Avanza investigación judicial por falsificación de documento contra una policía de Ñorquinco

Una sargento de la policía de Río Negro quedó imputada por falsear datos en el libro de parte diario de la subcomisaría 73 de Ñorquinco para favorecer a un compañero y enfrentará un juicio por falsedad ideológica agravada y fraude a la administración en grado de tentativa.

El 3 de febrero de 2024 un agente de la misma unidad había quedado demorado en la comisaría de El Maitén luego de dar positivo en un control de alcoholemia, Para ocultar esa situación la sargento María Pereyra ordenó ocultar su ausencia y anotar su ingreso a cumplir tareas en la unidad de Ñorquinco, en condiciones normales.

En un principio también estuvo imputado el cabo Alan Velázquez, quien efectuó de puño y letra el registro en el libro, por orden de su compañera y superior jerárquica.

Pero en la audiencia de control de acusación realizada ayer en los tribunales de Bariloche Velázquez logró el sobreseimiento, al quedar amparado en la “obediencia debida”. Así lo dispuso el juez de garantias Martín Arroyo.

En cambio, el magistrado aceptó la enumeración de pruebas en contra de Pereyra, entre las que hay constancias documentales, el acta por la infracción de tránsito, “testimonios” de inspectores de El Maitén e informes periciales.

El fiscal Francisco Arrien insistió en que la irregularidad fue que el policía detenido figurara “como que fue a realizar sus tareas”, Dijo que la maniobra, de la que responsabilizó a los dos uniformados acusados, también estaba dirigida a cometer un fraude, que consistía en asegurarle el cobro de haberes a su compañero sin quita alguna.

Arrien cuestionó el sobreseimiento del policía de menor rango y dijo que hacía “reserva de impugnar” esa decisión. El juez Arroyo dijo que la policía es una institución “jerárquica” y existe la obligación de acatar las órdenes de los superiores. Señaló que la obediencia debida en el caso analizado “no es punible”.

Durante la audiencia los abogados defensores intentaron discutir la entidad de la prueba, pero el juez Arroyo dijo que esas observaciones debían quedar para el debate.

También hizo una sugerencia a las partes sobre la posibilidad de una “solución alternativa”, pese a que está vedada para los agentes públicos en funciones. El juez propuso considerar esa salida, por ejemplo un “criterio de oportunidad”, desde una interpretación amplia de la legislación, por tratarse de un hecho “que no afecta gravemente el interés público”, y más aun si existió ya una sanción administrativa.