la doctrina ni la jurisprudencia han acabado absolutamente el debate de cuáles son normativas y cuáles obligacionales”, dijo Diab. “Va a traer caos al sistema y ¿cómo se resuelve el caos? Con un conflicto jurídico. Si lo que queremos es bajar la litigiosidad, ¿para qué ponemos cuestiones que puedan generar litigiosidad?”, se preguntó.

También relacionado a la ultraactividad, los artículos 130 y 131 estipulan que los convenios de ámbito menor (es decir, los convenios por empresa) prevalezcan frente a los de ámbito mayor (es decir, los de cada actividad). Para Diab, si bien estos artículos le quitan poder a los sindicatos, podrían otorgárselo a las comisiones internas de las empresas, que suelen ser más conflictivas. “Cuando vos sacás el orden y y la jerarquía que hoy existe, aparecen distintos grupos que muchas veces son más radicalizados”, explicó. “Y pueden escalar, para ver quién es el más radicalizado para tener mayor adherencia. Y eso termina sin duda en una en una bola de nieve que a veces se puede tornar imposible parar”, agregó. Según Diab, la idea de negociaciones individuales por empresa ya se probaron en Alemania, España y Chile y no funcionaron.

“Es regresivo, además de inconstitucional, porque se quiere negociar en convenios menores para traspasar para abajo el piso del sueldo y eso no se puede, el artículo 14 bis lo prohíbe. En todo caso hay que modificar la Constitución para flexibilizar de esa manera,” agregó. “Eso va a traer conflictos: yo no puedo creer que nadie vaya a judicializarlo”, dijo.

Por otro lado, el artículo 132 de la legislación le da a la autoridad administrativa del trabajo (es decir, a la Secretaría de Trabajo) el poder de convocar la renegociación de convenios e incluso suspender aquellos ya homologados, de oficio o por petición de alguna de las partes, si se demuestra que “genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general”.

De acuerdo a Diab, el criterio “es muy amplio” y podría variar entre distintos gobiernos. “Viene un tercero a deshomologar algo de cuya negociación no fue parte porque quiere”, dijo.

Finalmente, CAME, CAC y Adimra cuestionaron el artículo 128, que vuelve “estrictamente” voluntarias las contribuciones a las cámaras empresarias. Según Diab, ya que las contribuciones sindicales siguen siendo obligatorias, la ley “rompe claramente el equilibrio de poder entre las partes” y atenta contra la representación empresarial. “Sin fondos no hay libertad de representación”, agregó.

Objeciones a las objeciones

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La postura de las tres entidades, obviamente, no es monolítica en el empresariado argentino. La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó un respaldo explícito y presentó ante el Senado un documento en defensa del proyecto. Mientras tanto, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) recibió en diciembre al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. En el comunicado sobre la reunión, la AEA dijo que “en esta nueva etapa habrá que avanzar en un conjunto de políticas orientadas a favorecer la competitividad de la economía” y que “las iniciativas oficiales referidas a reformas en el campo laboral y tributario tienen claramente ese objetivo”.

Exequiel Chapur, supermercadista cordobés, diplomado en Derecho Laboral y referente de la Unión Nacional de Emprendedores, Pymes y Productores (UNEPP), dijo a Río Negro que “defender la ultraactividad indefinida de los convenios es condenar a las pymes a regirse por normas de hace 40 o 50 años, imposibles de aplicar en la economía digital y moderna del 2026”. La UNEPP es una organización que, según su web oficial, representa a “4000 emprendedores, PYMES y productores” y nació en 2023 para apoyar la reforma laboral, la Ley Bases y el mega-DNU de Milei.

“Necesitamos convenios que se caigan si no se modernizan, para forzar una discusión laboral adaptada al presente”, afirmó el empresario. Para Chapur, “rechazar la prevalencia del convenio por empresa sobre el de actividad es desconocer que cada pyme es un mundo”. Según el dirigente, las razones que da CAME para impugnar los cinco artículos no son válidas. “Lejos de traer paz, garantizaría la continuidad de la industria del juicio, la rigidez laboral y la asfixia de costos no salariales que impiden la contratación de nuevo personal”, afirmó.

Chapur también pidió más artículos que el proyecto actual no tiene: eliminar el preaviso de despedido, topes indemnizatorios y liberar los montos de contratación. “Hoy rige el mismo monto salarial para Fiat que para el taller de barrio: eso obliga al dueño del taller a tener a sus empleados en negro, ya que no puede registrar un sueldo inferior al de Fiat”, dijo.

En contexto

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Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, afirmó que las discusiones que se dan al interior del sector empresario por la descentralización del sindicalismo no son nuevas. Y que algunas de las soluciones en danza ya fueron probadas, con distintos grados de éxito a lo largo de la historia de Argentina.

Para Campos, el primer intento en la Argentina de atomizar el movimiento obrero fue de Pedro Eugenio Aramburu en 1956, durante la llamada Revolución Libertadora. “La consecuencia de eso fue que estalló la conflictividad y no tenían con quién negociar los conflictos”, afirmó. Luego, en 1976, este debate se dio al interior de la dictadura de Jorge Rafael Videla. Durante el menemismo en los 90, “la negociación colectiva pasó a ser una negociación por empresa, pero eso no necesariamente se tradujo en mayores niveles de conflictividad”. Sin embargo, a diferencia de la ley que proponen Milei y Sturzenegger, en los 90 “el convenio colectivo tendía a ser por empresa, pero lo negociaba el sindicato: no se tocaron las estructuras nacionales”.

Indicó que el modelo del actual proyecto de ley “descentraliza al sujeto”. “Tenés la posibilidad de que algunos sindicatos locales adopten posturas más confrontativas, o sean conducidos por sectores más combativos del movimiento obrero y para las empresas que estén en esos lugares eso puede ser un problema muy grande”.

Como Daib y Chapur, Campos afirma que la iniciativa no conducirá a que se creen más empleos, como el Gobierno sugirió. Según Campos, los objetivos subyacentes de la reforma laboral son reducir el costo laboral y fortalecer el disciplinamiento de los sindicatos y los trabajadores.

“Apuntan a fortalecer el disciplinamiento en los lugares de trabajo. La capacidad de hacer huelga dentro del sistema legal va a ser muy difícil para muchos sectores”, aseguró.