Reflexiones sobre la Fiesta de la Manzana

Javier Genoud
DNI 17.506.130

GNERAL ROCA

La Fiesta Nacional de la Manzana, con sede permanente en General Roca, fue declarada de carácter nacional el 23 de marzo de 1966, mediante el Decreto Nacional N° 2007, durante la presidencia de Arturo Umberto Illia. La decisión no fue casual ni meramente simbólica: reconocía una celebración profundamente ligada al trabajo, la identidad productiva y la historia del Alto Valle. El decreto establecía que la fiesta debía realizarse entre fines de marzo y comienzos de abril, un detalle clave que hoy suele pasarse por alto.

La fiesta nacía, así, como una celebración del trabajo frutícola y de quienes lo sostienen.
Sin embargo, el fin de semana pasado la ciudad volvió a festejarla fuera de ese marco histórico, desdibujando el sentido original que motivó su declaración nacional. Los antecedentes provinciales (Ley 360 de Río Negro, 1964) y la posterior declaración nacional muestran algo en común: la fiesta de la manzana fue concebida como una celebración popular, productiva y cultural.

No existen en los textos oficiales conocidos cláusulas que habiliten la apropiación política del evento, ni que lo transformen en una plataforma de propaganda. Tampoco se establecieron estructuras burocráticas permanentes ni organismos políticos como dueños del festejo. La lógica era simple: una fiesta del pueblo, organizada desde la comunidad y para la comunidad. Con el paso de los años, esa idea fue mutando. Y no por casualidad.

Hoy, la fiesta nacional de la manzana se convirtió en una vidriera política recurrente, se organiza con escasa o nula transparencia pública, y nunca terminó de aclarar cómo se financió ni cómo se financia realmente.
No hay información clara y accesible sobre montos totales, aportes privados, contrataciones, ni criterios de gastos.

A esto se suma un dato que suele naturalizarse pero merece discusión: la utilización de personal público durante varios días para tareas vinculadas al evento, en horarios extendidos, afectando funciones habituales del Estado y sin que exista un debate abierto sobre costos reales, compensaciones o prioridades.

Una pregunta que sigue vigente: si la fiesta fue declarada nacional para celebrar la cosecha, si su fecha histórica responde al calendario productivo y no al político, y si su espíritu original fue comunitario y no partidario. ¿En qué momento pasó a ser un recurso de gestión, de imagen o de campaña? ¿Quién controla, quién decide y quién rinde cuentas?